Alternativas frente a la Ley de SeguridadInterior

28 de Agosto de 2017

El Colectivo #SeguridadSinGuerra está integrado por académicos, expertos, personas defensoras de derechos humanos, periodistas, ciudadanas y ciudadanos interesados e interesadas en contribuir al debate público sobre el modelo de seguridad que necesita el país. 

Ante el reciente intento de aprobación de las diversas iniciativas de Ley de Seguridad Interior, el Colectivo ha revisado las propuestas, señalando su carácter inconstitucional e inconvencional, así como los riesgos que entraña la posibilidad de aprobar dicha ley. Los argumentos que sustentan nuestra posición están disponibles en: http://www.seguridadsinguerra.org/.

La crisis que vive México no se revertirá con una sola medida; menos si ésta se diseña retomando sólo las preocupaciones y perspectivas de un sector. Por ello, la ley de seguridad interior no es la legislación que el país requiere. Lo que necesitamos, en cambio, es una reingeniería integral en el ámbito de la seguridad. Los puntos que presentamos pretenden contribuir a ello, pero sin duda deben ampliarse y discutirse como corresponde en el debate democrático. 

Para el Colectivo #SeguridadSinGuerra es evidente que buscar alternativas a la perspectiva bélica de la seguridad interior supone abrir y ampliar el debate. Lo que está en juego es el modelo de seguridad que el país adoptará para los siguientes años. La política de seguridad no debería ser decidida con opacidad y premura; por eso, nos unimos a las voces que han llamado a que una discusión de esta trascendencia no se aborde mediante esquemas legislativos inadecuados, sino mediante un proceso de parlamento abierto, donde la sociedad civil y expertos debatan abierta y puntualmente con otros puntos de vistas y directamente con  los las legisladoras y  legisladores.

Es nuestra convicción que los problemas de violencia e inseguridad que vive el país deben abordarse de forma integral, por lo que enseguida desarrollamos una alternativa al paradigma bélico de la seguridad interior a partir de 7 elementos imprescindibles:

  1. Respeto irrestricto al marco jurídico constitucional e internacional.
  2. Adopción de medidas excepcionales sólo a partir de los mecanismos ya previstos: regulación de los artículos 29 y 119.
  3. Profesionalización de las policías civiles.
  4. Elaboración de un programa de desmilitarización paulatina de la seguridad pública.
  5. Regulación del uso de la fuerza.
  6. Reconstrucción del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).
  7. Establecimiento de mecanismos complementarios de justicia y verdad.

 

1. RESPETO IRRESTRICTO AL MARCO JURÍDICO CONSTITUCIONAL E INTERNACIONAL

Cualquier propuesta legislativa en materia de seguridad debe ajustarse a la Constitución mexicana y a los derechos humanos contenidos en los tratados que nuestro país ha ratificado. En este sentido, es especialmente relevante una lectura de conjunto de los artículos 1, 21, 29, 73, 89, 119 y 129:  

·      El artículo 1 incorpora plenamente los derechos humanos contenidos los tratados internacionales, así como las obligaciones generales de promover, respetar, proteger y garantizar aquéllos. Este es, desde 2011, el eje rector de cualquier política pública adoptada por las instituciones del Estado mexicano, incluso en el ámbito de la seguridad.   

·      El artículo 21 constitucional define las funciones que constituyen la seguridad pública y señala cuales son las instituciones encargadas de dichas tareas, enfatizando que serán de naturaleza civil; es decir, no faculta a las Fuerzas Armadas para su realización.

·      El artículo 29 señala los supuestos en los que puede restringirse o suspenderse el ejercicio de los derechos y sus garantías, así como las cláusulas pétreas; es decir: enumera los derechos que nunca pueden ni restringirse ni suspenderse.

·      El artículo 73 fija las facultades del Congreso. Éste, de acuerdo con dicho artículo, no está expresamente facultado para legislar sobre “seguridad interior” y sí en cambio –dentro de la fracción XXIX-M- para “expedir leyes en materia de seguridad nacional”. 

·      El artículo 89 en su fracción VI “faculta y obliga” al Presidente de la República para “preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley respectiva, y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente o sea del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación”. Cabe resaltar que el término “seguridad interior” aparece en el texto constitucional en una sola ocasión a la par de “defensa exterior”, dentro de las responsabilidades del Poder Ejecutivo Federal.

