Texto por: Edgar Cortez
La cifra sobre el número de personas desaparecidas en México ha sido motivo de disputa política ahora y en tiempos pasados.
La desaparición de personas en México es una terrible práctica de la que hay evidencia, al menos, desde mediados de los años sesenta y sin embargo hasta la fecha resulta imposible contar con una cifra en la que exista acuerdo entre gobierno, víctimas y sociedad, sobre el número más cercano a la realidad de las personas desaparecidas.
Pongamos algunos ejemplos de esta disputa:
En 2011 el gobierno de Felipe Calderón creo una base de datos de personas no localizadas que proporcionó algunas cifras, pero al concluir el sexenio no existía una certeza sobre la cifra final, a lo que sumaba el discurso oficial de que eran casos aislados y sucedían porque las personas en «algo andarían».
Han existido varios esfuerzos por bajar los números de desaparecidos en las cifras o de decir que son legados de gobiernos diferentes
Será hasta el 26 de febrero de 2013, que la entonces subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), Lía Limón, presentó una lista con 26,121 personas desaparecidas. Era un número que afirmaba correspondía al periodo del gobierno de Felipe Calderón, pues las cifras abarcaban el periodo de diciembre de 2006 a diciembre de 2012. Presentar esos números era una forma de señalar que esa terrible cifra era legado del gobierno panista.
Mientras tanto los colectivos de familiares de personas desaparecidas desconfiaron de esos datos.
El 21 de agosto de 2014 la Procuraduría General de la República y la SEGOB informaron que habían depurado esa base de datos y que la cifra de personas desaparecidas, incluidas las reportadas durante los casi dos años de gobierno del presidente Peña Nieto, eran 22,322 pues habían localizado con vida 16,274 y 901 sin vida. Como puede verse era un intento por bajar los números.
Las familias y organizaciones civiles cuestionaron el resultado argumentando que la base de datos no estaba completa, los datos no estaban desagregados, que dejaba fuera casos de personas desaparecidas, entre otras.
El Registro de Nacional de personas Extraviadas o Desaparecidas (RENPED) estuvo vigente hasta enero de 2019 y entre sus fallas estaba que no se verificaba la información que se integraba en la base de datos, lo que generaba errores y duplicidades, cuando una persona era localizada se eliminaba del registro y los registros que provenían de los estados eran anónimos, entre otras.
El RENPED estuvo vigente hasta enero de 2019 y entre sus fallas estaba que no se verificaba la información que se integraba en la base de datos
La Ley General de Desaparición Forzada estableció la creación del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No localizadas (RNPD), que debía ser elaborado por la Comisión Nacional de Búsqueda. Este finalmente fue presentado en marzo de 2019.
De este registro nunca se pudo conocer la totalidad de los campos que consideraba y nunca estuvo disponible para su análisis. Además algunas organizaciones y periodistas solicitaron el acceso a la base a través de solicitudes de información y, a pesar de tener decisiones en su favor, la anterior comisionada de búsqueda nunca permitió el acceso a la información del registro.
Sólo hasta la renuncia de la Karla Quintana, ella misma hizo público el RNPD y ahí pudimos constatar los errores del registro, así como la necesidad de correcciones y depuración.
En junio de 2023 el presidente López Obrador anunció que el gobierno federal haría un “censo de personas desaparecidas para tener plena certeza sobre el número”. En ningún momento se proporcionó información sobre la metodología con la que se haría.
En la “mañanera” del 14 de diciembre de 2023 la Secretaria de Gobernación, presentó los resultados del censo. De las 110,964 personas desaparecidas que aparecían en junio del 2023 en el RNPD, 12,377 estaban confirmadas como desaparecidas y el resto entraban en otras categorías como: no hay información para la búsqueda (36,022), carecen de datos para la identificación (26,090), personas ubicadas (17,843) y personas localizadas (16,681).
¿Qué vamos sabiendo sobre la realización del censo?
Primero que está siendo realizado por integrantes de los Servidores de la Nación acompañados por personal de la Guardia Nacional quienes van con armas largas, lo cual resulta sumamente intimidatorio para las víctimas. El argumento es que los Servidores de la Nación están en todo el país y conocen el territorio, sin embargo estos personajes no están autorizados para esa tarea y su relación con las víctimas es muy hostil.
El censo es llevado a cabo por Servidores de la Nación acompañados por la Guardia Nacional quienes históricamente han tenido una relación hostil con las víctimas.
Sabemos que las Comisiones locales de Búsqueda están totalmente al margen del proceso, incluso algunas han expresado sus preocupaciones pues en casos donde tienen información fehaciente de la desaparición de la persona, el censo va e interroga a los familiares. Esto porque no existe ninguna coordinación entre las instancias locales y las federales.
Respecto de los datos que presentaron en diciembre, además del cuestionamiento de las categorías usadas, sabemos que el respecto de las “personas localizadas” no se ha informado a las familias pues están “formalizando esos actos”; que no existe claridad de los siguientes pasos para adelantar aquellos donde no hay información para la búsqueda y carecen de datos para la identificación, además está la pregunta sobre la responsabilidad de la CNB, Comisiones locales y Fiscalías locales respecto de estas deficiencias.
Sabemos que ahora existen dos sitios con información, uno es el sitio del RNPD y otro en el sitio del llamado “Programa Nacional de Búsqueda Generalizada”, sin que contemos con una respuesta de cómo convergerá toda esta información en una base de datos de mayor calidad.
Alicia fue desaparecida en 1978 en la colonia Nueva Vallejo, en la Ciudad de México, luego de ser detenida por agentes de la División de Investigación para la Prevención de la Delincuencia
Conoce más del caso en CentroProDH
Respecto de este último sitio han aparecido diversas denuncias de familiares diciendo que no hay información sobre la persona desaparecida, algunos de personas desaparecidas de las que no hay duda como en el caso de Alicia de los Ríos o bien trabajos periodísticos que documentan numerosos errores.
Sabemos además que no existe claridad respecto de cómo se hará la corrección del RNPD, pues hay casos de registros con errores y que ahora se ha generado otro registro correcto, pero finalmente coexisten ambos. Por ahora no existe respuesta de cómo se llegará a tener un único registro correcto.
Seguramente hay más aspectos que preocupan del censo, los mencionados parecen suficientes para cuestionar la legitimidad de esta iniciativa del gobierno y reiterar la necesidad de un ejercicio con metodología precisa, que sea pública y asegure la participación de las familias.