Honduras vuelve la espalda a la lucha contra la impunidad

20 de Febrero de 2018

Edgar Cortez

La impunidad y la corrupción son problemas que aquejan a buena parte de los países de América Latina. Honduras es uno de ellos y hace pocos días abandonó los esfuerzos que había emprendido para combatir estos enormes retos.

En 2015 fue denunciada la corrupción que existía en el Instituto Hondureño de la Seguridad Social, pues a través de la creación de empresas fantasmas se desviaban recursos públicos para el enriquecimiento de funcionarios de la institución. Este caso originó fuertes movilizaciones sociales que obligaron al gobierno hondureño a buscar una salida.

La salida fue el acuerdo con la Organización de Estados Americanos (OEA) para crear la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), que se concretó en un acuerdo firmado en enero de 2016 (http://bit.ly/2EB6eU1).

La MACCIH tiene como misión apoyar a Honduras en el combate a la corrupción y la impunidad desde una visión integral. No sólo trabaja en la investigación de casos relevantes que involucren redes  de corrupción pública y privada, sino que está enfocada en reformar y fortalecer la institucionalidad que permita prevenir este flagelo que viene socavando la credibilidad de sus autoridades y el sistema político.

A lo largo de un año y medio, esta instancia de cooperación internacional ha realizado diversos esfuerzos para concretar acciones que arrojaran resultados tangibles. Por ejemplo en julio de 2017 anunció que investigaría el asesinato de la activista ambiental Berta Cáceres para determinar la posible participación y responsabilidad tanto de funcionarios de gobierno como de empresas privadas.

Decisiones como esta generaron reacciones adversas y presiones en contra de la MACCIH tanto de sectores de gobierno como de la iniciativa privada, pues por primera ocasión parecía posible romper con la impunidad de la que gozan la clase política y empresarial hondureña.

El 26 de noviembre del año pasado se realizaron elecciones presidenciales en ese país. El proceso fue sumamente controvertido y finalmente se impuso la reelección de Juan Orlando Hernández.

El presidente Hernández había venido trabajando para, además de reelegirse, controlar el Congreso, las instituciones electorales así como el Poder Judicial, es decir poner toda la institucionalidad hondureña a su servicio.

En diciembre, en medio de la crisis poselectoral, el Ministerio Público hondureño y la MACCIH presentaron una denuncia en contra de seis diputados que habían desviado poco más trescientos mil dólares para provecho personal. El caso fue conocido como Red de diputados. La investigación seguiría adelante pues los posibles diputados involucrados podrían llegar a sesenta.

Pocos días después la Corte Suprema de Justicia de Honduras suspendió está investigación y ordenó que el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) debía realizar otras investigaciones administrativas antes de poder seguir con la investigación penal. En realidad era una maniobra para impedir esclarecer y castigar el desvió de recursos por parte de los diputados.

El 18 de enero de 2018 el Congreso modificó diversas leyes y estableció que el TSC debe realizar una primera investigación en asuntos de corrupción y sólo cuando esta concluya (puede durar hasta tres años), se puede proceder a la investigación penal. El congreso estableció que dicha modificación aplica de forma retroactiva hasta el año el 2010.

El 24 de enero de 2018, el señor Juan F. Mayor responsable de la MACCIH, denunció que a través de estas reformas legislativas contrarias a la constitución se imposibilitaba su trabajo y el de la misión. En la misma comunicación anunció que haría consultas con el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, para establecer los pasos seguir frente a esta clara injerencia en el trabajo del Ministerio Público y del Poder Judicial cuyo propósito era mantener el pacto de impunidad.

A partir de ahí se acentuaron los desencuentros entre el responsable de la MACCIH y el Secretario General de la OEA.

El 29 de enero el Secretario General de la OEA, envió una carta al Presidente de Honduras en la cual descalifica el trabajo de la MACCIH y acusa a ésta de no haber dado los resultados esperados.

Finalmente el jueves 15 de enero Juan F. Mayor renunció a seguir al frente de la MACCIH por la descalificación y falta de apoyo del Secretario General de la OEA.

En un documento titulado Carta abierta al pueblo hondureño sobre la situación real  de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), expone algunas de las razones que lo llevan a renunciar (http://bit.ly/2BF7v9V):

  • Lamenta la falta de comunicación por parte del Secretario General de la OEA con el responsable de la MACCIH desde mayo de 2017. Señala que el pasado 30 de enero viajó a Washington con el único propósito de reunirse con el señor Almagro y ponerlo al tanto de lo que sucedía con las investigaciones llevadas adelante por la Misión. Lamentablemente no fue recibido.
  • Los cuestionamientos del gobierno hondureño que acusa a la MACCIH de atentar en contra la soberanía del país.
  • La MACCIH no cuenta con suficiente respaldo de la Secretaría General de la OEA lo que se traduce en que muchas decisiones administrativas se toman en Washington y están fuera del control de la Misión.

De esta manera se malogra uno de los esfuerzos de apoyo a un gobierno en su lucha contra la impunidad y la corrupción. El posible fracaso se puede achacar a que el gobierno hondureño vuelve la espalda a estos pequeños esfuerzos y opta por ratificar el pacto de impunidad que persiste desde hace décadas en Honduras.

No sobre decir que el Secretario General también traiciona a la MACCIH, optando por seguir siendo apoyado y, a su vez, apoyar a gobiernos corruptos.