Ley general de desaparición

17 de Octubre de 2017

Edgar Cortez

La desaparición forzada es una práctica que inició en América del sur durante las dictaduras militares chilena y argentina en los inicios de los años setenta. Esta terrible realidad se extiende hasta nuestros días y México es un país donde el número de personas desparecidas es escandaloso.

La persistencia de la desaparición forzada llevó a que en diciembre de 2006 la Asamblea de Naciones Unidas haya adoptado la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra la Desapariciones Forzadas (http://bit.ly/2gdBz0L), que define a ésta como el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley.

En lo que toca a México la desaparición forzada ha estado presente desde mediados de los años setenta hasta nuestros días. La primera etapa de esta cruenta realidad sucede durante la llamada “guerra sucia” que abarca la década de los setenta y parte de los ochentas cuando el gobierno mexicano y las Fuerzas Armadas avasallaron a los grupos armados de la época. Casos representativos son el de Rosendo Radilla, campesino guerrerense  (desaparecido el 25 de agosto de 1974) y el de Jesús Piedra Ibarra (desparecido el 18 de abril de 1975), hijo de Doña Rosario Ibarra.

Un siguiente periodo de esta terrible práctica su puede ubicar durante la segunda mitad de los años noventa. En ese entonces sucedieron desapariciones forzadas cometidas por policías y fuerzas armadas en contra de supuestos integrantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR) y del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), sobre todo en los estados de Guerrero y Oaxaca. 

En esta misma época sucedieron desapariciones en estados como Chihuahua y Sinaloa pero relacionadas ya con asuntos de narcotráfico.

La tercera época abarca los dos últimos gobiernos federales, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. A la fecha se habla de poco más de 33 mil personas desparecidas. Lo específico de este periodo es que además de las desapariciones forzadas, aquellas realizadas por funcionarios públicos; aparecen las desapariciones realizadas por particulares. Especialmente quienes integran la delincuencia organizada.

Durante más de cuarenta años las familias de las personas desaparecidas han buscado a sus familiares y exigido a las autoridades que la desaparición sea considerada como delito en nuestras leyes y que efectivamente se investigue cuando sucede. 

Fue hasta el año 2000 que se empezó a legislar para considerar la desaparición forzada como delito en algunos estados del país. Este largo proceso termina con la aprobación de la Ley General contra las Desapariciones forzadas, desaparición por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda, el pasado 12 de octubre de 2017 en la Cámara de Diputados.

Esta ley general tiene aspectos positivos como que la definición del delito será igual en todo el país; que determina la responsabilidad federal y la que corresponde a las autoridades locales y establece que la búsqueda de las personas desaparecidas debe ser una prioridad. Entre otras.

Sin embargo lo clave estará en lo que se haga aprovechando está ley. La primera evidencia será si el Presidente Peña Nieto publica de inmediato la ley y de esa manera asegura sea considerada en la asignación de recurso en el presupuesto público del 2018.

En el proyecto de presupuesto que envió el Ejecutivo al Congreso  no hay recursos asignados para la implementación de lo que prevé esta ley. La razón es que no había ley. Entonces la segunda evidencia serán los recursos que asigne la Cámara de Diputados para que la implementación logre el mayor alcance posible.

La tercera será que las autoridades responsables del proceso –Secretaría de Gobernación y Procuraduría General de la República- establezcan un programa de trabajo con prioridades y objetivo a lograr en 2018. 

Insistamos. Ninguna ley resuelve los problemas. Los pueden resolver las acciones de política pública que realicen las autoridades. Así que lo decisivo será lo que hagan tanto el gobierno federal como los gobiernos de los estados.