Impunidad como Sistema

03 de Octubre de 2018

Edgar Cortez

La sentencia de sólo nueve años dictada a Javier Duarte es una afrenta social y muestra de la impunidad de la que gozan gobernadores, políticos y empresarios corruptos.

Durante la noche del 26 de septiembre el ex gobernador Javier Duarte compareció ante el Juez federal de control Marco Antonio Fuerte, aceptó ser culpable de los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa y fue sentenciado a nueve años de prisión.

Javier Duarte es un claro ejemplo de poder corrupto, pues usó el cargo de gobernador para desviar recursos (1650 millones de pesos), crear una red de empresas fantasma, hacerse de numerosos bienes y una larga lista más de abusos. Buena parte de esta información fue generada por el periodismo de investigación.

En contraposición la Procuraduría General de la República (PGR) fue incapaz de realizar una investigación que diera lugar a una acusación que diera lugar a una sanción acorde al enorme nivel de abuso de poder y a los alcances de la corrupción.

Luego que Duarte fue detenido en Guatemala, la solicitud de extradición realizada por PGR fue basada en los delitos menos graves, lo cual fue un mal inicio pues condicionaba los alcances de las acusaciones en contra del ex gobernador.

En agosto pasado la PGR desistió de acusar por delincuencia organizada y sólo lo hizo por asociación delictuosa y operación con recursos de procedencia ilícita. Se puede decir que fue un proceso que tendía a la baja.

Finalmente el Ministerio Público Federal  optó por un procedimiento abreviado que tuvo como resultado una sentencia de sólo nueve años. ¿Por qué se optó por esta vía?

Durante la discusión del sistema penal acusatorio en 2007 y 2008 se consideró necesario proponer mecanismos de soluciones alternas para no necesariamente tener que resolver todos los asuntos en juicio oral. Se trataba de dar eficiencia al sistema y oportunidad de elegir que asuntos llevar hasta juicio oral y a cuáles asuntos buscarles vías alternas para acceder a la justicia. Posteriormente, cuando se discutió y acordó el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) en marzo de 2014, este propósito se concretó en el apartado de Soluciones alternas y formas de terminación anticipadas. Una era el procedimiento abreviado (artículos 201 al 207 del CNPP).

Esta camino tiene varios requisitos: sólo puede solicitar esta vía el MP, el acusado acepta su culpabilidad y renuncia a la posibilidad de ir a juicio oral, existe una negociación entre el MP y el acusado sobre la posible condena, la cual debe estar dentro de ciertos límites establecidos por el Código. A la propuesta hecha por el MP el juez de control debe analizarla y convalidarla.

Entonces lo que pasó en el caso de Javier Duarte fue que hubo una negociación entre el MP y la defensa de éste para acordar que él aceptaría su culpabilidad y recibiría una condena de nueve años y una multa irrisoria. El Juez de control aceptó y la impunidad se consumó.

Cuando se diseñaron estas medidas el propósito era tornar eficiente el sistema penal, pero vemos que ahora ha beneficiado a una de las figuras icónicas de la corrupción en México.

Posiblemente la lección que debemos entender es que las instituciones del Estado están capturadas por grupos de poder político y delincuencial, al grado que cualquier reforma que hagamos termina siendo torcida y aprovechas por los poderes de facto.


@EdgarCortezm

Imagen de portada: Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz. | Foto: William Gularte / Cuartoscuro / Archivo.