IMDHD https://imdhd.org Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia Fri, 19 Jul 2019 21:23:37 +0000 es-MX hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.4.2 Romper el Silencio – Hacia un proceso de verdad y memoria en México. https://imdhd.org/2019/07/19/1430/ Fri, 19 Jul 2019 21:09:53 +0000 http://imdhd.org/?p=1430 Por qué un Proceso de Verdad y Memoria para México? Justificación ¿Cómo se lleva a cabo un Proceso de Verdad y Memoria? Diez ejes para guiar el proceso ¿Cómo visualizar el Proceso? La centralidad de las víctimas en la búsqueda de la verdad Romper el silencio 2019 – Descarga en español Break the Silence 2019
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Por qué un Proceso de Verdad y Memoria para México?
Justificación

¿Cómo se lleva a cabo un Proceso de Verdad y Memoria?
Diez ejes para guiar el proceso

¿Cómo visualizar el Proceso?
La centralidad de las víctimas en la búsqueda de la verdad

Romper el silencio 2019 – Descarga en español

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GRUPO VERDAD Y MEMORIA
(PLATAFORMA CONTRA LA IMPUNIDAD Y LA CORRUPCIÓN)

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Folleto Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia https://imdhd.org/2019/04/17/folleto-instituto-mexicano-de-derechos-humanos-y-democracia/ Wed, 17 Apr 2019 20:21:09 +0000 http://imdhd.org/?p=1342                Descarga aquí –  IMDHD
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Documento entregado a la señora Michelle Bachelet, Alta Comisionada para los Derechos Humanos, sobre la situación de seguridad y justicia en México https://imdhd.org/2019/04/05/documento-entregado-a-la-senora-michelle-bachelet-alta-comisionada-para-los-derechos-humanos-sobre-la-situacion-de-seguridad-y-justicia-en-mexico/ Fri, 05 Apr 2019 22:37:08 +0000 http://imdhd.org/?p=1333 Documento entregado a la señora Michelle Bachelet, Alta Comisionada para los Derechos Humanos, sobre la situación de seguridad y justicia en México
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Documento entregado a la señora Michelle Bachelet, Alta Comisionada para los Derechos Humanos, sobre la situación de seguridad y justicia en México

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Informe de evaluación del Plan de Contingencia en Chihuahua https://imdhd.org/2019/03/14/informe-de-evaluacion-del-plan-de-contingencia-en-chihuahua/ Thu, 14 Mar 2019 22:40:23 +0000 http://imdhd.org/?p=1319 Descarga aquí: Informe de evaluación del Plan de Contingencia en Chihuahua Descarga aquí: Resumen Ejecutivo Informe Evaluación del Pan de Contingencia en Chihuahua
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Diagnóstico sobre mujeres desaparecidas en el Estado de México. https://imdhd.org/2019/02/26/diagnostico-sobre-mujeres-desaparecidas-en-el-estado-de-mexico/ Tue, 26 Feb 2019 22:29:29 +0000 http://imdhd.org/?p=1305 Investigación presentada para la solicitud de Alerta de Género por Desaparición de niñas, adolescentes y mujeres en el Estado de México.  Descarga dando clic aquí.
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Investigación presentada para la solicitud de Alerta de Género por Desaparición de niñas, adolescentes y mujeres en el Estado de México.

 Descarga dando clic aquí.

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Carta a integrantes de la Comisión Parlamentaria Mixta México – Unión Europea (CPM) https://imdhd.org/2019/02/08/carta-a-integrantes-de-la-comision-parlamentaria-mixta-mexico-union-europea-cpm/ Fri, 08 Feb 2019 22:34:45 +0000 http://imdhd.org/?p=1283     Estimadas y estimados integrantes de la Comisión Parlamentaria Mixta México – Unión Europea (CPM). Descarga aquí En el año del aniversario de la declaración Universal de los Derechos Humanos, cuatro meses antes de las elecciones para el Parlamento Europeo, y después del cambio del Gobierno en México, pensamos que es necesario fortalecer el
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Estimadas y estimados integrantes de la Comisión Parlamentaria Mixta México – Unión Europea (CPM).

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En el año del aniversario de la declaración Universal de los Derechos Humanos, cuatro meses antes de las elecciones para el Parlamento Europeo, y después del cambio del Gobierno en México, pensamos que es necesario fortalecer el diálogo de la Sociedad Civil mexicana con Legisladores en Europa y en el Parlamento Europeo.

El compromiso expresado por el Presidente electo de la República, Andrés Manuel López Obrador, por transformar al país, debe contemplar respuestas decisivas, adecuadas y efectivas del próximo gobierno para hacer frente a la crítica situación de violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos y su impunidad, que afecta a miles de personas.

