Derechos Económicos, Sociales y Culturales en México

10 de Abril de 2018

Edgar Cortez

Los Derechos Humanos (DH) integran un catálogo de derechos que progresivamente se han ido reconociendo por los Estados como indispensables para que sea posible una vida digna de la personas, tanto de forma individual como colectiva.

El proceso de reconocimiento de los DH, tal y como lo conocemos actualmente arranca con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero en el origen ésta no era obligatoria así que el siguiente paso fue desarrollar un documento que si fuera obligatorio a todos los países que se adhirieran a los mismos.

Al dar esta paso ya no hubo un único acuerdo sino dos. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). La razón de esta división fue la “guerra fría” y sus secuelas.

El PIDESC, como otros instrumentos de DH, establece un mecanismo de seguimiento y evaluación respecto de las acciones y resultados de cada Estado al cumplir con los Derechos Económicos. Sociales y Culturales o DESC, como también se les conoce.

El mecanismo de seguimiento comprende informes periódicos que cada Estado debe presentar y esos informes son revisados por un comité de expertos que analizan el grado de cumplimiento y recomiendan nuevas acciones para avanzar aún más.

En el caso de México, el pasado 12 y 13 de marzo, fue sometido a revisión para evaluar la situación y finalmente el 29 de marzo el Comité aprobó las recomendaciones que hace a México (http://bit.ly/2v069VF).

Este documento aborda 30 asuntos problemáticos sobre el cumplimiento de los DESCA en México. A continuación transcribo un par de puntos:

Derechos de pueblos indígenas.

A pesar de la existencia de protocolos de actuación sobre la consulta previa, preocupa al Comité que, en parte debido a su carácter no vinculante éstos no sean utilizados sistemáticamente y por tanto no se respete plenamente el derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa con miras a obtener el consentimiento libre, previo e informado, principalmente en lo relativo al desarrollo de proyectos económicos y de explotación de recursos naturales. Además, le preocupa el impacto negativo que tiene el desarrollo de tales proyectos en el goce efectivo de los derechos económicos, sociales y culturales de los pueblos indígenas afectados (art. 1).

El Comité recomienda al Estado parte que: (a) Garantice que los pueblos indígenas sean consultados, de manera previa, sistemática, transparente, con el fin de obtener el consentimiento libre, previo e informado en lo que respecta a la toma de decisiones susceptible de afectarles, especialmente antes de otorgar licencias para llevar a cabo actividades económicas en los territorios que tradicionalmente han poseído, ocupado o utilizado. En ese sentido, le alienta que establezca, en consulta con los propios pueblos indígenas, protocolos de actuación efectivos, adecuados y jurídicamente vinculantes que garanticen plenamente el respeto de este derecho, o en su caso, aplique los ya existentes, tomando en cuenta las características culturales, y usos y costumbres de cada pueblo.

Economía informal.

Preocupa al Comité que alrededor del 57% de trabajadores labora en el sector informal de la economía, y por lo tanto no están debidamente protegidos por la legislación laboral ni el sistema de protección social (arts. 6, 7 y 9).

El Comité recomienda el Estado parte que redoble sus esfuerzos para progresivamente disminuir el número de trabajadores que participan en el sector informal de la economía e integrarlos al sector formal, y brindarles acceso a la legislación laboral y a la protección social. Asimismo, le recomienda que incluya sistemáticamente al sector informal de la economía en las actividades de los servicios de inspección laboral y de salud y seguridad en el trabajo…

Como puede verse ambos asuntos abordan temas claves y de enorme complejidad, como son el garantizar el derecho de los pueblos indígenas a que decidan sobre sus territorios y los recursos naturales que durante generaciones han preservado o el derecho de las personas a contar con un trabajo decente.

En otras palabras lo que este informe pone a debate es el modelo económico dominante en México que excluye y mantiene en la pobreza y miseria a millones de mexicanos. Sin embargo en la actualidad este no está siendo punto de debate.

Ojalá que este informe sea una especie de palanca que fuerce al debate sobre el modelo económico pues ahí radica un enorme escollo para el pleno cumplimiento de los derechos humanos y particularmente los derechos económicos, sociales y culturales.


@EdgarCortezm

Foto de portada: Informe DESCA 2017