Retroceso en la Protección de los Derechos Humanos

12 de Septiembre de 2018

Edgar Cortez

Los Derechos Humanos son reconocidos por los países en el seno de Naciones Unidas (ON) y de la Organización de Estados Americanos (OEA), pero el gran reto radica en cómo supervisar que los países cumplen con sus obligaciones de respetar y proteger esos derechos.

El desafío es mayor cuando el país no cumple y además viola abiertamente derechos humanos. Situaciones de esta naturaleza son las sucedidas en Guatemala y Nicaragua.

El gobierno de Guatemala acordó con la ONU la creación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) para que coadyuvara con las autoridades guatemaltecas en la investigación de casos de graves violaciones a derechos humanos y corrupción (https://osf.to/2NvlHJ9). La CICIG inició trabajos en 2008.

A lo largo de diez años las investigaciones realizadas por la CICIG permitieron llevar a juicio a encumbrados políticos acusados de corrupción, presidentes, vicepresidentes y ministros, entre otros. De hecho recientemente la CICIG llevó adelante una investigación contra el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, por uso de recursos ilegales en su campaña política.

A raíz de esto el gobierno ha mantenido un embate permanente en contra de la CICIG y el último capítulo sucedió hace unos días. El 31 de agosto la sede de la CICG fue rodeada por vehículos militares y más tarde el presidente Morales anunció que su gobierno no renovaría el mandato de la CICIG, acusando que está violentaba el Estado de derecho.

El 3 de septiembre el Comisionado de la CICIG, Iván Velázquez, viajó a Washington como parte de sus compromisos de trabajo, lo que fue aprovechado por el gobierno de Guatemala para impedir su regreso al país argumentando razones de “orden y seguridad pública”.

En realidad lo que el presidente Morales quiere es extinguir a la CICIG para que nadie le pida cuentas y la justicia siga sujeta al capricho del presidente.

En la misma fecha, 31 de agosto, el presidente de Nicaragua Daniel Ortega expulsó en contra de ciudadanos, y particularmente en contra de jóvenes, a la misión de observación de la ONU. Un par de días antes el Alto Comisionado había presentado un informe sobre la situación en ese país la cual describe en estos términos:

“Es preciso tomar medidas urgentes para abordar la crisis de derechos humanos en Nicaragua, donde el grado de represión es tan alto que muchas de las personas que participaron en las protestas iniciadas en abril, defendieron los derechos de los manifestantes o simplemente expresaron opiniones disidentes, se han visto obligadas a esconderse, a salir del país o a intentar hacerlo”. (http://bit.ly/2wUUIgm)

La expulsión de la misión de la ONU es la venganza de Daniel Ortega luego del informe que subraya la gravedad del momento represivo que vive ese país.

Estos acontecimientos son evidencia de como los gobiernos quieren echar atrás mecanismos construidos en los últimos años, mediante los cuales se busca hacer más efectiva la exigencia de cumplimiento de los derechos humanos. Dado que la CICIG ha sido una experiencia exitosa de combate a la impunidad, alcanzando incluso a la clase gobernante, ahora el gobierno de Guatemala quiere enterrarla.

Mientras que en Nicaragua se expulsa a un grupo de expertos que en terreno constatan el clima represivo, pues al gobierno le conviene que predomine sólo la versión oficial.

En tanto los gobiernos quieren retroceder en cuanto al cumplimiento de los derechos humanos, las sociedades civiles de cualquier país nos esforzamos por proponer y desarrollar nuevos mecanismos para monitorear a los gobiernos y exigir que realmente cumplan con sus responsabilidades en derechos humanos.

Así han sido las experiencias de la CICIG en Guatemala, la MACCIH en Honduras y el GIEI en México.


@EdgarCortezm

Imagen de portada: Jimmy Morales, presidente de Guatemala. | Foto: República.