Particularmente creemos que la nueva administración tendrá que garantizar los derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación, como respuesta frente a la falta de esclarecimiento, investigación, juzgamiento y sanción de los responsables de crímenes atroces cometidos en los últimos años. Aunado a lo anterior, se deberán adecuar o establecer políticas públicas para promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

 

Las organizaciones firmantes que trabajamos por la protección de los derechos humanos en México, les escribimos para solicitarle respetuosamente que, durante su visita a México del próximo 7 al 9 de febrero, puedan abordar los siguientes temas:

 

1.          La militarización de la seguridad pública mediante la Guardia Nacional

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que, “En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar,” (Art. 129) y que “las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil” (Art. 21). Sin embargo, el pasado 16 de enero, la Cámara de Diputados mexicana aprobó las reformas constitucionales que establecerán una Guardia Nacional militarizada. El dictamen aún debe ser aprobado por el Senado.

 

La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, expertos, académicos y cientos de ONGs hemos criticado las reformas constitucionales propuestas en las audiencias legislativas antes de la votación. El informe del colectivo “Seguridad Sin Guerra” resume el proceso legislativo hasta la fecha. El nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, continúa con la política de militarización de la seguridad pública, establecida por gobiernos anteriores, que ha demostrado ser una estrategia fallida tal y como lo prueban el incremento del uso excesivo e ilegal de la fuerza, la privación arbitraria de la libertad, la tortura, las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales, entre otros delitos graves.

 

El respeto a la ley, restablecer el orden y la construcción de paz, se pretende lograr repitiendo fórmulas que no dieron resultado en el pasado y que derivaron en agravios a la

 

sociedad civil, en el incremento de la violencia del país y en demérito del estado de derecho.

 

Solicitamos a la CPM que adopte una postura clara y contraria a la Guardia Nacional y a la militarización de la seguridad pública en su declaración final.

 

  1. Una Fiscalía General Federal de la República (FGR) autónoma, independiente y eficaz

 

El 14 de diciembre del 2018, entró en vigor la nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. Durante las mesas que llevaron a la redacción de esta nueva Ley, ONG´s y gobierno electo acordaron una serie de reformas constitucionales orientadas a mejorar la eficacia de la nueva FGR, en particular asegurar su independencia, autonomía y eficacia.

El procedimiento para elegir al primer Fiscal General de la República fue apresurado y cuestionado, debido a que no se consideraron las normas internacionales sobre mérito, transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas; tampoco hubo escrutinio ni debate público.

Instamos a la CPM a incluir en su declaración un llamado a transformar realmente la FGR y aprobar las reformas constitucionales necesarias para garantizar su independencia y trabajo más eficiente.
  1. Desaparición Forzada

México vive una crisis de desapariciones forzadas y por particulares. Según cifras oficiales, al 16 de enero de 2019 existían 40.180 personas “desaparecidas o no localizadas”. Muchas desapariciones son cometidas por individuos o grupos criminales, pero se sabe que fuerzas policiales y militares, entre otras autoridades, son responsables directa o indirectamente de muchos otros casos, lo cual constituye desapariciones forzadas en el derecho internacional. Las desapariciones aumentaron abruptamente desde la militarización de la seguridad pública en 2006. La impunidad por estos casos es generalizada. Según cifras oficiales, sólo existen 12 sentencias condenatorias por el crimen de desaparición forzada a nivel federal.

 

En 2017 el Estado mexicano sancionó la Ley General sobre Desapariciones Forzadas y por Particulares, luego de dos años de insistencia por parte de víctimas y organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, la implementación de la ley hasta ahora ha sido lenta y deficiente: escasos recursos financieros, humanos y técnicos; protocolos y otros instrumentos legales inadecuados; escasa voluntad de consultar con los colectivos de víctimas, a pesar de que ésta es una obligación establecida en la ley; escasos o nulos resultados concretos en términos de ubicación e identificación de víctimas, así como justicia y reparación integral.

