Empresas y Derechos Humanos

13 de Junio de 2017

Edgar Cortez

Edgar Cortez

 

La teoría clásica de los derechos humanos establece que sólo el Estado, mediante la actuación de sus funcionarios, viola derechos humano; sin embargo en los tiempos recientes se ha venido mostrando que también las empresas tiene responsabilidad para con los derechos humanos y que pueden ser responsables de violar los mismos.

El Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas de la ONU, realizó una visita a México del 29 de agosto al 7 de septiembre de 2016. El informe resultado de la misma fue presentado la semana pasada ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza (http://bit.ly/2rUhva7)

La visita comprendió la Ciudad de México, el Estado de México, Sonora, Oaxaca y Jalisco; en cada uno de esos lugares visitaron un proyecto del que forman parte grandes empresas o bien sitios donde la actividad empresarial ha generado efectos negativos en contra de comunidades:

  • Proyecto de construcción de un parque eólico en los municipios de El Espinal y Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, ejecutado por Energía Eólica del Sur.
  • Afectación a las comunidades mayas de Campeche y Yucatán porque las autoridades federales concedieron a la empresa Monsanto autorización para cultivar soya transgénica sin haber consultado antes a las comunidades indígenas afectadas.
  • Proyecto de autopista Toluca–Naucalpan que afecta a la comunidad indígena otomí-mexica de San Francisco Xochicuautla, en el Estado de México.
  • Proyecto de acueducto para desviar agua de la comunidad indígena Yaqui a la ciudad de Hermosillo, promovido por el gobierno del estado.
  • El caso de contaminación del río Sonora por la empresa minera Buenavista del Cobre, filial del Grupo México, que vertió 40.000 m3 de sulfato de cobre y metales pesados en un arroyo que desembocaba en el río Sonora
  • El caso del río Santiago, considerado el más contaminado de México, donde más de 300 empresas establecidas en el corredor industrial de Ocotlán-El Salto vierten sus descargas en el mismo.

Resultado del análisis de este conjunto de casos el Grupo de Trabajo formula algunas consideraciones, de entre las que destaco estas dos.  

La primera. Un rasgo característico de los casos presentados al Grupo de Trabajo es la falta de diligencia debida en materia de derechos humanos en forma de una consulta previa a las comunidades afectadas, lo que genera situaciones de conflicto social en las que todas las partes salen perdiendo, violaciones de los derechos humanos, daños a la reputación de las empresas y pérdidas financieras para los inversores (párrafo 38).

La segunda refiere que el Grupo de Trabajo estimó que era necesario reforzar la supervisión y la evaluación de los efectos ambientales y sociales para evitar o mitigar las consecuencias negativas de las actividades empresariales en los derechos humanos. El Estado debe incentivar y exigir a las empresas que ejerzan la diligencia debida en esta materia, especialmente cuando la naturaleza de sus actividades empresariales o los contextos en que operan representen un riesgo importante para los derechos humanos. El proceso de diligencia debida en materia de derechos humanos debe evaluar los efectos reales y potenciales y tratar de prevenir o mitigar las consecuencias negativas para estos derechos. El proceso debe consistir en evaluar e integrar las conclusiones y actuar en consecuencia, proceder al seguimiento de las respuestas y comunicar el modo en que se abordarán los efectos (párrafo 56).

El informe también aborda otro conjunto de asuntos como derechos laborales, sindicatos, trabajadores temporales, jornaleros agrícolas  y trabajadores migrantes, seguridad y salud en el trabajo, trabajo infantil, personas con discapacidad, discriminación por motivos de género y defensores de derechos humanos. Todos, temas que tienen que ver con responsabilidades de las empresas.

El Grupo de trabajo, como resultado de su visita, constató la existencia de una gran desconfianza entre las diferentes partes interesadas. A esa desconfianza contribuyen los insuficientes niveles de transparencia y consulta con las comunidades afectadas, mientras que la percepción del poder que ejercen las empresas se ve reforzada por los casos de acoso e intimidación contra quienes denuncian violaciones de los derechos humanos relacionadas con proyectos de desarrollo y operaciones empresariales.

También da cuenta que pudo constatar la ausencia de diálogo con las comunidades, en la tradición y en la práctica, en el contexto de los proyectos a gran escala, así como la gran necesidad de establecer mecanismos eficaces de consulta y fortalecer una cultura de diálogo social. Las consultas deben realizarse lo antes posible en el proceso de diseño de los proyectos y han de dejar abierta la posibilidad de que algunos proyectos no sean viables.

Sin duda que este informe es  relevante  porque pone su atención en la actuación  de las empresas y señala con puntualidad sus responsabilidades; al grado que remarca que aunque exista una omisión o incapacidad del Estado para supervisarlas, eso no las exime de su responsabilidad.

La importancia también radica en que subraya cuan esencial es la participación de las comunidades en la decisión respecto de los megaproyectos que afectan sus vidas. El Grupo de trabajo concluye que se debe estar abierto a que algunos proyectos no deban ir adelante por su enorme impacto ambiental o social. En otras palabras, el desarrollo debe ser con y para las comunidades. De otra manera deja de ser desarrollo para convertirse en depredación.

@EdgarCortezm