·      El artículo 119 establece el deber constitucional, a cargo de “los Poderes de la Unión” de proteger a las entidades federativas contra toda “invasión” o “violencia exterior”. El mismo artículo extiende este deber para los supuestos de “sublevación o transtorno (sic) interior” siempre y cuando, la ayuda sea solicitada por el Congreso del Estado correspondiente o, excepcionalmente, por el Gobernador de la entidad en cuestión, si no estuviera reunida la legislatura.

·      El artículo 129, finalmente, regula con precisión que en tiempos de paz -es decir, siempre que no haya guerra legalmente declarada o de facto- las fuerzas armadas pueden realizar funciones, acotadas a aquellas “que tengan exacta conexión con la disciplina militar”.

Ninguna ley que trastoque este marco constitucional es aceptable. El punto de partida para legislar en este delicado tema es y debe ser la Constitución.

En este sentido, tanto la seguridad pública como la seguridad nacional, se distinguen nítidamente en nuestro sistema constitucional, por lo que la seguridad interior debe diferenciarse sin equívocos de las mismas.

2. ADOPCIÓN DE MEDIDAS EXTRAORDINARIAS SÓLO A PARTIR DE MECANISMOS YA PREVISTOS: REGULACIÓN Y APLICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 29 Y 119.

Si lo que se pretende regular con una ley de seguridad interior es la actuación del Estado ante situaciones extraordinarias, incluyendo el empleo de las Fuerzas Armadas dentro del marco constitucional, no es necesario recurrir a esa figura.

En todo caso, más que recurrir a conceptos ambiguos y hasta hoy no desarrollados en normas secundarias como el de “seguridad interior”, lo pertinente es respetar los cauces que ya marca la Constitución. Desde nuestra perspectiva, la Constitución prevé ya dos posibilidades legales sobre cómo y para qué se pueden activar las facultades que el Ejecutivo Federal detenta en cuanto a disponer de las Fuerzas Armadas: una está prevista en el artículo 29 y otra en el artículo 119; ambas no están cabalmente reguladas en la actualidad.   

  1. ARTÍCULO 29 CONSTITUCIONAL

En la primera posibilidad, en casos de “invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto”, el Ejecutivo Federal, invocando el artículo 29 constitucional, puede decretar la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos y sus garantías. En el mismo artículo se señalan aquellos derechos que no pueden suspender o afectar aun en situaciones extraordinarias.

Aunque no siempre que se decrete la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos será necesario disponer de las Fuerzas Armadas, en nuestro marco constitucional cabría este extremo.  

Por ende, en el caso que las instituciones civiles de seguridad sean incapaces de cumplir el mandato de garantizar la seguridad de las personas o se encuentren cooptadas por redes de corrupción, en una porción determinada del territorio, el artículo 29 podría ser invocado para la adopción de medidas extraordinarias. Siempre que las fuerzas armadas sean empleadas para hacer frente a un adversario a través de operaciones militares se debe invocar el artículo 29.

Pese a la relevancia de este tema, no contamos hasta ahora con una Ley Reglamentaria del Artículo 29 Constitucional. La iniciativa que ha sido aprobada ya en el Senado y está aún pendiente de aprobación en la Cámara de Diputados no cuenta con los debidos controles sobre el ejecutivo ni con los frenos y contrapesos por parte de los otros poderes. Tampoco cuenta con tiempo límite para la suspensión de garantías como requeriría una norma adecuada de este tipo.

  1. ARTÍCULO 119 CONSTITUCIONAL

En la segunda posibilidad, en casos de “invasión o violencia exterior”, “sublevación o transtorno (sic) interior” dentro de una entidad federativa, a petición del Congreso local correspondiente o su Ejecutivo, conforme al artículo 119 constitucional, los Poderes de la Unión deberán prestarles protección que se requiera con las capacidades federales disponibles. Invocando este artículo, el Ejecutivo Federal podría intervenir para solucionar una situación de invasión o violencia exterior, o de sublevación o trastorno interior con la que no pudiesen lidiar las autoridades locales. Sin embargo, es relevante resaltar que en este caso el texto alude a eventos inéditos de naturaleza política y no a un rebasamiento de las instituciones de seguridad pública. Es decir, el artículo 119 no puede ser usado para facultar a las Fuerzas Armadas para hacer frente a problemas de seguridad pública.

