Revisión de la intervención de México durante el 29° período de sesiones, Comité Contra la Desaparición Forzada (CED) Reunión con los Estados Miembros y las organizaciones de sociedad civil
Por Silvia Chica y Edgar Cortez
El pasado 29 de septiembre la representación del Estado Mexicano mantuvo una reunión con el CED a propósito del proceso que se realiza bajo el artículo 34 de la Convención.
En ese encuentro el Estado mexicano hizo las siguientes manifestaciones y desde Red Lupa creemos que debemos analizar con detalle lo dicho por la Cancillería mexicana.
¿Qué dijo México y qué pensamos desde Red Lupa?
Muchas gracias, señor Presidente, agradezco esta nueva oportunidad de dirigirme al Comité, y lo felicitamos por su reciente designación y también felicitamos a los nuevos miembros del Comité que han sido electos.
Comentarios: El Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED) es un órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas por sus Estados Partes. Su función principal es revisar los informes periódicos de los Estados sobre la implementación de la Convención y emitir recomendaciones para mejorar la protección de los derechos humanos contra este flagelo.
El Comité está compuesto por 10 expertos independientes que son personas de alta consideración moral y reconocida competencia en el campo de los derechos humanos, que actúan a título personal y son independientes e imparciales.
El actual presidente del Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas es Juan Pablo Albán, experto ecuatoriano.
México es uno de los países más abiertos al escrutinio internacional y que más colabora con el sistema internacional de derechos humanos. Somos parte de las nueve Convenciones de Naciones Unidas sobre derechos humanos, miembros activos del Sistema Interamericano y damos puntual seguimiento a todas las solicitudes que se derivan de estos mecanismos y de los procedimientos especiales, a quienes les hemos extendido una invitación abierta para visitar el país.
Comentario: México ha recibido numerosas visitas tanto del Sistema Universal como de Derechos Humanos pero el punto débil es la implementación y cumplimiento de las recomendaciones recibidas.
Desde 2008, año en que México ratificó la Convención Internacional contra las Desapariciones forzadas, mi país ha colaborado de manera permanente con el Comité. Fuimos el primer Estado en recibir una visita in loco en 2021. Hemos presentado puntualmente informes periódicos, respondido a las comunicaciones y atendido las acciones urgentes. Adicionalmente, en 2020 México se convirtió en uno de los muy escasos 30 Estados que reconocen la competencia contenciosa del Comité para recibir y examinar comunicaciones individuales, de conformidad con el artículo 31 de la Convención.
Comentario: El CED solicitó al Estado Mexicano visitar el país desde 2013 y sólo hasta 2021 se concretó dicha visita, es decir hubo que esperar 8 años.
El informe resultado de la visita contiene diversas e importantes recomendaciones, las cuáles no se han cumplido cabalmente.
Veamos algunos ejemplos:
El CED recomendó establecer una “Política Nacional de Prevención y Erradicación de la desaparición” (Párrafo 31 y siguientes).
Esta política no existe hasta la fecha y el número de personas desaparecidas no deja de crecer de manera sistemática.
“El Comité insta al Estado parte a que erradique todas las causas estructurales de la impunidad” (Párrafo 43)
En la actualidad sólo existen 373 sentencias en materia de desaparición, lo que significa menos del 0.3 por ciento con respecto al total de casos 133,740.
“Comité insta al Estado a abandonar el enfoque militarizado de seguridad pública” (Párrafo 48)
Al respecto la militarización se profundiza pues este mismo año se concretó que la Guardia Nacional sea parte de la Sedena, además de las reformas en materia de inteligencia e investigación que facultan a las Fuerzas Armadas para acceder a los datos personales que estén en bases de datos públicas y privadas.
EL CED también recomendó que las instituciones involucradas en los procesos de búsqueda, investigación, judicialización de los casos, atención, reparación a las víctimas y prevención de las desapariciones deben establecer planes de trabajo periódicos, detallados y coordinados, con metas claras, que aseguren la implementación de las herramientas disponibles, permitan abordar la carga laboral de forma estratégica y eficaz y sean objeto de seguimiento y mecanismos de rendición de cuentas. (Párrafo 67)
Al respecto no existe el Programa Nacional de Búsqueda, ni el Programa Nacional de Exhumaciones e Identificación Forense y tampoco metas claras para evaluar el avance.
