La desaparición de Claudia Uruchurtu es un espejo de las fallas estructurales del sistema de justicia en México. A casi cinco años de su desaparición, el proceso judicial revela cómo las redes de poder, las decisiones de los tribunales y los discursos oficiales pueden operar más en favor de la impunidad que de la verdad.
Por: Edgar Cortez
Claudia Uruchurtu es una defensora que luchó contra la corrupción municipal en Nochixtlán, Oaxaca y lleva casi cinco años desaparecida. Esta desaparición y la lucha de su familia ponen en evidencia los muchos obstáculos que existe para conseguir verdad y justicia en México.
Claudia Uruchurtu fue desaparecida en mayo de 2022 por funcionarios municipales de Nochixtlán, luego de participar en una protesta contra actos de corrupción de la presidenta municipal Lizbeth Victoria Huerta.
el poder judicial actuó para garantizar impunidad a una personalidad política cercana al gobernador Salomón Jara
Como probables responsables fueron detenidas la presidenta municipal y cuatro personas más. La presidenta sólo fue sentenciada a 4 años y 2 meses por obstaculizar la investigación de la desaparición, mientras que las otras personas fueron sentenciadas por desaparición forzada a 40 y 50 años.
Las cinco personas sentenciadas apelaron la sentencia y el Tribunal Superior de Oaxaca ordenó reponer el juicio, frente a lo cual presentaron un amparo tanto los sentenciados como las hermanas de Claudia.
La resolución del amparo ordenó al Poder judicial de Oaxaca que emitiera una nueva sentencia que garantizara los derechos de las víctimas.
Sin embargo, lo que realmente hizo el poder judicial oaxaqueño fue mantener la sentencia de una persona e incrementó las penas de otros dos de los responsables, mientras que en el caso de Lizbeth Huerta mantuvo que ella sólo era responsable de ocultar información y redujo la sentencia a sólo tres años y siete meses.
¿Cómo ha actuado la justicia en el Caso de Claudia Uruchurtu?
Aquí una primera evidencia. En México es probable, en número reducido, conseguir una sentencia en contra de los autores materiales de la desaparición, pero es prácticamente imposible alcanzar sentencia en contra de los “últimos responsables”, en este caso la presidente municipal, la jefa de todos los participantes y quien más beneficio obtenía con la desaparición de Claudia Uruchurtu.
La sentencia reducida de tres años y siete meses parece que fue calculada para que se ajustara al tiempo que la presidente municipal llevaba en prisión, pues en cuanto dictaron la sentencia, señalaron que ya había sido cumplida y fue liberada de inmediato la presidenta municipal.
Como si no fuera suficiente este atropello la sentencia se dictó el último día laboral del Poder judicial, el 13 de diciembre de 2024, dejando en indefensión a la familia de Claudia.
La segunda evidencia es que el poder judicial actuó para garantizar impunidad a una personalidad política cercana al gobernador Salomón Jara. Poco tiempo antes de que se dictara esta sentencia fue promovida a magistrada del Tribunal Superior de Justicia, Margarita Leonor Gopar Pérez, ex integrante de la consejería jurídica del actual gobierno.
En el caso de otro de los acusados, Johan Ricardo Matus Marcial quien fuera consejero jurídico de la expresidenta municipal y que había sido sentenciado a 50 años, promovió un amparo.
EL Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito en Oaxaca resolvió el amparo determinando revocar la sentencia y ordenando que se emitiera una sentencia absolutoria pues no había prueba que señalara directamente a esta persona de participar en la desaparición.
Suprema Corte revoca libertad en el caso de la desaparición forzada de Claudia Uruchurtu
La tercera evidencia es que los tribunales exigen pruebas que señalen directamente a los causantes de la desaparición forzada, ignorando la naturaleza del delito que pretende ocultar lo que ha pasado con la persona, ignorando también el contexto que rodea la desaparición.
Frente a la sentencia absolutoria se presentó un amparo que fue conocido y resuelto por la Suprema Corte de la Nación el pasado 10 de febrero, donde se determinó revocar esa sentencia y ordenar al tribunal colegiado dictar otra que considere la validez de las pruebas circunstanciales, y que reconozca el hecho que Claudia Uruchurtu es una mujer y una defensora de derechos humanos.
Durante la sesión la ministra Loreta Ortiz refirió que el registro nacional de personas desaparecidas reporta un número mayor a las 133 mil, información que fue cuestionada por la ministra Estela Ríos quien alegó que no todas eran desapariciones forzadas y que la mayor parte eran cometidas por particulares.
La cuarta evidencia es que algunas integrantes del Poder Judicial repiten el discurso oficial de que el Estado ya no desaparece y que la mayor parte de las desapariciones son obra de particulares, como si esa realidad no mantuviera la obligación de las instituciones estatales de buscar a las personas y sancionar a los responsables.
Estas cuatro evidencias forman parte del entramado institucional que es incapaz de encontrar a las personas y tiende más a la impunidad que a la justicia.
Sumado a lo anterior está que hasta el día de hoy se desconoce la suerte de Claudia Uruchurtu, lo mismo que de otras más de 133 mil personas.
