Intervención de Edgar Cortez, investigador del IMDHD, en el Foro: "Opinión de la Sociedad Civil y Académicos sobre el perfil de los próximos Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación" realizado hoy en el Senado de la República.

11 de Noviembre de 2015

Comisión de Justicia del Senado de la República.

Mesa 1

El pensamiento constitucional de la próxima Ministra o Ministro de la Suprema Corte sobre derechos humanos.

De acuerdo con Aharon Barak, el papel de un tribunal constitucional en una democracia no radica en corregir los errores de las cortes inferiores, pues ese es trabajo de las cortes de casación o apelación. Un tribunal constitucional tiene la función de corregir a todo el sistema en el más amplio sentido. De este modo, bajo la función correctiva son dos sus principales responsabilidades: cerrar la brecha entre derecho y sociedad, y proteger la democracia misma.

En cuanto a la primera, el papel de un tribunal constitucional debe ser el de adaptar el derecho a la realidad social y nuestra realidad social exige personas con responsabilidad, sensibilidad y pericia en los temas que dominan el contexto social actual: graves violaciones a derechos humanos y, lo que se ha llamado, reformas estructurales.

En cuanto a la segunda responsabilidad, su función es la de proteger la constitución y la propia democracia, esto es, servir como un contrapeso efectivo frente a los otros poderes, manteniendo una posición de garante especialmente importante frente a las personas y sus derechos; pues debe recordarse que no hay democracia sin derechos humanos.

Para que una corte constitucional pueda cumplir con este mandato es indispensable que sea autónoma. Para que la Suprema Corte sea autónoma no basta que lo diga la Constitución. Requiere que las y los ministros sean autónomos frente a quienes tienen poder, tanto político como de facto. La forma más usual para dejar de ser una democracia no es el golpe militar, es ir minando la autonomía de los poderes constitucionales.

Además, es necesario que sea una corte integrada por personas con capacidades técnicas, expertise y sensibilidad sobre los temas que suelen resolver. Las personas propuestas deben tener capacidad de entender las consecuencias sociales y jurídicas de las decisiones judiciales y comprender los alcances del diálogo jurisprudencial con otras cortes y con los otros Poderes.

Si analizamos en términos llanos quienes dejan la Corte, esto encontramos. Una outsider –alguien extraño a la carrera judicial- y un Ministro de carrera judicial; un hombre y una mujer; un penalista y una abogada con experiencia en el notariado pero también como Magistrada del fuero común. A estas características se suman otras dimensiones personales, profesionales e ideológicas que enriquecieron al Estado de derecho durante su paso por la SCJN.

Ambos liberales y comprometidos con el diálogo entre cortes, emprendieron el difícil camino para dejar de ser una corte suprema de casación, parroquial y auto-referencial, contribuyendo a establecer los cimientos de una corte constitucional relevante en el ámbito político doméstico, regional e internacional.

La llegada del Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, ex titular del Sistema de Administración Tributaria (SAT), significó una gran pérdida para la primera sala. Al no ser sostenible su presencia en la segunda sala, por el número de asuntos en los que se tendría que excusar por ser el mismo SAT la autoridad responsable, el Ministro Silva Mesa, único penalista de la corte, tuvo que ocupar el lugar en la segunda sala. Con la llegada de Eduardo Medina Mora sucedió algo similar.

Entonces, tenemos a un ex-procurador y que será ahora el único penalista de la corte decidiendo asuntos administrativos y a un ex titular del SAT resolviendo –como puede- asuntos penales y civiles; con la salida del Ministro Silva Mesa la SCJN se queda sin penalistas. En gran parte, los Ministros José Ramón Cossío, Arturo Zaldívar y Olga Sánchez deben su progresiva pericia en el análisis constitucional del sistema de justicia penal al liderazgo intelectual de Silva Mesa en la Primera Sala.

Por tanto, sería deseable que:

  • El expertise en derechos humanos sea un requisito sine qua non frente el marco constitucional actual, que aún debe consolidarse en diversos aspectos. Este criterio debiera ser de elegibilidad previa, es decir, un criterio obligatorio en la pre selección de propuestas para integrar las ternas y por ende en la elección que ustedes deben realizar. Parte de lo anterior tiene que ser el conocimiento del derecho internacional, del sistema universal e interamericano de derechos humanos, pero también del contexto estatal en materia de derechos humanos, pudiendo favorecer el diálogo con todos los sistemas judiciales involucrados en el sistema nacional de protección y garantía de derechos.
  • Al menos una de las personas candidatas debe ser experta en derecho penal y, en especial, en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, pues seguramente en la Corte se ventilarán un número importante de casos que implicarán la consolidación de estándares relevantes en la materia, dadas las deficiencias y vaguedades del Código Nacional de Procedimientos Penales, la falta de armonización legislativa secundaria y los diferentes cambios organizacionales aún pendientes (ejecución penal, sustitución de procuradurías por fiscalías, implementación de leyes generales de tortura y desaparición forzada).
  • En cuanto al criterio de género, es indispensable que se asegure la presencia de mujeres en el Máximo Tribunal, pero este criterio ha de entenderse con una visión sustantiva, es decir, se deben nominar y elegir a candidatas que cuenten con perspectiva de género y con experiencia en justicia de género.

Muchas gracias.

Edgar Cortez
Integrante del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia.

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