Red Lupa documentó que de 2018 a la fecha se han creado 124 instituciones con responsabilidad en desaparición de personas pero sin que eso represente un avance en términos de resultados.
https://imdhd.org/redlupa/wp-content/uploads/2025/01/balance-ciudadano.pdf
Luego de la presentación del informe resultado de la visita del CED, durante el 2022 la Secretaría de Gobernación intentó impulsar el espacio de coordinación entre instituciones públicas y sociedad civil para dar seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones, sin embargo dicho espació no prosperó.
Con relación al procedimiento iniciado con base en el artículo 34 de la Convención y en este mismo espíritu de cooperación, mi país ha presentado de manera puntual y detallada su respuesta a la solicitud de información del Comité. Si bien hemos expresado nuestro desacuerdo con la decisión de este Comité, hemos asumido este procedimiento con la misma seriedad y responsabilidad que caracteriza nuestro compromiso internacional. Lo hacemos porque estamos convencidos de que esta es una oportunidad para demostrar que están ustedes frente a un Estado decidido a combatir con apertura y cooperación el complejo desafío que plantea la delincuencia organizada transnacional, poniendo siempre en el centro a las víctimas y a sus familias.
Comentarios: El informe entregado por el Estado México sobre el procedimiento del artículo 34 no es público a la fecha.
La referencia a la delincuencia organizada transnacional, puede deberse al señalamiento reiterado que el gobierno mexicano ha hecho identificando como principales responsables a particulares y no a funcionarios y/o servidores públicos. Indica que esta práctica está a cargo de delincuencia organizada que opera de manera transnacional. Es necesario recordar que en la legislación interna hay tipificado un delito que se denomina Desaparición Cometida por Particulares. México es el único país de los estados parte que tiene este tipo de delito.
La desaparición de personas es una práctica instaurada por los principales cárteles de la droga y todas las estructuras de delincuencia organizada; sin embargo, la desaparición de personas sigue siendo una falla en la protección que el estado debe otorgar a cualquier persona en su jurisdicción, sumado a esto resulta poco probable que la dimensión actual del problema no sea consecuencia directa de la aquiescencia, omisión e impunidad del delito.
Reconocemos la magnitud del problema y no negamos sus retos, pero también afirmamos con firmeza que el Estado mexicano no consiente, no permite, ni ordena desapariciones forzadas, y que seguirá redoblando esfuerzos para erradicarlas.
Comentarios: Algunos ejemplos de la participación del Estado mexicano (ha consentido, permitido y ordenado) en la desaparición de personas:
- Gobernador Javier Duarte de Ochoa, implicado en la desaparición de personas en el estado de Veracruz.
1 de diciembre de 2010 a 12 de octubre de 2016.
- Desaparición de 43 normalistas en el municipio de Ayotzinapa con la aquiescencia y participación de servidores públicos.
26 de septiembre de 2014.
https://comisionayotzinapa.segob.gob.mx/es/Comision_para_la_Verdad/Sexto_Informe
- Sedena y Marina, responsables de desaparición masiva de personas en Coatzacoalcos Veracruz.
11 y 12 de mayo de 2015.
- Fiscalía de Nayarit implicada en desapariciones masivas.
Año 2017
https://quintoelab.org/fragmentos/nayarit-desaparecidos/
- Gobierno municipal de Nochixtlan Oaxaca. Presidenta municipal del partido MORENA Lizbeth Victoria Huerta responsable de desaparición forzada de una defensora de derechos humanos.
Marzo 26 de 2021
- Guardia Nacional y Gobierno municipal implicados en omisiones en la desaparición de personas a partir de hallazgos en el rancho Izaguirre – Teuchitlán Jalisco.
Marzo de 2025
https://www.jornada.com.mx/noticia/2025/03/20/opinion/rancho-izaguirre-la-continuidad-del-terror
La afirmación que hace el Estado respecto a que no consiente y no permite desapariciones forzadas, carece de evidencia empírica, pues la mayoría de las denuncias sobre estos hechos, carecen de investigación rigurosa y por tanto de evidencia respecto de los perpetradores.
México valora profundamente el papel del Comité en la aplicación de la Convención. Por ello, hacemos eco de lo establecido por la Comisión de Derecho Internacional y señalamos que la interpretación de un órgano de tratado no puede ni debe sustituir el acuerdo de los Estados Parte de una Convención. Ni convertirse por sí mismo en práctica ulterior que modifica el sentido del Tratado en cuestión.
Comentarios: Si bien la afirmación sobre la interpretación del tratado es correcta, no olvidemos que lo que se está poniendo en práctica es un procedimiento que se encuentra dentro de un artículo de la Convención.
Cuando México suscribió la Convención aceptó que se pueda activar el artículo 34 y su procedimiento.