 

El gobierno del Presidente López Obrador se ha comprometido a priorizar la atención de esta crisis y ha anunciado que el 4 de febrero publicará un plan integral sobre el tema. Entre las asignaturas pendientes se encuentran: instalar adecuadamente el Sistema Nacional de Búsqueda; dotar a la Comisión Nacional de Búsqueda de los recursos necesarios, así como un nuevo liderazgo seleccionado según los parámetros que establece la Ley General; desarrollar el protocolo nacional de búsqueda y reformar el protocolo nacional de investigación; atender la emergencia nacional en identificación de cadáveres,

 

los cuales suman más de 35.000 en fosas ministeriales y servicios forenses; y reconocer la competencia del Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas para recibir casos individuales. En términos presupuestarios, es preocupante que los fondos destinados a esta problemática descenderán un 14% en 2019 y que la Fiscalía Especializada a nivel federal recibirá 28% menos de su presupuesto, comparado con 2018. Más allá de la reducción nominal, es crucial que los recursos sean efectivamente ejecutados por estas instituciones en las acciones específicas que indica la Ley General.

 

Pedimos a la CPM incluir en su declaración un llamado la necesaria implementación de la Ley General sobre Desapariciones Forzadas y por Particulares, tomando en cuenta las observaciones de las familiares de víctimas y organizaciones expertas acompañantes de este proceso, así como dotar del presupuesto suficiente para su buen funcionamiento.

 

  1. El Acuerdo Global México – Unión

 

La renegociación del Acuerdo Global sigue siendo un proceso que carece de niveles adecuados de transparencia, y la sociedad civil continúa sin tener acceso al documento que está siendo negociado. No hay espacios formales de consulta con la sociedad civil sobre los temas que están siendo discutidos.

Es imposible hacer comentarios específicos sobre el texto dada la falta de transparencia antes mencionada. Sin embargo, nos preocupa el probable desequilibrio del Acuerdo Global, que favorecería a los intereses de los inversionistas por encima de las comunidades afectadas y sus derechos humanos. La preocupación es que a los inversionistas se les otorgue protecciones sin imponer obligaciones con respecto a derechos humanos, ni mecanismos para garantizar dichas obligaciones.

 

Agradeceremos que la CPM se pronuncie a favor de la transparencia en el proceso de modernización del Acuerdo Global, y que previo a su ratificación, confirme que se hayan fortalecido los estándares de protección a la democracia y los derechos humanos. De lo contrario, se haga un llamado a revisitar el proceso de negociación.
  1. La Ley Minera

 

La Ley Minera vigente ha permitido que las autoridades pongan a disposición de las empresas las tierras y los territorios de los pueblos y comunidades indígenas y campesinas, al considerar que la actividad minera es de utilidad pública y preferente sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno. El marco normativo mexicano permite la violación de los derechos humanos de las comunidades afectadas por los proyectos mineros.

 

La revisión de este marco normativo está en la agenda del nuevo gobierno.

 

Solicitamos que la declaración de la CPM incluya un llamado a hacer las reformas necesarias del marco normativo minero para que proteja los derechos humanos de las personas y comunidades afectadas.
  1. Marco normativo que vulnera a los pueblos indígenas

Desde administraciones anteriores, el gobierno mexicano ha creado legislaciones a nivel federal y local con los cuáles vulnera los derechos de los pueblos y comunidades

 

indígenas, siendo el derecho al territorio el más afectado al privilegiarse su uso para la inversión nacional o extranjera. Un ejemplo de ello es la reforma energética, con la cual se obliga a las comunidades a rentar o vender sus tierras para facilitar proyectos de hidrocarburos o energéticos, todo ello sin una previa consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada.

 

Recientemente, el nuevo gobierno también ha lanzado señales de alerta tanto con la aprobación de proyectos sin que existan estudios de impacto ambiental ni consulta con base a los máximos estándares internacionales, pero también con el lanzamiento de iniciativas que vulnerarían los derechos colectivos de las comunidades indígenas. Tal es el caso de las iniciativas impulsadas por senadores de morena que buscan modificar la Ley Agraria para quitar la propiedad colectiva y seguir privilegiando la compra y uso de las tierras por parte de empresas.

 

Pedimos que la declaración de la CPM incluya el hacer las reformas necesarias respecto a este marco normativo, a fin de que las leyes dejen de permitir el despojo de los territorios de las comunidades indígenas y que cualquier acto que pueda afectarles se realice una consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada, siempre respetando su derecho a la libre determinación.

 

  1. Comisión de la Verdad

 

El 22 de enero de 2019, diversas organizaciones de la sociedad civil y colectivos de víctimas y familiares de víctimas presentaron al gobierno una propuesta ciudadana para la construcción de una política sobre verdad, justicia y reparación a las víctimas de la violencia y de las violaciones a derechos humanos. En dicha propuesta se planteó la creación de una Comisión de la Verdad y la Memoria Histórica (CVMH) que pueda ser aprobada por un decreto legislativo. Ésta sería un organismo autónomo apoyado y financiado con recursos del erario público y con cooperación de organismos internacionales. Poniendo a las víctimas y sus familiares al centro de todos sus quehaceres, la CVMH requeriría del acompañamiento técnico de la academia, de organismos nacionales e internacionales. Su período de estudio comprendería del 1º. de enero de 1965 al presente.

