El pasado 3 de marzo la presidenta, Claudia Sheinbaum, habló sobre la desaparición de personas durante su conferencia repitiendo un discurso que distorsiona lo que efectivamente pasa en materia de desaparición de personas en el país.
Recuperemos lo dicho y contrastemos con lo que sucede en el terreno.
La narrativa oficial sobre las desapariciones
Lo primero que hace la presidenta es diferenciar las desapariciones de “antes” y las de “ahora”. Las primeras fueron desapariciones con una motivación política, eran ordenadas por el poder para reprimir a opositores y, según la presidenta, ya no existen; en tanto que las segundas tienen que ver con personas “vinculadas con los grupos delictivos”.
Las desapariciones del primer tipo aún existen y se ordenan desde el poder, ahí está el caso de Claudia Uruchurtu que fue desaparecida por órdenes de una presidenta municipal parte del grupo político del gobernador de Oaxaca, y que opera hasta la fecha para asegurar impunidad en el caso.
La estigmatización de las víctimas
En cuanto a las desapariciones de “ahora”, la presidenta señala que tienen que ver con personas vinculadas con la delincuencia, es decir repite la idea que si fueron desaparecidos es porque “en algo andarían”. Esta acusación no tiene sustento pues la gran mayoría de las denuncias de desaparición carecen de investigaciones penales rigurosas.
Es cierto que en la actualidad buena parte de las desapariciones son cometidas por grupos de la delincuencia, pero eso no significa que el Estado no tenga obligación con estas víctimas, idea que desliza la presidenta.
Y por otro lado, es la situación que se vive en donde hay desaparecidos, vinculados con los grupos delictivos, con la delincuencia organizada, principalmente. Hay otros casos que pueden ser pasionales, pero son menores. Lo principal tiene que ver con la delincuencia organizada
Para con esas víctimas el Estado está obligado a localizarlas, identificarlas y hacer justicia. En materia de desaparición la deuda del gobierno es enorme y no deja de crecer.
Lo siguiente dicho por la presidenta fue que pronto presentarán las cifras y una actualización del registro pues todo estaba mal. Olvida que el actual registro se hizo durante el gobierno de López Obrador, que nunca se informó de los campos que comprende el registro y que las familias desde el inicio señalaron que el registro tenía errores.
Lo que ha privilegiado el gobierno es reformar el marco jurídico pero dejando intocados los problemas concretos.
En esta ocasión tampoco han informado cómo harán ese nuevo registro y el temor es que sea un intento para manipular las cifras a la baja. Ese temor se alimenta porque la presidenta insiste en que resulta indispensable la denuncia penal para aparecer en el registro de personas desaparecidas.
Rancho Teuchitlán y el supuesto cambio de modelo
Lo siguiente en la conferencia fue la referencia al descubrimiento del Rancho Teuchitlán, lo que calificó como un caso “muy doloroso”, y apuntó a que luego de eso decidieron cambiar el modelo de atención a las familias y a los colectivos.
Lo que la presidenta no precisa son las causas de esa mala práctica.
Como parte del cambio menciona la Alerta nacional de búsqueda y que las Fiscalías están obligadas a abrir carpetas de investigación de las desapariciones.
Respecto de la primera hay que decir que apenas el 19 de febrero se publicó el Protocolo nacional de alerta de búsqueda y ahora viene el proceso de implementación, tramo donde con frecuencia las fallas se multiplican por la mala coordinación entre las instituciones.
Además, ya desde 2018 estaba la obligación de búsqueda por todos los medios, pero siempre fue deficiente.
En cuanto a las denuncias, insiste en que ahora las autoridades están obligadas a iniciarlas por desaparición pues antes no lo hacían.
Lo que la presidenta no precisa son las causas de esa mala práctica. Una ha sido que los Ministerios Públicos insistían en que había que esperar algún tiempo para recibir la denuncia pues, según ellos, los hacía trabajar innecesariamente.
Otra era evitar abrir carpetas de investigación o averiguaciones previas para que los números no crecieran y evitar ser presionados para dar resultados, combinado con que los Fiscales generales y los gobernadores preferían negar la existencia del delito en sus entidades.
Una causa más tiene que ver con que las familias no quieren denunciar porque saben de la complicidad entre funcionarios de las fiscalías y los delincuentes, lo que representa riesgo para ellas. A lo que hay que sumar la poca confianza que existe hacia las fiscalías.
Además, la presidenta insiste en decir que la presentación de la denuncia hace obligatoria la búsqueda. Afirmación que no corresponde a lo que la ley, desde 2017, establece pues la búsqueda es obligatoria exista o no denuncia y por esa razón se crearon las comisiones de búsqueda pues previo a la ley general las fiscalías se negaban a buscar a las personas desaparecidas
Pendientes de la ley general que siguen sin cumplirse
Lo que omite la presidenta es que en ese “nuevo modelo” de atención no están los pendientes derivados de la ley general en materia de desaparición desde 2018 como son:
- El programa nacional de búsqueda
- El programa nacional de exhumaciones e identificación forense
- El banco nacional de datos forenses
- El registro nacional de personas fallecidas no identificadas y no reclamadas
- El Centro nacional de identificación humana
A lo que se deben sumar los pendientes provenientes de la reforma de la ley del año pasado.
En la misma conferencia remarcó que la secretaria de gobernación tiene la instrucción de atender a los colectivos.
En la realidad es que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, sólo se reunió con los familiares de personas desaparecidas en abril de 2025, donde acordaron trabajar cinco temas de interés de las familias:
- Búsqueda efectiva de sus familiares
- Seguridad de las mujeres buscadoras
- Identificación humana
- Interconexión de bases de datos
- Atención a necesidades de salud, educación y vivienda de los familiares de personas desaparecidas
Luego de eso no se han abordado los temas y las dos veces que las familias han sido convocadas fue para discutir propuestas de interés del gobierno: la reforma de la ley general y para la revisión del protocolo homologado de búsqueda. Lo que ha privilegiado el gobierno es reformar el marco jurídico pero dejando intocados los problemas concretos.
Por Edgar Cortez