En este caso es la autoridad local quien solicita el apoyo y protección de la Federación para hacer frente a una sublevación o trastorno interior.

Aunque también esta es una materia de primera relevancia, tampoco en este rubro tenemos una regulación.

Desde nuestra perspectiva, los mecanismos que ya prevé la Constitución en los artículos 29 y 119 son los que tendrían que activarse para situaciones extraordinarias como las que se aducen al señalar la necesidad de aprobar la ley de seguridad interior. Que se trate de mecanismos extremos y excepcionales no los inhabilita para cumplir esta función; por el contrario, esta característica los vuelve plausibles para tal fin, en la medida en que justamente por ser extraordinarios tanto legal como políticamente desencadenarían procesos de mayor control y de más estrecha observación.

Por tanto, en vez de legislar en materia de seguridad interior, estimamos que la vía constitucional para posibilitar que, en el extremo, sea posible recurrir a las Fuerzas Armadas para realizar labores de seguridad pública, es regular el artículo 29 constitucional. Así mismo, para que el Ejecutivo esté en condiciones de realizar tareas de seguridad interior –que deben distinguirse siempre de las de seguridad pública- ante un conflicto político en un estado, es preciso siempre que se active el artículo 119 constitucional por parte de las autoridades de un estado.

Tanto la regulación de la restricción o suspensión de derechos en términos del artículo 29 como la regulación de los supuestos previstos en el artículo 119, deberán contemplar modalidades de intervención federal que se engarcen con las funciones civiles de seguridad pública. En otras palabras, la posibilidad de la intervención militar solamente debería habilitarse cuando las fuerzas municipales, estatales o federales civiles hayan demostrado ser incapaces de enfrentar una crisis que torne necesaria y proporcional dicha participación.

Una ley que desarrolle lo previsto en los artículos 29 y 119 debería contemplar como mínimo los siguientes contenidos:

1. Una temporalidad acotada a no más de seis meses.

2. Una extensión de la medida sujeta a:

i. Mayorías legislativas crecientes que autoricen la medida.

ii. Por periodos progresivamente más reducidos.

Por ejemplo: La primera medida extraordinaria de esta índole, se podrá otorgar hasta por seis meses por mayoría simple del Congreso. Si este tiempo debe prorrogarse, su extensión podrá otorgarse por sólo cuatro meses y exigiendo una mayoría calificada de sesenta por ciento del Congreso para su autorización. Una tercera extensión se otorgaría únicamente por tres meses y exigiría una mayoría calificada de setenta por ciento del Congreso. En caso de requerirse una cuarta extensión, ésta se otorgaría por un máximo de un mes y exigiría una mayoría calificada de ochenta y cinco por ciento del Congreso. Finalmente, y sólo en un caso extremo, de ser necesario que se estabilizara la medida en extensiones mensuales con el total de los votos de cada Cámara del Congreso General. Esto permitiría asegurar que la situación que se enfrenta es verdaderamente excepcional y que no hay duda dentro de la comunidad política sobre la necesidad de suspender o restringir derechos por un largo periodo de tiempo.

3. La solicitud de la medida debe ser fundada y motivada, con objetivos explícitos, medibles y verificables, y contemplar indicadores que permitan establecer su alcance, así como considerar todos los controles constitucionales y judiciales.

4. Durante todo el tiempo que prevalezca la restricción o suspensión, el Congreso debe declararse en sesión permanente y no podrán emitirse o reformarse leyes en materia de seguridad nacional, seguridad pública, seguridad interior, penal o procesal penal, electorales o reformas a la constitución (federal o local) o sobre áreas estratégicas (definidas en el artículo 28 constitucional), de forma que el Poder Legislativo verdaderamente priorice las tareas propias de supervisión y fiscalización del actuar del Ejecutivo Federal bajo el régimen temporal de excepción autorizado.