 

La CVMH tendría como objetivos:

  • Esclarecer y reconocer graves violaciones de derechos humanos y posibles crímenes de lesa humanidad cometidos por agentes del Estado, empresas privadas, organizaciones del crimen organizado y otros grupos armados, ya sea de manera independiente o en colusión.
  • Construir una verdad real que permita dignificar a las víctimas y acabar con la narrativa criminalizante sustentada hasta este momento a través de verdades oficiales.
  • Servir de insumo para la persecución penal de perpetradores, para el diseño de programas de reparación para las víctimas, así como para guiar reformas institucionales que eviten la repetición de

 

 

La creación de la CMVH que establezca una narrativa global que impida la presencia de verdades divididas sobre los crímenes perpetrados en el pasado, que restaure a las víctimas en el disfrute de sus derechos y les reconozca la debida dignidad constituye una deuda pendiente del gobiernos mexicano con las miles de víctimas y familiares de la violencia que sacude al país desde mitades del siglo pasado.

 

En ese sentido, requerimos atentamente a la CPM que inste al gobierno mexicano a que instaure una comisión de la verdad con alcance nacional y temporal extenso con carácter urgente. Esto a efecto de empezar a debatir honestamente cómo y por qué fueron cometidos crímenes tan atroces y violaciones graves de derechos humanos tan alarmantes y, por ende, a reconstruir el tejido social de un México tan dañado.

 

  1. Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

 

Las actuales políticas de protección de personas defensoras de Derechos Humanos y periodistas son insuficientes. Tan solo en los últimos seis años han sido asesinadas más de 190 personas defensoras y más de 48 periodistas, seis de estas personas eran beneficiarias del Mecanismo de Protección.

 

Actualmente México continúa siendo uno de los países más peligrosos del mundo para el ejercicio del periodismo y la defensa de los derechos humanos, que dan cuenta del grave deterioro de la democracia y la crisis actual que padecen miles de víctimas. Tan solo en el pasado sexenio la violencia generalizada, sumada a la violencia política a causa de su labor, las ha colocado en una situación de riesgo, cobrando la vida de 184 personas Defensoras de Derechos Humanos y personas Periodistas1 por su labor, a los que se suman al menos 10 personas de estos colectivos que han sido asesinados desde la toma de posesión del nuevo ejecutivo.2

 

 

La violencia e impunidad imperante del más del 99% de los delitos cometidos contra

 

 

 

 

1                  Comité Cerezo México. 184 Personas defensoras de DH ejecutadas extrajudicialmente en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Primera edición, CDMX, 2018. https://www.comitecerezo.org/spip.php?article3183

 

 

2                  Espacio OSC. Urgente diálogo con el Estado mexicano frente a violencia contra personas defensoras y periodistas. 23 de enero de 2019 http://espacio.osc.mx/espacio-osc-urgente-dialogo-con-el- estado-mexicano-frente-a-violencia-contra-personas-defensoras-y-periodistas/

 

ambos colectivos,3 evidencian los retos a los que se enfrenta la nueva administración, siendo insuficiente la política existente que se limita al Mecanismo de Protección, por lo que es inaplazable la necesaria construcción de una política pública integral que atienda a las causas estructurales de la violencia hacia periodistas y personas defensoras, con participación de ambas poblaciones y organizaciones de la sociedad civil, en conjunto con todos los órganos de gobierno, y que atienda a las obligaciones del Estado en materia de respeto, prevención, protección, investigación y reparación.

 

De acuerdo a información de la CNDH, desde el 2010 se han presentado 491 quejas relacionadas con agresiones a personas defensoras de derechos humanos.4 Sin embargo, en el informe Defender los Derechos Humanos en México: El sexenio de la impunidad5 de Comité Cerezo México, se registraron por lo menos 853 agresiones en contra de personas defensoras entre junio del 2017 y mayo del 2018.

 

Por ello, solicitamos a la CPM se pronuncie e inste al gobierno mexicano a fortalecer o crear nuevas políticas públicas de protección existentes, y con ello garantizar el derecho a la defensa de los derechos humanos, la libertad de expresión, el derecho a la información y el periodismo.

