Por: Edgar Cortez
El 31 de marzo la presidente Claudia Sheinbaum presentó su propuesta de reforma a la ley general en materia de desaparición forzada y las primeras declaraciones de la senadora presidenta de la Comisión de Gobernación, Lilia Valdez, fueron que en cosa de una semana se aprobaría. Se imponía la urgencia.
Frente a esa premura las familias de personas desaparecidas manifestaron escepticismo de posibles encuentros pues parecía que simplemente se pretendía cumplir una formalidad y no un proceso de diálogo efectivo.
¿Reformar una ley es la mejor respuesta a la crisis de desapariciones?
Después de varios señalamientos por parte de las familias de personas desparecidas, la presidenta anunció que se pondría pausa a la aprobación de la ley para poder reunirse y escuchar a las familias.
En este contexto resulta muy necesario revisar la experiencia para identificar los obstáculos existentes y las alternativas necesarias para desarrollar soluciones.
Intentemos un apunte sobre qué se requiere hacer en México y para eso me guío en el trabajo realizado por Red Lupa.
El 16 de enero de 2018 empezó la aplicación de la Ley general, es decir hace más de siete años, tiempo que permite tener información suficiente sobre lo hecho, las fallas y cuáles son las posibilidades de avance.
Uno de los principales problemas detectado es la falta de coordinación entre las instituciones federales, entre éstas y las estatales e igualmente sucede con las locales. Entre las causas está que no hay un propósito expreso que compartan todas estas instituciones, me refiero a una apuesta realmente nacional de atención a la desaparición.
Por tanto, se requiere que la presidenta proponga una “Estrategia de atención a las desapariciones”, algo similar a la estrategia de seguridad que presentó el 8 de octubre 2024, donde se establecen los ejes prioritarios, los objetivos pretendidos y el destino de los recursos presupuestales.
el gobierno federal debería priorizar trabajar en la elaboración del Programa Nacional de Búsqueda en coordinación con las comisiones estatales para que, a su vez, éstas formulen planes estatales de búsqueda debidamente coordinados para sumar esfuerzos y recursos.
Obviamente estamos hablando de las políticas públicas que se desplegarán y que podrían incluir reformar legislativas pero no circunscribirse a éstas, como sucede en el caso presidencial.
Desde hace tiempo la principal exigencia de los familiares de personas desaparecidas es que se busque y localice a las personas, por lo que diariamente cientos de ellas todos los días están en procesos de búsqueda. A la par las comisiones de búsqueda, tanto nacional como local, reportan numerosas acciones de búsqueda, que pueden consistir en pegar fichas de búsqueda en lugares públicos, inspecciones de terrenos o casas abandonadas o lugares donde pudieron enterrarse cuerpos sin vida, entre otras.
Muchas de estas búsquedas se priorizan en razón de la exigencia y presión de las familias pero no necesariamente porque exista información para presumir que serán exitosas y con resultados. Esta situación existe tanto en Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) como en las comisiones estatales.
Un aspecto del problema es que no existe planeación de la búsqueda en el sentido de dar orden, racionalidad y conseguir los mejores resultados. La CNB no tiene el Programa Nacional de Búsqueda, que debió estar listo desde el 12 de septiembre de 2018 y la mayoría de las comisiones locales tampoco.
Cuando se discutió la ley con los familiares se previó que el programa de búsqueda tenía que contar con diagnóstico, línea de base, identificar las estrategias regionales y locales de búsqueda, cuantificar los recursos disponibles y establecer metas, entre otros aspectos.
Por tanto, el gobierno federal debería priorizar trabajar en la elaboración del Programa Nacional de Búsqueda en coordinación con las comisiones estatales para que, a su vez, éstas formulen planes estatales de búsqueda debidamente coordinados para sumar esfuerzos y recursos.
Parte de este mismo esfuerzo tendría que apuntar a la depuración y mejora del Registro Nacional de Personas Desparecidas y No localizadas (RNPDNL), tal y como se establece en la ley general.
