¿Qué pasará con la Estafa Maestra?

12 de Septiembre de 2017

Edgar Cortez

Las evidencias de que la corrupción está enquistada en prácticamente todos los gobiernos son  abrumadoras.

Hace poco más de una semana se dio a conocer el trabajo de investigación La Estafa Maestra(http://bit.ly/2ePVHVR), realizado de manera conjunta por el portal Animal Político y la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). Este trabajo da seguimiento a los resultados de la Cuenta Pública de los años 2013 y 2014, detectando que distintas dependencias del Gobierno Federal realizaron contratos ilegales por más de siete mil millones de pesos.

Los autores son contundentes al decir lo siguiente: Los 7 mil 670 millones de pesos le fueron entregados a 186 empresas, pero 128 de ellas no debían recibir recursos públicos, porque no tienen ni la infraestructura ni personalidad jurídica para dar los servicios para los que fueron contratadas, o simplemente porque no existen.

La investigación señala con nombre y apellido a quienes son parte de esta gran estafa. La Secretaría de Desarrollo Social, con Rosario Robles como titular; el Banco Nacional de Obras, con Alfredo del Mazo al frente, y Petróleos Mexicanos —en la gestión de Emilio Lozoya— son las tres principales dependencias responsables de este mecanismo que el auditor superior de la federación, Juan Manuel Portal, no duda en calificar como un fraude millonario.

Hay que reconocer que éste es un gran trabajo, documenta los mecanismos institucionales para desviar recursos y destinarlos a propósitos muy posiblemente ilegales, como sería financiar campañas políticas, comprar votos o de plano al enriquecimiento de gobernadores y sus incondicionales.

Desafortunadamente estos esfuerzos del periodismo de investigación y de denuncia de las organizaciones civiles, topa con instituciones cuya vocación no es la justicia sino asegurar la impunidad que mantiene el statu quo.

Luego de la aparición de La Estafa Maestra, la Secretaría de la Función Pública, a través de un comunicado responde que la Secretaría de la Función Pública toma conocimiento de la información presentada por Animal Político y MCCI para incorporar cualquier posible nuevo hallazgo a sus investigaciones y procedimientos en curso. En todos los casos, esta Secretaría realizará las investigaciones correspondientes hasta sus últimas consecuencias, e iniciará los procedimientos de responsabilidades que conforme a derecho correspondan (http://bit.ly/2eOWcQ7).

Mientras que la Procuraduría General de la República no ha hecho declaración, ni compromiso alguno.

También durante la semana pasada, el Centro de Estudios sobre Impunidad  y Justicia (CESIJ) de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) presentó el Índice Global de Impunidad 2017 (http://bit.ly/2xs7Ewv). Entre sus hallazgos están los siguientes:

  • La impunidad es uno de los diez principales problemas que aqueja a la sociedad mexicana según encuestas nacionales del INEGI (ENVIPE)
  • En México solamente se denuncian 7 de cada 100 delitos cometidos por lo que la cifra negra en México desde 2013 alcanza un porcentaje no menor al 92.8% desde 2013 (ENVIPE)
  • La razón de fondo que desincentiva a los ciudadanos a denunciar es que el sistema que debe castigar los delitos tiene profundos problemas estructurales y funcionales en las instancias de seguridad, justicia y derechos humanos. 
  • Los índices de impunidad en las entidades federativas de México indican lamentablemente que la impunidad es un problema generalizado en el país.

Las anteriores son algunas de las razones que explican por qué México aparece como el país más impune en América Latina y el cuarto a nivel mundial.

La impunidad en México tiene dos grandes pilares. Uno es que los funcionarios públicos se han dedicado a articular redes para la expoliación de los recursos públicos. Redes que copan numerosas instituciones públicas con el objetivo de extraer el máximo de riqueza.

El segundo pilar son las instituciones de justicia que no tienen voluntad y tampoco capacidad para investigar estos delitos. Su incapacidad manifiesta alienta a la comisión de más y más actos de corrupción. Los corruptos, de antemano, saben que tienen garantizada la impunidad.

Estos dos componentes permiten entender por qué, luego de la publicación de La Estafa Maestra,no pasa nada.

Esta es una de las razones por las que el Colectivo #VamosPorUnaFiscalíaQueSirva impulsa una reforma (http://bit.ly/2xhkufZ) para que pronto tengamos instituciones autónomas y eficientes para combatir la impunidad y perseguir efectivamente la corrupción.