 

En este sentido, es necesario que el gobierno federal y gobiernos locales:

 

  • Reconozcan públicamente la labor de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y
  • Investiguen y juzguen de manera autónoma y eficaz las agresiones en contra de personas defensoras y periodistas, asi como la reparación integral de las víctimas, y así asegurar la no repetición.
  • Aseguren la protección de periodistas y personas defensoras a través del fortalecimiento y desarrollo de las capacidades operativas y técnicas del Mecanismo Federal de Protección.

 

 

 

  1. Mecanismo Internacional contra la Impunidad (MICIM)

 

Las organizaciones, académicos y expertos participantes en la discusión del MICIM consideran que los siguientes elementos deben ser la base para la discusión más amplia con sociedad civil, particularmente con víctimas para el diseño de una política pública integral de verdad, justicia y reparación del nuevo gobierno.

 

Por eso requerimos a la CPM que inste al gobierno mexicano para que cumpla el mandato de: Investigar y, en su caso ejercer la acción penal por delitos que afecten

3                  Huffingtonpost, 99% de los crímenes contra reporteros quedan impunes en México según Artículo 19.Publicado el 6 de junio de 2018.https://www.huffingtonpost.com.mx/2018/06/06/99-de-los-crimenes- contra-reporteros-quedan-impunes-en-mexico-segun-articulo-19_a_23452760/

4 http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Comunicados/2018/Com_2018_304.pdf

5 https://www.comitecerezo.org/spip.php?article3063#Lee-el-informe-en-linea

 

bienes jurídicos relacionados con la libertad y la integridad personal y/o la vida en todas sus modalidades cuando se hayan cometido de forma masiva, sistemática o generalizada, así como los delitos vinculados a los mismos, incluyendo hechos o actos de corrupción, despojo de tierras indígenas, negocios lícitos o ilícitos impuestos de manera coercitiva, entre otros.

 

 

Es crucial que los gobiernos de la Unión Europea y México aborden sus obligaciones, las de sus empresas y las necesidades de las víctimas, muchas de las cuales requieren reconocimiento internacional y respaldo.

Las organizaciones firmantes, reconocemos su trabajo en la promoción del derecho internacional y de los derechos humanos, confiamos en que ambos parlamentos deben asumir un rol que exija rendición de cuentas de sus propios poderes ejecutivos, ejercer controles efectivos y no limitarse a sancionar o reformar leyes.

Les agradecemos su atención y les expresamos nuestra más distinguida consideración. Sinceramente,

 

Organizaciones Mexicanas:

 

Article 19 México
Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA)
CIC Propuesta Cívica
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos Equis Equis Justicia para las Mujeres A.C.
IDHEAS, Litigio Estratégico en DH
Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A.C. Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESC)
Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER)
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, “Todos los Derechos para Todas y
Todos” (conformada por 87 organizaciones en 23 estados de la República mexicana, Ver Listado abajo) Servicios y Asesoría para la Paz A.C. (SERAPAZ)
Organizaciones Internacionales: Colectivo París Ayotzinapa
Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México
International Protection La Taula per Mexic
Oficina Ecuménica por la Paz y la Justicia (Munich, Alemania) Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT)
Servicio Internacional para la Paz (SIPAZ) SweFOR Suecia
Listado, Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”
(conformada por 87 organizaciones en 23 estados de la República mexicana): Academia Hidalguense de Educación y Derechos Humanos A.C. (ACADERH) (Hidalgo) Agenda LGBT (Estado de México)
Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua)
Aluna Acompañamiento Psicosocial, A.C.(Ciudad de México)
Asistencia Legal porlos Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Ciudad de México) Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.) Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos “Miguel Hidalgo” (Jacala Hgo.) Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.)
Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.)
Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Ciudad de México)
Centro de Capacitación y Defensa de los Derechos Humanos e Indígenas, Asociación Civil (CECADDHI) (Chihuahua)
Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C.(Tlaxcala, Tlax.) Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Ciudad de México)
Centro de Derechos de la Mujeres de Chiapas (San Cristóbal de Las Casas, Chis.) Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.)
Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis)
Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Ciudad de México) Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C.(Tapachula, Chis.)
Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.)
Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Ciudad de México) Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.) Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua)
Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.)
Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.) Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.) Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz) Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.)
Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) (Estado de México) Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.)
Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.)
Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A. C. (Propuesta Cívica) (Ciudad de México)
Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.) Centro de los Derechos del Migrante (Ciudad de México)
Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.)
Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.) CentroJuvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Kalli Luz Marina (Orizaba, Ver.)
Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Ciudad de México) Centro Mujeres (La Paz, BCS.)
Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.)
Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.) Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.)
Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.) Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Ciudad de México)
Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.)
Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (Mexicali, Baja California) Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.)
Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.)
Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.)
Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.) Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Ciudad de México)
Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.)
Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.) Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.) Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.)
Comité de Derechos Humanos Ajusco (Ciudad de México)
Comité de Derechos Humanos de Colima No Gubermantal A. C. (Colima, Col.) Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab) Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab)
Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.) Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”(Ciudad de México) Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanosde Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.) Consultoría Técnica Comunitaria AC (CONTEC) (Chihuahua)
El Caracol, A.C (Ciudad de México); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.)
Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.) Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Ciudad de México) Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.)
Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue.)
Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Ciudad de México) Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.)
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz (Guadalajara, Jal.)
Justicia, Derechos Humanos y Género, A.C. (Ciudad de México)
La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes (La 72) (Tenosique, Tabasco)
Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A. C. (CIARENA) (Oaxaca)
Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (ODI) (Ciudad de México)
Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESCAC)(Estado de México) Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) (Ciudad de México)
Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Ciudad de México); Red Solidaria de Derechos Humanos, A.C. (Morelia, Michoacán)
Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí)
Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (SERPATAB) (Villahermosa, Tab.) Servicios de Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.)
Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.); VIHas de Vida (Guadalajara, Jal.)
Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes AC (San Cristobal de las Casas, Chiapas.