Contar con un RNPDNL de calidad y que dé cuenta del número más aproximado de personas desaparecidas en México, tiene que ser un trabajo que se hace desde lo local y para lo cual se destinan los recursos necesarios.
En términos concretos supondría que la CNB aliente procesos en cada estado para integrar un solo registro de personas desaparecidas, construido con la participación de las familias y que pueda ser auditado externamente. La CNB puede tener un papel clave para esto y además cuenta con el presupuesto para subsidiar el trabajo local.
Existe además el Sistema Nacional de Búsqueda que tiene como objetivo: establecer las bases generales, políticas públicas y procedimientos entre las autoridades para la búsqueda, identificación, investigación y prevención de las desapariciones. Hasta ahora este sistema funciona como una reunión informativa y de toma de acuerdos mínimos.
Donde las carencias son casi totales es en materia de identificación. El Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH) no existe, y una tarea crucial está en desarrollar capacidad para identificar.
A este respecto es necesario determinar la mejor forma para conseguir ese propósito. Una alternativa viable podría ser trabajar para tener 3 o 4 centros regionales de identificación que estén coordinados y a los que se asegure el presupuesto para que funcionen de manera permanente. En la República Mexicana ya se tiene la experiencia positiva del Centro Regional de Identificación Humana de Coahuila.
Lo anterior supone abandonar la idea que cada estado tenga un centro de identificación genética que medio funcione. Esta es una mala opción que los gobernadores alientan para aparentar soluciones.
Tanto en búsqueda como en identificación resultan indispensables que los registros con información sean interoperables para confrontar información de personas que se buscan y restos humanos sin identificar. Este es uno de los escollos insalvables que afectan negativamente a la búsqueda e identificación de las personas.
En la ley está prevista la existencia de registros nacionales como el Registro Nacional de Personas Fallecidas, No identificadas y No reclamadas (RNPDNL), el Banco Nacional de Datos Forenses, etc. La mayoría están aún en construcción pero tienen nula o poca interoperabilidad.
Tal vez será necesario pensar en procesos progresivos de interoperabilidad, ya sea de manera local o regional, o entre algunos de los registros existentes y no condicionar a contar con los registros nacionales lo cual puede dilatar aún mucho tiempo.
También se requiere de establecer un programa de trabajo que nos lleve progresivamente a que los sistemas sean interoperables hasta el nivel nacional.
se requiere que la presidenta proponga una “Estrategia de atención a las desapariciones”, algo similar a la estrategia de seguridad que presentó el 8 de octubre 2024, donde se establecen los ejes prioritarios, los objetivos pretendidos y el destino de los recursos presupuestales.
En materia de justicia la tarea es enorme al grado que el Comité contra las desapariciones (CED) de la ONU ha calificado este delito como “perfecto” en el caso de México a causa de las nulas posibilidades de haber castigo para los responsables.
Por lo anterior, se insiste en que cada Fiscalía establezca un programa de priorización de los casos que tiene y establezca planes de investigación que le permitan incrementar el número de asuntos judicializados.
Finalmente, habría que considerar la prevención para evitar que el número de personas desaparecidas siga creciendo como hasta ahora. Esta área requiere de campañas permanentes de difusión sobre el riesgo de la desaparición, qué hacer si hay un caso de esta índole, así como difundir las obligaciones de las instituciones al respecto.
Estas propuestas son algunas que están al alcance de las instituciones y son factibles.
Un ejemplo de una buena práctica es lo que está pasando en la CDMX. El 31 de enero de 2025 la jefa de Gobierno Clara Brugada anunció la instalación del Gabinete de Búsqueda en la Ciudad de México, el cual debía proponer la estrategia de búsqueda para la ciudad y la que será presentada el día de mañana. La novedad está en que se propone un conjunto de políticas públicas y mecanismos de coordinación interinstitucional donde se reconocen los problemas y se plantean alternativas.
¿Por qué entonces la presidenta se ha conformado con una reforma de la ley general?
