¿Participación formal o efectiva en la construcción de política pública de discapacidad?

31 de Diciembre de 2011

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El 17 de diciembre de 2007, México ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo. Dicha Convención entró en vigor el 3 de mayo de 2008 y desde ese momento nuestro gobierno se encuentra obligado a cumplirlo, en un contexto que no se presenta fácil para las personas con discapacidad, quienes se enfrentan diariamente a un cúmulo de obstáculos físicos y sociales que les impiden acceder plenamente a sus derechos humanos.

Esta situación, si bien es limitante en las grandes ciudades, lo es aún más en las zonas rurales. En las entidades de la República Mexicana todavía se enfrentan a una gran insuficiencia presupuestal en los programas sociales que tienen como reto mitigar las necesidades de una población que cada vez más incrementa las cifras de pobreza, marginación y exclusión.

Aunque el panorama es alarmante, lo que en esta ocasión nos ocupa es sólo un pequeño punto que podría aportar elementos apara aprovechar de mejor manera los beneficios públicos disponibles a través de sus programas que forman parte de la política publica federal y estatal en los casos particulares que aquí abordaremos. Entre los aspectos a resaltar en el presente material, se valora en el desempeño de los actores gubernamentales, pero también la lamentable escasa participación de otros actores civiles en la construcción y monitoreo de las políticas públicas dedicadas al beneficio de personas con discapacidad.

Incitados por estas afirmaciones y con el objeto de dar continuidad a proyectos anteriores en torno al tema de la discapacidad, es que el IMDHD se ha interesado en presentar el actual estudio que pretende, primero si descifrar si la política pública mexicana toma en consideración todas las necesidades de grupos que viven en condiciones discapacidad y de vulnerabilidad, específicamente las de las personas con discapacidad.

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