Justicia Civil vs Justicia Militar

14 de Noviembre de 2017

Edgar Cortez

Recurrir a los militares, Ejército y Marina, para realizar labores de seguridad pública ha tenido diversos efectos. Una de ellos ha sido el incremento de delitos y violaciones a derechos humanos cometidas por miembros de estas instituciones. Otro, fue el debate sobre quién debía  investigar esos delitos: la justicia militar o la civil.

Este último asunto se resolvió en 2014 cuando se reformó el código de justicia militar, para dejar en claro que las violaciones y delitos cometidos por militares siempre deben ser investigadas por la justica civil y, excepcionalmente, cuando el asunto tiene que ver estrictamente con la disciplina militar, interviene la justicia militar.

Cómo toda reforma a la ley, lo importante está en su aplicación.

El pasado 7 de noviembre la organización Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA por sus siglas en inglés) presentó el informe Justicia olvidada. La impunidad de las violaciones a derechos humanos cometidas por soldados en México (http://bit.ly/2AE0TWs). Este es uno de los primeros reportes que documenta lo sucedido con este cambio y qué tan efectiva está siendo la justicia civil.

En cuanto a resultados el informe da cuenta de aspectos como los siguientes:

  • De acuerdo con cifras oficiales, entre el 2012 y el 2016 se iniciaron 505 investigaciones civiles contra soldados por delitos y violaciones a derechos humanos.
  • Las violaciones a derechos humanos más frecuentes por las cuales se investiga a soldados mexicanos son tortura (o relacionadas con tortura) y desaparición forzada, que pueden llegar a constituir violaciones graves.
  • Respecto de las 123 investigaciones por abuso de autoridad hay evidencia de que algunos casos de tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales—incluyendo el caso Tlatlaya—se han clasificado incorrectamente como “abuso de autoridad”.
  • Si entre el 2012 y el 2016 la PGR inició 505 investigaciones de delitos y violaciones a derechos humanos cometidos por soldados mexicanos,  sólo hay registro de 16 sentencias condenatorias para esos casos, quiere decir que en cuatro años la PGR sólo tuvo éxito en 3,2 % de sus investigaciones.

El informe también da cuenta de dónde estás los obstáculos para tan pobres resultados.

  • Hay casos en que a la Procuraduría General de la República (PGR) le ha tomado hasta tres años llevar a los soldados a juicio (es decir, obtener un auto de formal prisión) y hasta seis años obtener una sentencia condenatoria de primera instancia, lo que también muestra la lentitud de los juicios en el Poder Judicial Federal.
  • En otros casos la PGR no recaba todas las pruebas para presentar casos sólidos a los jueces e, inclusive, hay ejemplos donde una parte importante de la evidencia proviene de investigaciones militares, y no de investigaciones civiles.
  • En algunos casos los jueces civiles han encontrado que las declaraciones tomadas por las autoridades militares no cumplen los requisitos que exigen las leyes y que los testimonios son inconsistentes.
  • También hay dificultades para lograr que los soldados comparezcan a la PGR y ante jueces civiles para dar sus declaraciones.
  • Finalmente, encontramos casos de soldados detenidos y mantenidos en instalaciones militares, quienes afirman haber sido torturados por otros soldados para obtener confesiones forzadas.

Otra conclusión relevante es la siguiente. Las investigaciones civiles en contra de soldados no profundizan sobre la cadena de mando, es decir, no investigan a los superiores jerárquicos de los soldados acusados de cometer delitos o violaciones a derechos humanos.

En resumen, el informe nos alerta sobre un problema fundamental de nuestro sistema de justicia: no existe capacidad de investigar de manera eficiente y rápida los delitos denunciados. Esto sucede en las investigaciones que se hacen respecto de delitos cometidos por militares pero es el mismo problema en lo que toca a cualquier otro delito.

El agravante en este tema es la enorme dependencia que tiene el gobierno federal respecto de los militares (Ejército y Marina) para mantener su estrategia de seguridad. Existe tal necesidad que se pretende aprobar una ley de seguridad interior que perpetúe a los militares en labores de policía e incluso darles mayor responsabilidad en la investigación de los delitos.

El país tiene 21 años con una seguridad que se militariza cada vez más y los resultados no son positivos. Seguir por el mismo camino sólo puede empeorar las cosas.

Construir alternativas, frente al actual fracaso, es una prioridad.


@EdgarCortezm

Foto de portada: Rashide Frías / Cuartoscuro.