CARTA ABIERTA: El respeto a los derechos humanos y el combate a la impunidad, deben ser temas abordados en la agenda de la visita del Presidente EPN a Francia

06 de Julio de 2017

Señor Emmanuel Macron

Presidente de la República Francesa

 

Señor Presidente:

Las organizaciones que firmamos esta carta, nos dirigimos a usted con el fin de solicitarle que sea abordada la alarmante situación por la que atraviesa México en materia de derechos humanos e impunidad, en la próxima reunión con el Presidente Enrique Peña Nieto en el marco de su visita a Francia el próximo 6 de julio.

Como es probable que usted sepa, durante los últimos 10 años, México ha experimentado un aumento acelerado en los índices de violencia e impunidad. El despliegue de miles de elementos militares para realizar labores de seguridad pública en el marco de la guerra contra las drogas ha fomentado la comisión de graves violaciones a los derechos humanos y crímenes atroces dado que las Fuerzas Armadas no se han limitado únicamente a actuar como apoyo a las autoridades civiles, sino a realizar tareas que corresponden exclusivamente a las policías.

Los saldos de esta estrategia de seguridad han sido devastadores: más de 150 mil homicidios intencionales de acuerdo al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y al menos 77 denuncias por ejecuciones extrajudiciales ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH); más de 8000 casos de tortura y 1,207 denuncias por tortura cometidas por militares; más de 30 mil personas desaparecidas de acuerdo al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y más de 300 mil personas desplazadas internamente a causa de la violencia. La población migrante en tránsito es también altamente afectada sin que a la fecha se cuente con cifras oficiales y al menos tres masacres de migrantes documentadas, con cerca de 314 víctimas, permanecen aún en la impunidad. Por otra parte, preocupa la ausencia de medidas preventivas y de investigación efectiva así como la permanencia de todo tipo de violencia y discriminación, contra mujeres, siendo el feminicidio la máxima expresión, la violencia cometida contra niños, niñas y adolescentes, personas LGBTTTI, pueblos indígenas y pueblos en defensa de su territorio ancestral. A ello se suma las constantes violaciones de derechos económicos, sociales y culturales, particularmente en el contexto de la actividad empresarial. Dichas cifras revelan que los atroces hechos ocurridos o sujetos a investigación durante la administración del Presidente Enrique Peña Nieto, no son casos aislados, por el contrario, son hechos generalizados que evidencian a instituciones que no quieren o no son capaces de investigar y perseguir estos crímenes.

Resulta particularmente alarmante los niveles de violencia que se han alcanzado durante el 2017. Tan solo en lo que va del año la Unión Europea han llamado públicamente al gobierno de México más de una decena de veces a esclarecer los asesinatos en contra de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, y el 16 de mayo de este año, la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad afirmó que con siete asesinatos de periodistas desde principios del año y quince en 2016, México es uno de los países más peligrosos del mundo para las personas trabajadoras de los medios de comunicación.

Nos preocupan en particular los crímenes atroces cometidos en lo que va del año, así como la falta de investigaciones adecuadas. La ejecución extrajudicial cometida contra un civil por militares en Palmarito, Puebla el pasado 3 de mayo, así como de los asesinatos cometidos en contra de personas defensoras de derechos humanos como lo son: Isidro Baldenegro López asesinado el pasado 15 de enero en Chihuahua, Juan Ontiveros asesinado el 31 de enero en Chihuahua, Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez, asesinada el 10 de mayo en Tamaulipas, Miguel Vázquez y su hermano Agustín Vázquez asesinados el 20 de mayo en Jalisco y Meztli Sarabia Reyna asesinada el 29 de junio en Puebla; así como los asesinatos de las y los periodistas: Filiberto Álvarez Landero, asesinado el 1 de marzo en el Estado de Morelos, Cecilio Pineda Birto asesinado el 2 de marzo en Guerrero, Ricardo Monlui Cabrera, asesinado el 19 de marzo en Veracruz, Miroslava Breach, asesinada el 23 de marzo en Chihuahua, Max Rodríguez Palacios asesinado el 14 de abril en Baja California Sur, Javier Valdez asesinado el 15 de mayo en Sinaloa, Jonathan Rodríguez Córdova, hijo de la periodista Sonia Córdova, asesinado en un atentado contra su madre en Jalisco el mismo 15 de mayo y Salvador Adame, desaparecido el 19 de mayo en Michoacán, son muestra de la magnitud de la crisis de derechos humanos que enfrenta México. Es importante destacar, que las agresiones a personas defensoras y periodistas, como lo son amenazas, allanamientos, censura, deslegitimación de su trabajo, acoso judicial y espionaje son un reflejo de la falta de una política integral de protección y prevención a ataques hacia víctimas, personas defensoras y periodistas.

Por otro lado, vemos con preocupación, que espacios o medidas implementadas que han sido reconocidas por mecanismos internacionales, como la Comisión Forense para identificación de restos de migrantes asesinados, se están viendo afectados o amenazados con un cierre de actividades, como ocurre con otros espacios de interlocución y articulación donde se requiere la participación de expertos independientes internacionales.

