Desde hace varias semanas, Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, repite que la búsqueda de personas es una prioridad para el gobierno federal y presenta resultados de una Estrategia Nacional de Búsqueda. Se esfuerza por desplegar una narrativa en la que el gobierno federal atiende la mayor crisis en materia de derechos humanos.
Se nos quiere convencer de que la estrategia es un éxito, pero esta se acomoda a las circunstancias, mientras se incumple la ley de manera reiterada.
El pasado 28 de agosto, la Secretaría de Gobernación anunció 10 acciones para fortalecer la Estrategia Nacional de Búsqueda. El 14 de octubre informó que, gracias a esa estrategia, se habían localizado más de 16 mil personas y anunció la integración de un grupo de personas expertas para revisar y mejorar el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Ese mismo 14 de octubre presentó acciones de prevención, atención y búsqueda de personas desaparecidas.
A continuación, presentamos ambas informaciones:
SE FORTALECE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE BÚSQUEDA 28 de agosto de 2026 https://www.gob.mx/segob/prensa/se-fortalece-la-estrategia-nacional-de-busqueda-con-10-acciones
LA ESTRATEGIA SE ARTICULA EN 10 ACCIONES
- Garantizar que todos los reportes en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas cuenten con datos completos con el acompañamiento de 10 expertos nacionales y extranjeros para el análisis técnico, científico y jurídico que permita implementar acciones.
- Lograr que cada reporte de desaparición cuente con una carpeta de investigación.
- Informar los avances en la búsqueda y localización de personas con la Plataforma Única de Identidad, en la búsqueda generalizada por parte de los estados y de la búsqueda en territorio con brigadas de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB).
- Informar los avances de la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata (ANBI).
- Reforzar las búsquedas en vida en hospitales, centros de reclusión y otras instituciones públicas y privadas.
- Implementar un Plan de Identificación Humana, encabezado por la FGR, para abatir el rezago forense.
- Prevenir el reclutamiento y la cooptación de jóvenes mediante plataformas digitales.
- Ampliar las capacidades operativas, técnicas y humanas de la CNB con personal especializado.
- Mantener la atención y el diálogo permanente con familias de personas desaparecidas y colectivos.
- Llevar la estrategia al territorio, mediante jornadas de atención a familias y coordinación en las entidades federativas.
REPORTAN LOCALIZACIÓN DE 16 MIL PERSONAS MEDIANTE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE BÚSQUEDA, INTEGRAN GRUPO DE ESPECIALISTAS 14 de octubre 2026 https://www.gob.mx/segob/prensa/reportan-localizacion-de-16-mil-personas-mediante-la-estrategia-nacional-de-busqueda-integran-grupo-de-especialistas
ACCIONES DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS Y NO LOCALIZADAS
- Garantizar que todos los registros en el RNPDNO cuenten con datos completos.
- Lograr que todas las personas desaparecidas cuenten con una carpeta de investigación.
- Informar los avances en la búsqueda y localización de personas que tuvieron actividad posterior a la fecha de desaparición.
- Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata (ANBI).
- Búsqueda en hospitales, centros de reclusión y otras instituciones públicas.
- Plan de Identificación Humana para abatir el rezago forense, en conjunto con la FGR.
- Trabajo con SSPC y Guardia Nacional para dar de baja páginas y sitios utilizados por grupos delictivos para contactar a jóvenes.
- Fortalecimiento de la CNB con personal y equipo especializado.
- Atención a familiares de víctimas y a colectivos.
Obligaciones pendientes detrás de la estrategia
Buena parte de las acciones presentadas en ambas fechas (que los registros cuenten con datos completos y con una carpeta de investigación, informar sobre los avances y realizar búsquedas en hospitales y centros de reclusión) forman parte de la implementación del Protocolo de la Alerta Nacional de Búsqueda, publicado el pasado 18 de febrero de 2026 en el Diario Oficial de la Federación (DOF). En otras palabras, la estrategia se reduce a cumplir las obligaciones ya establecidas tanto en la Ley General de Desaparición como en este protocolo.
La supuesta estrategia se limita a ese listado de 10 acciones, que se presenta también como acciones de prevención, atención y búsqueda, como ocurrió el 14 de octubre.
Conviene señalar que, a la fecha, no existe un documento específico que describa con claridad y precisión la “estrategia”. Todo se limita a declaraciones que se van acomodando según las circunstancias.
Mientras se presume esta estrategia, la presidenta y la Secretaría de Gobernación nunca mencionan que se siguen incumpliendo obligaciones señaladas en la Ley General que deberían formar parte de una política de Estado en la materia.
Una de las omisiones es el Programa Nacional de Búsqueda y Localización, establecido en la Ley General, cuya formulación tiene ocho años de retraso.
Otra de las acciones enlistadas consiste en implementar un plan de identificación humana, que sigue siendo un enunciado general y vago. Se omite, de nueva cuenta, que, de acuerdo con la Ley General, desde 2018 debió contarse con un Programa Nacional de Exhumaciones e Identificación Forense, el cual tampoco existe.
Se nos quiere convencer de que la estrategia es un éxito, pero esta se acomoda a las circunstancias, mientras se incumple la ley de manera reiterada.
El registro y las localizaciones: preguntas sin respuesta
Como ya señalamos, también se anunció la integración de un grupo de personas expertas que ayudarán a revisar y mejorar el registro de personas desaparecidas. De inicio, puede ser una buena decisión, pero no son públicos los criterios con los que fueron seleccionadas y tampoco contamos con información sobre la metodología de trabajo que seguirán.
Respecto al mismo registro, se repite que se garantizará que todos los registros estén completos y cuenten con una carpeta de investigación relacionada. Ambas medidas pueden valorarse como correctas, pero tienen un lado siniestro, pues podrían convertirse en una forma de reducir de manera forzada el número de personas desaparecidas.
De hecho, se anunció que en los últimos meses se había localizado a más de 16 mil personas, sin mostrar más evidencia que la palabra de la secretaria de Gobernación.
Los colectivos de familiares de personas desaparecidas no conocen evidencia de esas localizaciones. Esto hace pensar que posiblemente estamos ya frente a la ejecución del objetivo de reducir el número de personas desaparecidas de cualquier forma.
Una narrativa frente al escrutinio de la ONU
Conviene preguntar por qué el gobierno federal ha desplegado esta narrativa triunfalista en este momento. La respuesta es que esa misma información es la que se ha entregado al sistema de derechos humanos de la ONU.
Es necesario recordar que este próximo martes, 20 de octubre, el presidente del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED) presentará su informe de trabajo. Uno de los puntos será la activación del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas para el caso de México. En ese contexto, lo descrito en los párrafos anteriores constituye la narrativa del gobierno para contradecir lo que informe el CED.
El procedimiento derivado del artículo 34 ya está en conocimiento de la Asamblea General de la ONU y, en algún momento, podría ser discutido en ese foro. Esta misma narrativa se ha planteado a las delegaciones de los países que participan en la Asamblea, buscando disuadirlas de formular señalamientos contra México.
En síntesis, no existe una estrategia real para desplegar búsquedas efectivas de personas desaparecidas desde hace años. Lo que escuchamos son discursos políticos que se adaptan a la coyuntura.
Mientras tanto, en términos de acceso a la justicia, no existe propuesta alguna.
