Presupuesto para la Ley de Desaparecidos

07 de Noviembre de 2017

Edgar Cortez

Los colectivos de familiares de desaparecidos siguen sufriendo las veleidades tanto del Ejecutivo como de la Cámara de Diputados.

En México, la última etapa de denuncia sobre la desaparición de personas inició hace una década y, más recientemente, hace unos cuatro años tomó forma la exigencia de discutir y aprobar una ley general de desaparición forzada. Este largo periplo finalmente logró la aprobación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, el pasado 12 de octubre en la Cámara de Diputados.

A partir de ahí aparecieron nuevos obstáculos. El primero es que hasta la fecha el Ejecutivo no ha promulgado y publicado esta ley para que inicie su vigencia. De acuerdo con el apartado A del artículo 72 de la constitución, una vez que una ley se aprueba, se remite al Ejecutivo y si éste no tiene observaciones la puede publicar de inmediato.

Esta ley proviene de un largo proceso de diálogo e interlocución entre los colectivos y el Ejecutivo, a través de la Subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SG). Entonces, lo más lógico, sería que el Presidente Peña Nieto, de inmediato, hubiese promulgado y publicado la ley.

Esta omisión puede subsanarse por lo establecido en el mismo artículo constitucional en su apartado B. Si dentro de los 30 días siguientes, una vez que el Presidente de la República recibió la ley, no plantea objeciones, se da por aprobada y en diez días más tiene que publicarla. Eso significa que, el presidente Peña Nieto, tiene hasta el 11 de noviembre para presentar objeciones a la ley. En caso de no hacerlo, tendría, como plazo máxima hasta el 21 de noviembre para publicar la ley. 

Que el Presidente de la República llevé la publicación de la ley hasta el plazo máximo podría generar incertidumbre sobre el presupuesto que se requiere para que la ley se ponga en práctica.

Cuando la propuesta de presupuesto de egresos para el 2018 fue enviada al Congreso, no se consideró ninguna cantidad para la implementación de la ley de desaparición, pues en ese momento la ley aún no había sido aprobada por la Cámara de Diputados.

De acuerdo con el plazo máximo que tiene la Cámara de Diputados para aprobar el presupuesto de egresos, que es el 15 de noviembre; si la ley se pública el día 21 de noviembre, podría suceder que el presupuesto para la implementación de la ley se mantenga en cero.

Se puede pensar que si los diputados ya aprobaron la ley tendrían que garantizar el presupuesto, pero la realidad es que pueden escudarse en razones formales para no hacerlo. Por ejemplo, que la ley se publicó posteriormente a la aprobación del presupuesto y eso impidió asignarle recursos. La simulación es una de las especialidades de la clase política.

A los colectivos de familiares de desaparecidos, toca exigir al Presidente Peña Nieto, que promulgue y publique de inmediato la ley. En caso contrario será necesario denunciar que el discurso en favor de estas víctimas es pura retórica.

Mientras que a la Cámara de Diputados se debe exigir que, aunque la publicación de la ley sea posterior al 15 de noviembre, cumpla su obligación y dote de recursos suficientes para que la ley de paso a acciones como la búsqueda de los desaparecidos, a que rápidamente y con certeza se identifiquen los restos hallados y a que cada vez más responsables enfrente las consecuencias de cometer tan terribles crímenes.

En caso que no se garantice el presupuesto, la Cámara de Diputados será otra institución simuladora más.


@EdgarCortezm

Foto de portada: Centro de Derechos Humanos Samuel Ruiz, de San Luis Potosí.