De igual forma, nos preocupa el impulso de leyes o iniciativas tendientes a la restricción de derechos humanos, como la Ley de Seguridad Interior y la llamada “miscelánea penal” –que representa una regresión para los avances hacia un sistema acusatorio- mientras que reformas estructurales y necesarias para combatir la corrupción y la impunidad, como la consolidación de una Fiscalía General de la República autónoma y la ley contra la desaparición forzada, siguen sin avanzar en el Congreso de la Unión.

Señor Presidente, en momentos tan difíciles como los que definen hoy la situación de México, hacemos un llamado para que Francia, país cuyo pilar de la democracia se ha basado en el respeto de los derechos humanos, promueva el respeto de los mismos con sus países aliados, como lo es México.

Cada año su país mantiene un papel crítico y activo en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, ha contribuido en el fortalecimiento del mismo, ha promovido la escrupulosa aplicación de los mecanismos de protección de derechos humanos y ha demostrado ser firme ante cualquier amenaza que ponga en riesgo su independencia, imparcialidad.

Es por ello que de la manera más atenta le solicitamos:

Primero: Fortalecer la asociación bilateral con México garantizando que los esfuerzos y las acciones conjuntas, contribuyan en el respeto, protección y garantía de los derechos humanos de ambos países. De igual manera, le llamamos a instar al Jefe del Estado mexicano a emprender soluciones estructurales y duraderas para que sus instituciones combatan la preocupante impunidad prevaleciente en México. Sabemos que el gobierno de Francia, al igual que otros gobiernos europeos, apoya técnicamente al gobierno mexicano en temas de procuración de justicia y requerimos que exista una transparencia y rendición de cuentas sobre el uso de estos fondos, a fin de que se apliquen efectivamente para el combate de la impunidad, corrupción y graves violaciones a los derechos humanos.

Segundo: Promover el cumplimiento de las 14 recomendaciones dirigidas al Gobierno de México por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en particular, la que se refiere al establecimiento de un Consejo Asesor contra la Impunidad. Ante la falta de capacidad e imparcialidad para investigar actos de corrupción y violaciones a derechos humanos, México necesita de un mecanismo internacional, independiente e imparcial, compuesto por personas expertas que coadyuven con el Estado Mexicano para generar instituciones de procuración y administración de justicia capaces de revertir los alarmantes índices de corrupción e impunidad por violaciones a derechos humanos que existen en el país. Confiamos en que su gobierno, reconociendo la importancia fundamental de los Estados a prestar ayuda mutua de conformidad con sus obligaciones internacionales, ayudará a México a combatir la corrupción e impunidad a través de la promoción del establecimiento del Consejo Asesor y de un Mecanismo Internacional contra la Impunidad.

Tercero: Promover, dentro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y otras instancias multilaterales, un diálogo respecto de la preocupante situación de violaciones a derechos humanos en México, con miras a plantear soluciones estructurales e integrales al contexto que vive México.

Cuarto: Manifestar la importancia que tienen las víctimas, las personas defensoras de derechos humanos, y la sociedad civil mexicana en la construcción de un estado de derecho, solicitando al Gobierno mexicano que garantice amplios, efectivos y transparentes espacios de consulta, participación y evaluación de la sociedad civil en políticas públicas y otros temas relacionados con derechos humanos.

Quinto: Promover la implementación de los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU. Al igual que Francia, México está en un proceso de implementación de dichos Principios a través de un Programa Nacional. La implementación de este Programa constituye una oportunidad para atender los niveles de impunidad con la que operan entes públicos y privados que han causado abusos y violaciones a derechos humanos por sus actividades empresariales. Siendo que México no cuenta con un mecanismo de identificación y sanción a los responsables de dichos abusos, ni con mecanismos efectivos para el acceso a la justicia de personas que resultan afectadas, esta política pública tiene el potencial de fomentar el respeto de los derechos humanos como eje primordial del desarrollo y de todo tratado comercial y de inversión.

Agradecemos de antemano su amable atención y aprovechamos para expresarle nuestras más altas y distinguidas consideraciones.

Declaración de la Portavoz de la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, sobre el asesinato de periodistas en México.

La familia de Salvador Adame desconoció la versión de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán, en la que se asegura que fueron hallados e identificados los restos del periodista por medio de un análisis pericial. La familia ha solicitado una prueba pericial independiente que descarte o confirme esta información. Cabe destacar que el trato de las autoridades hacia los familiares durante la investigación del caso ha sido revictimizante contrario a los estándares internacionales de atención a víctimas, además se ha desestimado la labor periodística de Adame. (https://articulo19.org/gobierno-de-michoacan-no-da-certeza-en-la-investigacion-de-la-desaparicion-de-salvador-adame-y-revictimiza-a-sus-familiares/)