5. Deberá formarse una Comisión Legislativa ad hoc en el seno del Congreso, con representación de todos los partidos políticos y, en su caso, de legisladores independientes, a fin de dar seguimiento a las tareas realizadas. Esa Comisión tendrá facultades para exigir cualquier información e incluso para llamar a comparecer al Ejecutivo Federal o a cualquier otro funcionario. También podrá en todo momento realizar visitas in situ a cualquier punto del territorio nacional, teniendo libre acceso a todas las instalaciones civiles y militares, así como a los documentos que estime necesario para monitorear las acciones realizadas bajo la suspensión. Además, esta Comisión Legislativa ad hoc deberá recibir un informe mensual por parte del Ejecutivo Federal sobre los avances y la situación respectiva; y otro informe por parte de las autoridades estatales y municipales involucradas en las acciones correspondientes. La Comisión hará públicos los resultados de sus investigaciones y toda la información que recabe para estos fines.

6. En caso de que se invoque el artículo 29 para la restricción o suspensión de derechos deberá darse aviso al Secretario General de la Organización de los Estados Americanos y al Secretario General de Naciones Unidas sobre los objetivos, duración y alcance la restricción o suspensión, para que por medio de los mecanismos e instancias correspondientes ejerzan sus funciones de supervisión internacional. 

7. Debe formarse una Comisión Ciudadana que acompañe a esta Comisión Legislativa ad hoc, con facultades de monitorear, revisar y cuestionar, en su caso, la información presentada, solicitar al Congreso se realicen ciertas preguntas o se verifique información y emitir opinión pública al respecto. El procedimiento de creación de esta Comisión, deberá ser similar al establecido para integrar la Comisión Ciudadana de Selección del Sistema Nacional Anticorrupción.

8. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) deberá también habilitar una Visitaduría ad hoc para dar seguimiento a la restricción o suspensión, vigilar el cumplimiento de los objetivos planteados y asegurar el respeto de los derechos humanos que no sean susceptibles de afectación. Esta instancia deberá emitir y hacer públicos informes mensuales sobre el desarrollo de la medida.

9. En caso de que las intervenciones excepcionales a las que se refieren los artículos 29 y 119 estén motivadas materialmente por una cooptación ilegal de las instituciones de seguridad, éstas no pueden limitarse a la ocupación territorial por las fuerzas federales ni al desplazamiento de las policías civiles. Por el contrario, las intervenciones federales deben articularse con investigaciones criminales complejas que identifiquen y persigan penalmente a estas estructuras macrocriminales. Esto supone diseñar mecanismos de articulación con las instancias de procuración de justicia especializadas en la investigación de delitos de corrupción, delitos financieros y delitos de delincuencia organizada, con incentivos y procedimientos aptos para que las investigaciones se determinen en plazo razonable.   

10. En caso de cumplirse los supuestos para restringir o suspender el ejercicio de los derechos y garantías conforme el 29 constitucional o bien para activar el mecanismo previsto en el artículo 119, cuando intervengan las Fuerzas Armadas deberán cumplirse los siguientes requisitos: 

i. El armamento y equipo utilizable deberá corresponder al determinado por las mejores prácticas y pautas internacionales como apropiado para el patrullaje civil y, por otro lado, deberán cumplirse cabalmente las reglas de uso de la fuerza aplicables serán las relativas a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en tiempos de paz. Esto último implica, como se verá más abajo, que contemos con una Ley General sobre Uso de la Fuerza.

ii. La forma de organización y despliegue de las fuerzas se corresponderá con la amenaza a la que hará frente (vehículos, logística, frecuencia y tipo de aparición en espacios públicos).

iii. Será obligatorio, en todo momento, el registro audiovisual de cualquier interacción con la población civil, estableciéndose sanciones para cuando se suspenda la grabación de las acciones realizadas por las fuerzas castrenses sin una justificación suficiente.

iv. Toda violación a los derechos humanos ocurrida en el marco interacción con la población civil deberá procesarse en jurisdicción civil.

v. Debe seguirse el principio de máxima transparencia, privilegiándose la rendición de cuentas y el control de la calidad de la gestión.

vi. Por ningún motivo, podrán existir estímulos económicos para las fuerzas castrenses o sus miembros por la realización de las funciones derivadas de la aplicación de los artículos 29 o 119.

