Verdad histórica impuesta

20 de Marzo de 2018

Edgar Cortez

A pesar de que la justicia penal no genera verdades históricas sino verdades jurídicas, en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa el gobierno mexicano sigue empecinado en imponer su verdad.

El 27 de enero de 2015, el entonces Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, anunció públicamente que la verdad histórica de este caso era que los estudiantes habían sido asesinados e incinerados por integrantes del cártel Guerreros Unidos.

Esta conclusión de inmediato fue cuestionada por los familiares, las organizaciones que les acompañan así como por diversos expertos.

La controversia dio lugar al trabajo del Grupo de Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), quienes en dos etapas revisaron el trabajo realizado por Procuraduría General de la República (PGR) y presentaron una par de informes (véase http://bit.ly/2pqJ4FI). Con sus hallazgos cuestionaron abiertamente las conclusiones de la PGR.

En abril de 2016 este grupo concluyó su trabajo pues el gobierno mexicano no aceptó extender más su colaboración.

Las autoridades dejaron pasar casi un año para volver sobre su verdad histórica. En marzo de 2017 en audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el entonces subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, dio vigencia a la versión oficial diciendo que esa era la única hipótesis de investigación consolidada.

Un año más tarde, también en una audiencia ante la CIDH, el Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Miguel Ruiz Cabañas, declaró que existían avances en las investigaciones, los cuales no se conocen, que harían posible que el caso se pueda cerrar próximamente.

El último episodio al respecto sucedió apenas el 15 de marzo pasado. En esa fecha Jan Jarab, represente en México del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACNUDH), presentó el informe “Doble injusticia – Informe sobre violaciones de derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa”, en donde se concluye que cuando menos 34 de las 129 personas acusadas por la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa presentan signos de haber sido víctimas de tortura (véase http://bit.ly/2ICi6U9).

Al mismo tiempo que se presenta este informe, la PGR hizo llegar a los medios de comunicación un boletín que descalificaba lo dicho por la OACNUDH en los siguientes términos:

  • Preocupa de manera especial que el Informe de la OACNUDH arroje conclusiones sobre situaciones que son actualmente objeto de investigación, o que se encuentran bajo análisis del Poder Judicial.
  • Además, como lo reconoce la OACNUDH, este Informe se limita a abordar cuestiones que ya fueron resaltadas anteriormente por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), cuyas recomendaciones están siendo atendidas por las autoridades competentes. En este sentido, el Informe no aporta elementos nuevos que permitan avanzar en la investigación del caso.

Lo dicho por el informe es grave por partida doble. Por un lado representa que se han cometido violaciones graves a los derechos humanos y además que posiblemente mediante la tortura se obtuvo información para sustentar la verdad histórica sostenida por la PGR y el gobierno federal.

Tal parece que el gobierno del Presidente Peña Nieto y su Procuraduría quieren imponer su verdad y cerrar el caso antes de que concluya su mandato.

Si esto sucede lo único que harán será profundizar su desprestigio y pasar a la historia como el presidente de la impunidad y la corrupción.


@EdgarCortezm

Foto de portada: Antonio Cruz / Cuartoscuro.