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Una mirada interna al Servicio Profesional de Carrera en la Procuraduría General de la República. https://imdhd.org/2019/02/06/una-mirada-interna-al-servicio-profesional-de-carrera-en-la-procuraduria-general-de-la-republica/ Wed, 06 Feb 2019 21:17:33 +0000 http://imdhd.org/?p=1280 Una mirada interna al Servicio Profesional de Carrera en la Procuraduría General de la República. Por: Xanny Hernández (@XannyHernandez) Ya hay fiscal general de la República y con ello un “nuevo” órgano de investigación de los delitos en México. Cabe recordar que el procedimiento de elección de dicho funcionario se realizó de acuerdo a lo
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Una mirada interna al Servicio Profesional de Carrera en la Procuraduría General de la República.

Por: Xanny Hernández (@XannyHernandez)

Ya hay fiscal general de la República y con ello un “nuevo” órgano de investigación de los delitos en México. Cabe recordar que el procedimiento de elección de dicho funcionario se realizó de acuerdo a lo establecido en el artículo 102 constitucional y fue coincidente con la posición de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en cuanto a que el Ejecutivo interviniera en dicho nombramiento, a pesar de los diversos pronunciamientos y exigencias para la reforma de dicho precepto.

El balance no es positivo y si bien uno de los grandes problemas proviene de la falta de autonomía de la institución y de su titular, también existe un conflicto de funcionamiento y organización de la propia Fiscalía. No se puede continuar con el mismo sistema de investigación ineficiente, que entre otras cosas, se sustenta en la falta de capacidad técnica y especializada del personal y que se refleja en los altos índices de impunidad y la falta de acceso a la justicia de múltiples víctimas de violaciones a sus derechos humanos.

En el 2017 la Procuraduría General de la República (PGR) presentó ante el Senado un auto-diagnóstico, en el que reconoció que su arquitectura institucional no era la idónea para soportar los procesos que exige el Sistema de Justicia Penal Adversarial y que su capital humano carecía de capacitación y profesionalización necesaria para enfrentar las exigencias de dicho sistema.[1]

Asimismo, desde el 2013 el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) realizó diversos diagnósticos relacionados con el Servicio Profesional de Carrera (SPC) de la PGR, entre ellos El Servicio Profesional de Carrera Ministerial, Policial y Pericial de la PGR: Diagnóstico de los procesos, normas y resultados relevantes”[2] y los “Lineamientos generales de operación para el Servicio Profesional de la PGR.”[3] Además, presentó el documento final “Rediseño del Servicio Profesional de Carrera de la Procuraduría General de la República, en el marco de la colaboración institucional entre el Centro de Investigación y Docencia Económicas y la Procuraduría General de la República en materia de revisión y, en su caso, rediseño del Servicio Profesional de Carrera de la PGR.”[4]

En el primero de los documentos, mismo que está dividido en cuatro subtemas (ingreso, desarrollo, la terminación y hacia un modelo de servicio profesional de carrera para la PGR: Los puntos críticos), el CIDE realizó la valoración de la normativa existente y que rige actualmente el SPC de la PGR, así como elaboró una serie de entrevistas al cuerpo directivo, y a las y los servidores públicos que integran el SPC.