En suma, consideramos que las medidas extraordinarias sólo pueden adoptarse a partir de la aplicación de las figuras de excepción que ya prevé la Constitución. Esto supone, no la aprobación de una ley de seguridad interior, sino el desarrollo de leyes secundarias aún por discutir.

3. PROFESIONALIZACIÓN DE LAS POLICÍAS CIVILES

Las deficiencias de las policías existen desde hace un par de décadas. Esas fallas fueron esgrimidas como razón para que las Fuerzas Armadas salieran a las calles (1996) y para la posterior creación de la entonces Policía Federal Preventiva (1998). Aunque en su momento estas medidas inéditas se acompañaron con la promesa de que las policías civiles serían fortalecidas, veinte años no han sido suficientes para desarrollar policías medianamente confiables.

Una de las causas de tan larga omisión es, lo que algunos expertos llaman el desgobierno político de la seguridad, pues los gobiernos electos – federal, estatal y municipal - han mostrado una incompetencia crónica e histórica con respecto a su obligación de proteger a las personas de las amenazas y daños contra sus derechos, libertades y patrimonio. Lo anterior con el agravante que el incumplimiento no ha tenido consecuencia alguna.

Esta realidad tiene como efecto que las instituciones de seguridad estén sujetas a la contaminación política de la lucha partidista por el poder, haciendo con ello imposible su maduración profesional. Si a esto se suma que recurrir rutinariamente a las Fuerzas Armadas per se desincentiva el fortalecimiento de las policías civiles, el panorama actual es explicable.

Por tanto, cuando hablamos la indispensable profesionalización de la policía nos referimos a que debe diseñarse un verdadero modelo de reconstrucción integral de la policía, que mínimamente debe considerar aspectos como:

  • Una ruta de implementación de largo plazo, sustentada en un acuerdo político que asegure su viabilidad y los recursos necesarios para realizarlo.
  • Un fuerte énfasis en la evidencia empírica y en la documentación de éxitos y fracasos, para lo cual se deberá crear el Centro Nacional de Investigaciones en Seguridad Pública.
  • Un decidido impulso a los sistemas de controles democráticos de la policía, tanto internos como externos.
  • Un acompañamiento social a la transformación de la policía que sea permanente y participativo.
  • Un compromiso constante con la rendición de cuentas.
  • Una robusta política pública de prevención del delito y las violencias.
  • Los recursos asignados a Seguridad Pública deben dirigirse a la profesionalización de las policías locales y federales, no a la Sedena o Semar o programas estatales o federales no relacionados con este rubro.

Como se ve, poner en el centro la reconstrucción integral de la policía supone trascender la discusión de mando único o mixto pues ésta sólo responde a la pregunta sobre quién dirige la policía, pero no contesta cómo debe ser transformada la misma. Se trata, de esta manera, de priorizar el fortalecimiento progresivo de las policías civiles, con mira de largo plazo.

4. ELABORACIÓN DE UN PLAN DE DESMILITARIZACIÓN PAULATINA DE LA SEGURIDAD PÚBLICA

En 1996 comenzó la militarización de la seguridad pública en el país y a partir de 2006 hemos vivido una acelerada profundización de dicho proceso.

En el origen existía un débil fundamento constitucional, generado a partir del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) derivado de la Acción de Inconstitucionalidad 1/96. Dicho fallo exigía que las funciones de las fuerzas castrenses fuesen estrictamente auxiliares -y no sustitutivas- de las autoridades civiles. Sin embargo, la reforma Constitucional del año 2008, al introducir el texto hoy consagrado en el párrafo décimo del artículo 21 constitucional, clausuró la posibilidad de hacer uso de las fuerzas castrenses para tareas de seguridad pública.

En atención a la obsolescencia del endeble sustento para la actuación de las Fuerzas Armadas y a la luz de la nueva normatividad constitucional, es necesario emitir programa calendarizado de desmilitarización paulatina de las tareas de seguridad pública, con base en un diagnóstico construido con evidencia e indicadores conformados por instituciones imparciales e independientes.

El plan calendarizado deberá de contemplar por cada entidad federativa o, en su caso, municipio por municipio, la ruta crítica conforme a la cual las fuerzas castrenses regresarán a las atribuciones que le corresponden conforme al artículo 129 constitucional, para lograr el regreso a la normalidad democrática. Este calendario debe asegurar un plazo razonable para que las autoridades municipales y estatales asuman el cumplimiento del mandato constitucional que les otorga la responsabilidad de la seguridad pública.

