Por: Edgar Cortez
Lo encontrado en el rancho de Teuchitlán obligó, a la presidenta Claudia Sheimbaum, a referirse por primera vez de manera directa al tema de la desaparición de personas en el país y hasta ahora la única medida concreta es la propuesta de reforma a dos leyes.
Ayer, 31 de marzo, la Secretaría de Gobernación entregó al Senado la propuesta de reforma a la Ley general de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda (Ley general) y a la Ley General de población (ley de población).
Revisemos sólo uno de sus contenidos clave
En materia de desaparición la propuesta central consiste en la creación de la Plataforma Única de Identidad que estará a cargo del Registro Nacional de Población y la Clave Única de Registro de Población (CURP) será la pieza central para realizar búsqueda inmediata y efectiva de personas.
Para esto se prevé que esta plataforma se conecte con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, el Banco Nacional de Datos Forenses y otros registros administrativos. También se establece la obligación para que toda autoridad e institución privada que maneje información biométrica o de identificación permita la consulta a instancias como Fiscalía General de la República, Fiscalías locales, instituciones de seguridad y al Centro Nacional de Inteligencia.
Uno de los registros a los que se hace referencia para ser consultado es el padrón electoral, responsabilidad del Instituto Nacional Electoral, entre otros.
se ha planteado la pregunta sobre cuál es el diagnóstico de los problemas y cómo eso sustenta que estas propuestas son las adecuadas. Hasta el momento no lo sabemos.
También se establece que todas instituciones que tengan o manejen restos humanos deben tener registros y que sean accesibles para las autoridades que investigan la desaparición.
La Secretaría de Gobernación será la encargada de permitir a las Fiscalías y Comisiones de Búsqueda el acceso a la Plataforma Única de Identidad.
Desde hace tiempo se ha señalado que parte del problema para lograr una búsqueda e identificación de las personas desaparecidas es la falta de registros nacionales que sean interoperables y permitan consultas masivas y permanentes. Existiendo la necesidad, la propuesta contenida en la iniciativa tiene diversos cuestionamientos.
La Ley general de desaparición estableció que una de las facultades del Sistema Nacional de Búsqueda es:
Establecer, en coordinación con las autoridades federales y las Entidades Federativas, la integración y funcionamiento de un sistema único de información tecnológica e informática que permita el acceso, tratamiento y uso de toda la información relevante para la búsqueda, localización e identificación de Personas Desaparecidas o No Localizadas; así como para la investigación y persecución de los delitos materia de esta Ley (artículo 49, fracción II).
Más de siete años después este sistema (SUITI) no funciona como tal y sólo alguna partes existen pero no necesariamente se interconectan, por qué creer que ahora si será posible.
No habría que olvidar que tenemos años de fracasos intentando construir diversos registros nacionales. Un ejemplo sería CODIS, una base de datos de investigación criminal que hace unos 15 años el gobierno de Estados Unidos donó a México para integrar un registro nacional útil para la investigación penal, propósito que aún no se logra. Otro ejemplo es la propuesta para crear un registro nacional AM/PM, base de datos diseñada por el Comité Internacional de Cruz Roja (CICR) para cualificar la búsqueda de personas y que fue donada a las instituciones mexicanas, pero que nunca logró concretarse de manera nacional.
Desde el anunció de la propuesta de Plataforma Única de Identidad, por parte de la presidenta, se ha planteado la pregunta sobre cuál es el diagnóstico de los problemas y cómo eso sustenta que estas propuestas son las adecuadas. Hasta el momento no lo sabemos.
La propuesta de la plataforma establece que se dará acceso a numerosos registros a las Fiscalías, a las instituciones que forman parte del Sistema de Seguridad y al Centro Nacional de Inteligencia, sin que se precisen los mecanismos de control para evitar accesos inadecuados, incluso de posibles perpetradores que operan desde las instituciones de procuración de justicia o de seguridad.
Aunque la reforma propone que habrá accesos a numerosos registros como el del padrón electoral. Cuando se anunció esa posibilidad, la Consejera presidenta del INE, señaló que el proceso de la CURP con fotografía y padrón electoral son dos procesos totalmente independientes. Y en el caso de solicitar información para localizar personas sería para agilizar las consultas y aun así habría que revisarlo con detenimiento.
Decreto para hacer lo que no han podido o querido hacer
Por tanto, esta propuesta puede requerir un proceso de implementación sumamente complejo y que necesite de mucho tiempo, mientras que en contraposición las familias piden soluciones que llevan esperando demasiados años.
Habría muchos otros aspectos a comentar de la iniciativa pero planteo por ahora sólo este y los problemas que conlleva.
Otro déficit de este proceso es la inexistencia de diálogo entre la presidenta y las familias de personas desaparecidas, que se refleja en la distancia entre el diagnóstico y las prioridades de las familias y las del gobierno federal.
Luego de más de siete años de implementación de la Ley general es posible identificar dónde están los problemas y se puede afirmar que los principales escollos no están en la ley sino en las políticas públicas desplegadas que han sido parciales, erróneas o inexistentes.
Hasta ahora la respuesta de la presidenta ha sido la “respuesta fácil” a los problemas públicos: reformemos la ley. Sin embargo se necesita mucho más que eso.
