Por Edgar Cortez
Uno de los asuntos graves que no tiene una acción precisa por parte del gobierno federal, es lo que se refiere a las personas desaparecidas.
El número de personas desaparecidas al inicio del gobierno de la presidenta rondaba las 115 mil personas, mientras que a inicio del 2026 el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas (RNPDNL) contabiliza 133,485. En sólo 15 meses el número se incrementó en unas 18 mil personas desaparecidas
Para el homicidio y luego la extorsión, delitos que estaban al alza, se han formulado sendas estrategias de acción, mientras que en el caso de la desaparición a pesar del incremento constante no existe una estrategia.
La presidenta ha dicho en diversos momentos que se atiende a las familias de personas desaparecidas, pero ¿qué ha sucedió realmente?
Luego del hallazgo del Rancho Izaguirre en Jalisco el gobierno federal necesitaba mostrar interés en el tema de las personas desaparecidas, lo que dio lugar a una serie de reuniones encabezadas por la Secretaría de Gobernación con colectivos de familiares de personas desaparecidas durante el mes de abril de 2025. En esas reuniones se identificaron conjuntamente 5 temas en los cuales era necesario desplegar o mejorar políticas públicas. Los temas fueron:
- Búsqueda de las personas desaparecidas y seguridad de las personas buscadoras
- Identificación forense de los restos humanos sin identificar
- Bases de datos e interconectividad de estas
- Atención a las necesidades de los familiares en materia de salud, vivienda, educación, etc.
- Prevención de las desapariciones
Luego de esa identificación la Secretaría de Gobernación insistió que previo a estos temas había que revisar la propuesta de reformas a la ley general que ya había presentado la presidenta.
Las familias accedieron y se realizó un acelerado proceso pues el gobierno quería modificar la ley lo más pronto posible.
Una vez que se modificó la ley, las reuniones entre colectivos y gobernación entraron de nueva cuenta en pausa a pesar de la insistencia de las familias.
Sólo hasta diciembre pasado la Secretaría de Gobernación planteó reanudar las reuniones, pero para un solo propósito: revisar el protocolo homologado de búsqueda y posteriormente la FGR sumó el protocolo homologado de investigación.
La revisión del primer protocolo fue tortuosa para las familias pues no contó con ningún apoyo didáctico y la revisión fue lectura y comentarios párrafo por párrafo de un documento sumamente extenso. Finalmente, en la sesión del mismo mes de diciembre del Sistema Nacional de Búsqueda se aprobó el nuevo texto del protocolo homologado de búsqueda, en tanto que el de investigación aún está pendiente de revisión.
Abandonan “censo” de AMLO; anuncian nuevo cómputo de desapariciones
En resumen, los resultados de los dos ciclos de reuniones entre la Secretaría de Gobernación y los familiares de personas desaparecidas ha sido modificaciones a la ley general y a uno de los protocolos, pero las desapariciones siguen imparables.
Los cambios a la ley general se han presentado como un gran avance pues supuestamente pronto habrá una Plataforma nacional de identificación usando la CURP con datos biométricos.
Sin embargo, nadie ha explicado como eso se aplicará a las desapariciones sucedidas tiempo atrás y que no cuentan con CURP biométrica, menos aún que nuevas cosas que se harán para adelantar las investigaciones penales de esos casos en que desde hace mucho tiempo no se investiga nada.
Uno de los cambios que se incorporó a la ley general es que ahora debe haber una carpeta de investigación por cada desaparición. Eso de entrada suena bien pues durante mucho tiempo fue una exigencia de las familias.
Pero existen varios problemas para que eso se concrete, por ejemplo, que los Ministerios Públicos sean diligentes para con las personas que llegan a denunciar, y renuncien a todas las prácticas dilatorias a las que han recurrido para evitar que el número de denuncias crezca sin cesar.
Otro problema es que no existen incentivos para que las familias denuncien. Muchas familias no denuncian pues saben de la connivencia entre los delincuentes y las autoridades, de manera que denunciar significa ponerse en riesgo. Por otro lado, denunciar no representa una vía para acceder a la justicia.
Además, existe el riesgo que bajo este cambio se disminuya forzadamente el número de desapariciones, revirtiendo un logro contenido en la ley en su versión de 2017 que permitía que la desaparición se podía denunciar penalmente o bien sólo hacer un registro ante las comisiones de búsqueda ya se por imposibilidad de denunciar o por el riesgo existente.
Están además los pendientes que se derivan de la ley general desde 2018 como son el Programa Nacional de Búsqueda, el Programa nacional de exhumaciones e identificación, el pleno funcionamiento del Banco Nacional de Datos forenses y la inexistencia del Centro Nacional de Identificación Humana.
Hasta ahora las numerosas instituciones creadas para atender las desapariciones son instituciones que realizan acciones, pero consiguen pocos o nulos resultados, esto es lo que tiene que cambiar.
Por tanto, lo que se requiere es que el gobierno diseñe una estrategia articulada y que se proponga objetivos concretos que se puedan evaluar; y esa estrategia sólo se puede construir en diálogo con las familias, pero no de la manera acotada como se ha hecho hasta ahora.
