Pueblos Indígenas

14 de Agosto de 2018

Edgar Cortez

México es un país sumamente desigual, pero la desigualdad en algunos casos se acentúa y ha sido perpetua. Es el caso de los pueblos indígenas.

En noviembre de 2017 la Relatora Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, señora Victoria Tauli, visitó México para conocer la situación de los derechos de estos pueblos. El pasado 8 de agosto se difundió el informe final de dicha visita.

Esta relatoría es parte de los mecanismos especiales de Naciones Unidas que dan seguimiento a realidades o temáticas importantes para los derechos humanos. Esta relatoría sobre los derechos de los pueblos indígenas se creó en 2001 y entre las razones que le dieron origen está:

Los pueblos indígenas de todas las regiones del mundo experimentan todavía las consecuencias de la colonización o de la conquista de las que fueron objeto históricamente, y son discriminados en razón de sus culturas e identidades diferenciadas y de sus formas tradicionales de vida. En las últimas décadas, la comunidad internacional ha concedido una especial importancia a la situación de derechos humanos de los pueblos indígenas, como se manifiesta en la adopción de normas y directivas internacionales, así como en el establecimiento de instituciones y órganos específicamente dedicados a estos pueblos.

El primer Relator sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas fue el antropólogo mexicano Rodolfo Stavenhagen, quien hizo una visita oficial a nuestro país en 2003. Quince años después sucede esta siguiente visita.

El informe presentado por la Relatora identifica una serie de problemas que influyen negativamente en el ejercicio de los derechos colectivos de estos pueblos (http://bit.ly/2KRcipT). Uno es el asedio de grandes empresas y/o de gobiernos que intentan despojar y aprovechar los recursos existentes en sus territorios.

Al respecto los representantes de diversos pueblos indígenas manifestaron a la relatora que su derecho a definir su propio modelo de desarrollo económico, social y cultural se ve impedido porque los modelos de desarrollo impuestos en sus territorios, y en particular, el auge de proyectos extractivos y energéticos y proyectos de inversión producto de reformas legislativas y de políticas económicas que han tenido impactos negativos sobre sus derechos e intereses. Denuncian que estos megaproyectos se realizan sin consulta previa, libre e informada y culturalmente adecuada sin la obtención del consentimiento de los pueblos indígenas afectados, incluso ante suspensiones judiciales.

La Relatora manifestó en el informe su preocupación respecto del gran número de denuncias detalladas de casos individuales relativos a la extremadamente grave situación de violencia que sufren los pueblos indígenas debido a disputas sobre sus territorios, ante la falta de un reconocimiento adecuado, a la expansión de proyectos de desarrollo y a la presencia del crimen organizado. A estos factores se suman la impunidad, la falta de acceso a la justicia y la criminalización que enfrentan los indígenas.

La Relatora también constató que estos pueblos enfrentan obstáculos significativos en la realización de sus derechos económicos, sociales y culturales. La discriminación histórica y estructural ha resultado en la marginación y pobreza multidimensional y la ausencia de servicios básicos suficientes y culturalmente adecuados.

El recuento de problemas es mucho mayor y bastante detallado, lo que le permite concluir a la Relatora que: la situación actual de los pueblos indígenas en México refleja la considerable brecha existente entre la realidad jurídica, política e institucional y los compromisos internacionales asumidos por el país. Dicha brecha sigue creciendo, en particular debido al impulso del modelo de desarrollo promovido por la reforma energética, que tiene un impacto significativo en los territorios indígenas.

El informe contiene un buen número de recomendaciones para que el Estado cumpla efectivamente con sus obligaciones con los pueblos indígenas. Destaco la primera recomendación pues constituye un marco en el que deben inscribirse el resto de recomendaciones:

Se debe reabrir el debate constitucional sobre derechos fundamentales, como el reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derecho público. […] Un primer paso para resolver los problemas mencionados en este informe es reconocer la deuda histórica del país en esta materia y adecuar la legislación y las políticas relacionadas con temas agrarios, territoriales, de desarrollo energético, minería, agua, producción y seguridad alimentaria, gobernanza y administración de justicia, entre otros, con las obligaciones internacionales sobre derechos de los pueblos indígenas. La modificación o reforma de dichas normas debe realizarse en consulta y con la participación de los pueblos indígenas conforme a los estándares internacionales.


@EdgarCortezm

Foto de portada: Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.