Tal y como lo mencionó el Presidente del Comité, para México es fundamental fortalecer la confianza de los Estados Parte y alentar a más países a sumarse a este instrumento jurídico que consideramos fundamental.
77 países han ratificado la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
https://treaties.un.org/pages/viewdetails.aspx?src=treaty&mtdsg_no=iv-
16&chapter=4#
No olvidemos que en este conjunto de países México tiene el mayor número de Acciones Urgentes presentadas ante el CED. Se ha informado públicamente de 773 procedimientos.
Distinguidos miembros del Comité, en el caso de México, no existe una práctica generalizada ni sistemática de desaparición forzada. Los avances jurídicos, institucionales y forenses, así como las políticas de búsqueda y de atención a víctimas, acreditan el compromiso del Estado para enfrentar este delito con determinación.
Comentarios: Desde la sociedad civil podemos constatar con análisis de datos oficiales y públicos el carácter generalizado de la desaparición. En la actualidad en la totalidad de los estados suceden desapariciones.
Es un reto para las autoridades de procuración de justicia investigar la sistematicidad, pero esto no tendrá lugar si no hay apertura del Estado para dar curso a las investigaciones.
Deseamos mantener una cooperación plena y transparente con este Comité, convencidos de que el diálogo respetuoso y el trabajo conjunto y no la confrontación son esenciales para fortalecer la Convención y garantizar verdad, justicia y reparación a las víctimas.
Comentarios: Es una buena práctica por parte del Estado mexicano entregar el informe solicitado, sería muy constructivo que dicho informe se hiciera público, garantizando la transparencia y la rendición de cuentas ante la ciudadanía.
Para muchos colectivos y familiares en búsqueda de personas desaparecidas, la presión internacional es una alternativa ante el poco o deficiente avance en la búsqueda e investigación de sus casos. Red Lupa ha documentado que en México se han creado numerosas instituciones, se hacen gran cantidad de acciones pero el resultado es inexistente o al menos pobre. Como ya mencionamos no existen planes, ni metas, ni plazos para conseguir resultados precisos.
Compartimos la preocupación del Comité sobre el impacto que ha tenido la crisis financiera de Naciones Unidas en los órganos de tratados. Históricamente, el pilar de derechos humanos siempre ha sido el pilar con menor financiamiento en la ONU.
Comentarios: La crisis financiera de la ONU es profunda y recurrente, causada principalmente por el incumplimiento de los pagos de cuotas por parte de Estados Miembros clave, como Estados Unidos. Esta falta de liquidez obliga a la organización a recortar gastos y reestructurar sus prioridades de asistencia humanitaria, afectando a millones de personas vulnerables.
México está activamente involucrado en el proceso de ONU80 para preservar a Naciones Unidas en este contexto. En este contexto de restricciones, son momentos complejos y todos debemos adaptarnos para atender este reto y para continuar asegurando la efectividad y eficiencia de los órganos de tratados. Participaremos de manera activa en este proceso.
Comentarios: El proceso ONU80 se refiere a la iniciativa de reforma de todo el Sistema de las Naciones Unidas, lanzada para optimizar sus operaciones, aumentar su impacto y reafirmar su relevancia en un mundo en constante cambio. Se divide en tres líneas de trabajo: mejora de la eficiencia interna y reducción de la burocracia, revisión de la implementación de los mandatos asignados por los Estados miembros y exploración de cambios estructurales y reestructuración de programas.
Escuchar a las familias: el camino para una respuesta efectiva del Estado mexicano
Como ya lo han reiterado los familiares este proceso puede ser una oportunidad para obtener y aprovechar la cooperación internacional, pero en cualquier caso la solución radica en los esfuerzos nacionales.
En abril pasado se dieron una serie de reuniones entre familiares de personas desaparecidas, organizaciones que les acompañan y autoridades federales, encabezadas por la Secretaría de Gobernación. En esa ocasión la discusión se acotó a la propuesta de reforma de la Ley general, en tanto que la discusión sobre las políticas públicas quedó pendiente y a la fecha no se retoma.
Las familias y las organizaciones que les acompañan tienen una basta experiencia, conocen los problemas e identifican soluciones pero las autoridades son renuentes a escuchar y aprovechar esa experiencia.
El CED informará próximamente sobre el seguimiento del proceso bajo el artículo 34, esperamos que sea una propuesta acorde a la gravedad del problema. Pero sobre todo esperamos que el Estado mexicano apure las alternativas e incorpore las propuestas de los familiares y de las organizaciones civiles.