Por lo que hace al apartado de “ingreso” se aportaron datos desagregados por rama, edad, género[5] y sueldos del personal que integra la PGR, así como se identificaron hallazgos relevantes relacionados con: i) falta de claridad respecto al perfil, competencias, habilidades y aptitudes sobre las y los funcionarios seleccionados para el ingreso; ii) escasa atención en las habilidades, competencias y conocimientos del esquema de formación inicial y reclutamiento, sobre el nuevo sistema penal acusatorio, y iii) problemas de  coordinación entre las unidades encargadas de la formación inicial y el reclutamiento del personal.[6]

En el apartado “desarrollo” el CIDE identificó a la profesionalización (capacitación), la evaluación del desempeño y control de confianza, el ascenso e incentivos (o estímulos) por el desempeño, así como la rotación, cambios de adscripción, permutas y registro del personal, como medulares para el análisis de la efectividad de dicho SPC.[7]

Por otra parte, de las entrevistas realizadas al cuerpo directivo y a las y los servidores públicos que integran el SPC, se desprendió que: i) los contenidos teóricos de la capacitación y formación no estaban actualizados y necesitaban ser rediseñados en concordancia con el sistema penal acusatorio; ii) la formación que se proporcionaba en los institutos de capacitación ya no era lo suficientemente útil, por lo que era necesario redefinirla; iii) existía angustia e inseguridad respecto a las evaluaciones de control de confianza; iv) se debían fortalecer las evaluaciones del desempeño conforme a sistemas de medición de resultados y estimular en el trabajo en equipo, el sentido de pertenencia e identidad en la institución; v) no se alentaba a la participación en la carrera profesional; vi) no existía transparencia y comunicación en los procedimientos de ascenso y proporción de incentivos para las y los trabajadores y, vii) los niveles salariales no incentivaban la aspiración a competir por cargos de mayor responsabilidad.[8]

Por lo que hace al apartado de “terminación”, que son las formas en que se dan por concluidas las relaciones laborales, los hallazgos estuvieron vinculados directamente con la forma en que son empleados los procedimientos de separación y remoción del personal, en los que además, se observó la utilización de criterios diferenciados para la aplicación de sanciones.[9]

En conclusión, entre otras cosas, el CIDE indicó que la falta de procedimientos e instrumentos eficaces que pudieran medir el desarrollo y los resultados de ese sistema, han propiciado entre las y los integrantes del SPC efectos contraproducentes que impactan en su estabilidad, el mérito, ascensos e incentivos, restando credibilidad y confianza en su aplicación. Asimismo, si bien normativamente el SPC de la PGR cuenta con un sustento legal, en la práctica carece de efectividad, claridad y transparencia.

Derivado del análisis de la información proporcionada, el CIDE detectó nueve “puntos críticos” a considerar en el proceso de construcción y consolidación de un verdadero SPC: la reorganización del sistema; el reclutamiento; la formación inicial; la gestión del aprendizaje; la gestión del rendimiento; los salarios y las promociones; las opciones de sanción y separación; el control de confianza y, la identidad y el sentido de pertenencia.[10]

Por ello, en el documento “Lineamientos generales de operación para el Servicio Profesional de la PGR”, se propusieron una serie de proyectos y decisiones que en el corto e inmediato plazo podrían ser impulsadas para un eficiente ejercicio del SPC en la PGR.[11] Asimismo, en su documento “Rediseño del Servicio Profesional de Carrera de la Procuraduría General de la República”, el CIDE hace una propuesta de cómo debería de construirse un SPC que verdaderamente pueda consolidarse de manera eficiente y eficaz, como una política viable y adecuada a nivel institucional, con contenidos estratégicos y estructurados para tal fin, atendiendo al nuevo sistema penal acusatorio.[12]

Finamente, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México elaboró el documento “Criterios orientadores para el diseño del proyecto de Ley de la Fiscalía General de la República”, en el que analizó la autonomía institucional como un elemento estrechamente ligado con el SPC y, de manera especial, con la facultad del titular de la FGR para designar a los y las servidoras públicas de mayor rango. Además, estableció que la regulación del SPC debería realizarse por medio de ordenamientos secundarios que habrán de regirse bajo los principios de “legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, respeto a los Derechos Humanos y equidad de género”.[13]

Como se puede notar, existe una base sólida de argumentaciones apoyadas en investigaciones y en realidades propias de la aplicación de la justicia en México, que hacen evidente la necesidad de que se implemente en la nueva FGR un SPC efectivo, que ante el escenario de discrecionalidad, corrupción e impunidad que vivimos en nuestro país, eche a andar una maquinaría institucional que asegure el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos y que genere en la sociedad la confianza necesaria para validar sus procedimientos de investigación criminal y garantice la efectividad en sus resultados.

