Análisis del cumplimiento de las medidas de seguridad y justicia anunciadas por el presidente Enrique Peña Nieto el 27 de noviembre de 2014

23 de Noviembre de 2015

Elaborado por Edgar Cortez, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A.C.

Dos meses después de la desaparición de los estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa y en medio de una creciente ola de movilizaciones nacionales e internacionales que demandaban justicia, el Presidente Enrique Peña Nieto anunció, el 27 de noviembre de 2014, diez medidas en materia de seguridad y justicia.

Entre las razones que dio para lanzar estas propuestas estuvieron las siguientes:

“No hay soluciones simples, ni caminos cortos. Convencido de ello, he decidido impulsar cambios de fondo, que permitan mejorar la seguridad, la justicia y el Estado de Derecho en México.

Para fortalecer las capacidades institucionales en materia de seguridad pública, así como de procuración y administración de justicia, anuncio las siguientes medidas…”

Ha pasado un año de ese anuncio y resulta indispensable revisar cuánto y cómo se ha cumplido ese decálogo; verificar si efectivamente hemos  incrementar la capacidad institucional y enfrentamos de manera más afectiva la inseguridad y la impunidad.

De las diez medidas comunicadas sólo una se ha cumplido, la sexta, pues se realizó el operativo en la región de tierra caliente. No se dispone de información sobre el grado de éxito. En el caso del estado de Guerrero, la primera acción del nuevo gobernador fue anunciar una nueva estrategia para la seguridad en dicho estado.

Dos medidas fueron cumplidas parcialmente. La cuarta, que consistía en que hubiera un solo número nacional para llamadas de emergencia. Hasta ahora sólo se cuenta el visto bueno por parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones, pero la  puesta en marcha de ese número está pendiente. Mientras que respecto de la octava medida, consistente en acciones para fortalecer los derechos humanos, se han realizado algunas acciones pero otras están pendientes también de cumplirse como las leyes generales de tortura y de desaparición forzada.

Siete medidas no se han cumplido.

A dos meses de sucedida la desaparición de los 43 era urgente anunciar medidas  que atendieran el caso  pero que también fueran una respuesta más amplia al recurrente problema de la impunidad. El anuncio del decálogo fue poco afortunado pues de las medidas anunciadas la mitad consistía en proponer nuevas leyes y lo más paradójico es que teniendo mayoría en el Congreso de su mismo partido las leyes no se han aprobado. Las iniciativas presentadas nunca han sido una prioridad para el PRI.

Luego de una año lo que encontramos es que prácticamente no ha cambiado nada y que la crisis de derechos humanos está instalada en el país. Este decálogo fue un discurso para transitar el momento pero que así como se anunció se dejó atrás.

Durante su campaña electoral el Presidente Peña Nieto ofreció que su gobierno contaría con una nueva estrategia de seguridad. Tal estrategia nunca ha existido y anuncios como éste no  han sido más que quimeras.       

Ver en archivo anexo la revisión de lo que ha pasado con cada una de las medidas.