Por: Edgar Cortez
El Gobierno federal reforma leyes y revisa protocolos, pero no localiza personas, no identifica restos humanos y tampoco rompe con la impunidad.
El número de personas desaparecidas rebasa las 133 mil y el gobierno federal carece de una estrategia de atención a esta realidad escandalosa.
Informe Nacional de personas desaparecidas 2025
Lo que sí ha hecho es lo siguiente
En julio de 2025 modificó la Ley general en Materia de Desaparición forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda (ley general) para incorporar nuevas medidas como:
- La ficha única de búsqueda
- La alerta nacional de búsqueda
- La Base Nacional de carpetas de investigación
- La Plataforma Unida de identidad usando la Clave Única de Registro de Población (CURP) con datos biométricos
- La obligatoriedad de las autoridades para que, cuando exista una desaparición, inicien de inmediato una carpeta de investigación
- Que todas las instituciones públicas y privadas que tengan registros personales den acceso a sus bases de datos
- Todos los servicios periciales y médico forenses organicen de inmediato sus registros y den acceso para la identificación
- Que las fiscalías especializadas en materia de desaparición cuenten con unidades especiales de investigación, unidades de análisis de contexto, unidades de atención y seguimiento a víctimas
De todo lo anterior, lo único que se ha cumplido es la publicación del Protocolo nacional para la activación de la alerta nacional de búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas y no localizadas, en el Diario Oficial de la Federación el 18 de febrero de 2026.
Conviene precisar que aún falta que ese protocolo funcione efectivamente.
Una de las malas artes del gobierno es que este protocolo no contó con la participación de las familias sino sólo la del consejo ciudadano, es decir se negó el derecho de participación que está reconocido en la ley.
Otra variante de este mal arte tiene que ver con lo que está pasado con uno de los pendientes desde que se probó la ley general en 2017, que es la aprobación del reglamento de la ley.
Actualmente el reglamento se confiere sólo con el consejo ciudadano, pero no se ha dado a conocer a las familias y tampoco se les pide opinión. Para justificar esta omisión se podría argumentar que urge contar con el reglamento, pero si la ley se ha aplicado durante más de ocho años sin reglamento, bien se podrían tardar unos meses más para cumplir con el derecho a que a las familias participen.
Otra de las malas artes es intentar volver a modificar el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No localizadas (RNPDNL) para llevar las cifras a la baja.
Luego de la reforma a la ley general la presidente, Claudia Sheinbaum, ha mencionado en diversas ocasiones que se presentará un nuevo registro que considere los cambios derivados de la reforma de la ley general.
El panorama para las personas desaparecidas en 2026
Al respecto en diciembre pasado la Comisión Nacional de Búsqueda hizo llegar una comunicación a las Comisiones locales de búsqueda en las que les ordenaba que como parte de la revisión del RNPDNL sólo deberían incorporar los registros que cuentan con una averiguación previa o una carpeta de investigación.
Esta errónea interpretación de la reforma de la ley puede hacer que los números vayan a la baja, pues hay bastantes casos de personas desaparecidas en los cuales las familias no han querido denunciar por falta de confianza en las fiscalías o por temor a represalias.
Recordemos que, en diciembre de 2023, el entonces presidente López Obrador, presentó el resultado de un “censo” de personas desaparecidas y que intento llevar los números a la baja. Parece que la tentación está de vuelta.
Lo que constatamos es un gobierno que hace cosas como reformar la ley, actualizar protocolos o elaborar el reglamento de la ley, pero no da resultados pues las personas siguen desapareciendo y los restos humanos sin identificar se siguen apilando.