En ese sentido y ante el reciente nombramiento de Alejandro Gertz Manero como titular de la FGR, se abre la incógnita de cuánta apertura se tendrá en esa dependencia para poner en marcha un SPC con las características aquí mencionadas, que fortalezca eficiencia organizacional, técnica y profesional, así como estabilidad y durabilidad en las decisiones y compromisos adoptados por la nueva administración.

 

 

[1] Procuraduría General de la República (2017). Hacia un nuevo modelo de procuración de justicia. Diagnóstico y Plan de trabajo, México, pág. 3 y 17-20.  Disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/239861/INFORME_PGR.pdf

[2] CIDE (2013a). El Servicio Profesional de Carrera Ministerial, Policial y Pericial de la PGR: Diagnóstico de los procesos, normas y resultados relevantes, México. Disponible en: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/site/destacados/cide-pgr/proyecto-2-servicio-profesional/pgr-diagnostico.pdf

 

[3] CIDE (2013b). Lineamientos generales de operación para el Servicio Profesional de la PGR, México. Disponible en: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/site/destacados/cide-pgr/proyecto-2-servicio-profesional/pgr-lineamientos.pdf

[4] CIDE (2013c). Rediseño del Servicio Profesional de Carrera de la Procuraduría General de la República, en el marco de la colaboración institucional entre el Centro de Investigación y Docencia Económicas y la Procuraduría General de la República en materia de revisión y, en su caso, rediseño del Servicio Profesional de Carrera de la PGR, México. Disponible en:  https://archivos.juridicas.unam.mx/www/site/destacados/cide-pgr/proyecto-2-servicio-profesional/pgr-documento-final.pdf

[5] Se observó que el 70% de las personas integrantes del SPC son hombres, quienes en la rama Ministerial ocupan el 58%, en la rama Policial el 86% y en la rama Pericial el 59%.

[6] CIDE (2013a), op. cit., pp. 41-45.

[7] Ibídem, pp. 46-83.

[8] Ibídem, pp. 83-89.

[9] Ibídem, pp. 99-100.

[10] Ibídem, p. 100.

[11] CIDE (2013b), op. cit., pp. 59-63.

[12] CIDE (2013c), op. cit., pp. 114-160.

[13]  IIJ-UNAM (2016). Criterios orientadores para el diseño del proyecto de Ley de la Fiscalía General de la República, México, pp. 20-21. Disponible en:  https://archivos.juridicas.unam.mx/www/site/destacados/cide-pgr/proyecto-ley-fgr.pdf

 

 

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Amicus Curiae sobre Inconstitucionalidad de Ley de Seguridad Interior https://imdhd.org/2019/01/31/amicus-curiae-sobre-inconstitucionalidad-de-ley-de-seguridad-interior/ Thu, 31 Jan 2019 23:13:37 +0000 http://imdhd.org/?p=1270 Lee completo el Amicus Curiae dando clic aquí
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Comunicado – Entrega de propuestas al gobierno federal sobre Verdad, Justicia y Reparación. Convocantes al segundo diálogo por la Paz, la Verdad y la Justicia. https://imdhd.org/2019/01/30/comunicado-entrega-de-propuestas-al-gobierno-federal-sobre-verdad-justicia-y-reparacion-convocantes-al-segundo-dialogo-por-la-paz-la-verdad-y-la-justicia/ Wed, 30 Jan 2019 23:33:18 +0000 http://imdhd.org/?p=1266 Lee el comunicado completo dando clic aquí
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Propuesta ciudadana para la construcción de una política sobre Verdad, Justicia y Reparación a la víctimas de la violencia y de las violaciones a derechos humanos https://imdhd.org/2019/01/21/propuesta-ciudadana-para-la-construccion-de-una-politica-sobre-verdad-justicia-y-reparacion-a-la-victimas-de-la-violencia-y-de-las-violaciones-a-derechos-humanos/ Mon, 21 Jan 2019 20:28:53 +0000 http://imdhd.org/?p=1242 “A pesar de toda la violencia documentada al menos desde 2006, la rendición de cuentas permanece prácticamente ausente. Como resultado, México ahora tiene la tasa más alta de impunidad de todos los países de América. Mientras tanto, la militarización de la seguridad pública, una causa fundamental de la fuerza indiscriminada y extrajudicial infligida a la
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“A pesar de toda la violencia documentada al menos desde 2006, la rendición de cuentas permanece prácticamente ausente. Como resultado, México ahora tiene la tasa más alta de impunidad de todos los países de América. Mientras tanto, la militarización de la seguridad pública, una causa fundamental de la fuerza indiscriminada y extrajudicial infligida a la población civil continúa acelerándose”.

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