Históricamente, el sistema de justicia mexicano ha invisibilizado las experiencias de violencia que viven las mujeres día con día en nuestro país, por lo que no resulta una cuestión novedosa afirmar que, tanto los derechos humanos, como la justicia, son inalcanzables para miles de mujeres que se acercan a las autoridades para denunciar los diversos delitos que se cometen en su contra.

Además, el cabal reconocimiento de los derechos de las víctimas y la atención digna que se les debe otorgar es un tema que lleva pendiente más de diez años.

Tanto la reforma constitucional en materia de derechos humanos (2011), como la reforma al sistema de justicia en México (2014), incluyeron todo un catálogo de derechos para las víctimas dentro del proceso penal, así como una serie de principios fundamentales para asegurar el debido proceso y la igualdad de las partes. Sin embargo, al día de hoy, las mujeres víctimas de violencia no han podido ejercer esos derechos, específicamente, aquellos relacionados con el acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación.

Desde hace más de siete años, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia A.C. (IMDHD) ha acompañado a diversas mujeres durante todas las etapas de su proceso penal a fin de llegar a una resolución judicial que sancione a sus agresores y que les repare un poco de todas las afectaciones que han sufrido a causa de la violencia vivida.

Aunque el camino recorrido ha sido arduo, tardado, revictimizante y, en muchas ocasiones, inhumano, se ha logrado obtener 19 sentencias favorables para los intereses de las mujeres que acompañamos, todas ellas víctimas de múltiples tipos de violencia. En este informe se retoman las experiencias vividas dentro de los procesos procesos penales que han sido resueltos durante el 2022 y 2023.

Ahora bien, es importante resaltar que, aunque se hayan obtenido resultados favorables en los casos señalados, eso de ninguna manera significa que para las mujeres que acompañamos se haya obtenido justicia, sobre todo porque consideramos que depende de cada persona definir lo que para ella es la justicia y si en cada caso se alcanzó o no.

De una forma muy general, la justicia ha sido definida retomando a los juristas romanos como la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno su propio derecho. Sin embargo, hoy en día las clásicas nociones del concepto “justicia” no resultan suficientes, pues en un mundo marcado por la desigualdad estructural y la discriminación histórica, la justicia no puede seguir los parámetros tradicionales.

El derecho fundamental de acceso a la justicia ha sido definido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) como la posibilidad de obtener de los órganos competentes del Estado el esclarecimiento de los hechos violatorios y el establecimiento de las responsabilidades correspondientes.

En atención a lo anterior, el artículo 8.1 del Pacto de San José de Costa Rica dispone que:

Estas definiciones anteriores, aunque tienen amplia aceptación y aplicabilidad en los tribunales nacionales e internacionales, lo cierto es que difieren mucho de lo que las propias víctimas consideran como Justicia.

La cuestión aquí es, entonces, confrontar la visión de justicia que se impone desde el Estado -a través del sistema de justicia y sus autoridades- a las víctimas, en contraposición a la visión que tienen ellas.

¿Es una sentencia sinónimo de justicia? Esa es la pregunta con la que se titula el presente informe y la que va a dirigir el rumbo de las reflexiones que se realicen a lo largo de su lectura.