La Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas (Ley General) fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de noviembre de 2017, y entró en vigor el 16 de enero de 2018. A la fecha lleva más de 5 años de implementación.
Si bien la Ley no refleja todas las exigencias que las familias solicitaron para contar con mecanismos eficaces de búsqueda, investigación e identificación forense, es un avance significativo en la materia y corresponde a las autoridades asegurar su implementación.
Gracias a la Ley se unifican los criterios y se establecen responsabilidades en materia búsqueda, investigación e identificación. Sin embargo uno de los mayores retos es la coordinación entre las diferentes autoridades concernidas para que cada una cumpla adecuadamente sus oblligaciones evitando la fragmentación, los problemas de competencias en la investigación y la coordinación para la búsqueda. Además, las acciones de implementación pasan por la obligación de la federación y los estados de dotar de recursos económicos, técnicos y humanos suficientes para poner en práctica, entre otros aspectos, las herramientas que soportan los registros, las bases de datos y sistemas homologados de información.
El fenómeno de la desaparición de personas es un problema estructural que requiere acciones de Estado desde una política pública integral que atienda sus causas. Dicha política aún no es una realidad y para lograrla es necesario que desde todos los órdenes del Estado, la sociedad civil, las familias de personas desaparecidas, la ciudadanía en general y el acompañamiento de la comunidad internacional, continuemos trabajando para que existe y se opere en todo el territorio.