El Presupuesto de Egresos de la Federación deberá contemplar partidas federales específicas y suficientes para la construcción o reforma de policías en los niveles municipal y estatal, con suficientes candados para auditar su ejercicio. Aquellos municipios o entidades federativas que no generen condiciones para que se cumpla el calendario de desmilitarización o que no reconstruyan sus policías, estarán sujetos a medidas constitucionales extremas como la desaparición de poderes.

Finalmente, el plan calendarizado de desmilitarización paulatina incorporará un Comité Independiente, conformado por miembros de la sociedad civil, la academia, la CNDH y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH – México), encargado de elaborar un informe pormenorizado de su cumplimiento.

Para quienes integramos el Colectivo #SeguridadSinGuerra este calendario de retiro de las Fuerzas Armadas debe tener aparejado el proceso de profesionalización de la Policía.

5. LEGISLACIÓN SOBRE USO DE LA FUERZA

El marco legal mexicano no está listo para la adopción de medidas extraordinarias en el ámbito de la seguridad, puesto que no existe una ley sobre uso de la fuerza que regule los supuestos en los que ésta puede emplearse conforme a los más altos estándares internacionales.

Ya desde la investigación que realizó la SCJN sobre la represión en Atenco sucedida en mayo de 2006, hoy en vías de ser juzgada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cor IDH), quedó de manifiesto la necesidad de que se discutiera y aprobara una ley para regular el uso adecuado de la fuerza para servidores encargados de hacer cumplir la ley en tiempos de paz. Otras instancias, como la propia OACNUDH, han recomendado la adopción de esta legislación misma que, sin embargo, no ha sido abordada por el Congreso.

El caso de las Fuerzas Armadas muestra la ausencia de este marco: hoy operan sin reglas adecuadas para sus tareas, con protocolos de índole administrativa que no pasaron por el Congreso y que no satisfacen los estándares internacionales; es decir, no se rigen por las reglas del uso de la fuerza que les son aplicables.

Por tanto, es indispensable que se discuta y apruebe una ley para regular el uso de la fuerza, incluyendo uso de la fuerza letal, antes de adoptar cualquier otra medida excepcional.

6. RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (SNSP)

Durante los veinte años de existencia Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) lo que hemos visto es una institución que opera bajo incentivos políticos, alejada del funcionamiento estrictamente técnico y donde la responsabilidad de garantizar la seguridad para los ciudadanos sea lo central.

Por tanto, se requiere reorganizar el SNSP para convertirlo en una institución que funcione con una perspectiva de Estado; que construya políticas de seguridad basadas en evidencia; y que impida seguir repitiendo modelos de seguridad fallidos.

 

7. ESTABLECIMIENTO DE MECANISMOS COMPLEMENTARIOS DE JUSTICIA Y VERDAD

El saldo que han dejado en México 10 años de políticas de seguridad fallidas es desastroso. Las violaciones a derechos humanos y los violentos crímenes de la delincuencia -indiferenciables, en ocasiones, las unas de los otros- han dejado miles de víctimas en todo el territorio nacional. Frente a estos mexicanos y mexicanas, las instancias de procuración de justicia han dejado de ser una opción para el esclarecimiento de los hechos y la sanción de los responsables pues están colapsadas.

Como múltiples voces han sugerido, se requieren en México mecanismos complementarios para impulsar el acceso a la justicia y a la verdad.

A efecto de comenzar a transitar esta ruta, se debe cumplir con la recomendación hecha a México por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos que consiste en “establecer un Consejo Asesor de renombrados expertos/as en derechos humanos y el combate a la impunidad para asesorar al Estado mexicano sobre estrategias y reformas que impulsen las capacidades de investigación y sanción para revertir la tasa de impunidad imperante en el país. El Consejo podrá elaborar y presentar públicamente una evaluación a nivel nacional sobre la impunidad y recomendar una hoja de ruta para atender el asunto, evaluar su efectiva implementación y presentar informes públicos periódicos”. Dichos resultados servirán de bases para la conformación de un mecanismo nacional e internacional de justicia y verdad.