Por: Erick Galán Castro (CONAHCyT – Universidad Veracruzana)
En las últimas semanas, se ha discutido extensamente sobre los contenidos de las plataformas políticas de los candidatos a la presidencia de la república para el periodo 2024-2030 y las posibles implicaciones en la gestión de la violencia militar, así como en lo que cada candidato considera como la vía hacia la construcción de la paz y otros temas afines. Sin embargo, se ha prestado insuficiente atención a lo que los colectivos de familiares de personas desaparecidas en todo México pueden esperar durante el próximo proceso electoral.
Es importante reconocer que las madres buscadoras son uno de los varios actores, entre ellos el movimiento feminista, defensores de los derechos humanos y activistas ambientales contra megaproyectos, que han destacado los límites de las políticas de «bienestar» y «construcción de paz» implementadas por los distintos gobiernos surgidos de los partidos políticos en disputa.Alfonso Durazo, ex Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana en el gobierno federal morenista, en reuniones con colectivos y defensores de derechos humanos, rápidamente hizo una distinción entre la aspiración a construir la paz y la mera «pacificación» del país, es decir, la reducción de los índices de violencia, que debía ser prioritaria (La Jornada, 4 de octubre de 2018).
Queremos dar al país una paz permanente, afirma Alfonso Durazo
Ha sido gracias al activismo de las madres buscadoras, de los colectivos de familiares y de los defensores de los derechos humanos que se han presentado evidencias de la crisis forense, del trato del gobierno federal hacia las víctimas como beneficiarios de programas sociales en lugar de víctimas de un proceso generalizado de violencia, del rechazo del gobierno a los colectivos como intermediarios no deseados y de las consecuencias negativas de la «limpieza» del padrón de víctimas llevada a cabo por el gobierno.
En los gobiernos estatales, la situación tampoco varía mucho: los gobiernos de Veracruz, Jalisco, Tamaulipas, Guanajuato y Zacatecas, de distintas filiaciones político-partidistas (por mencionar solo los casos más críticos), también han sido señalados por su incapacidad para brindar justicia y un trato digno a las víctimas.
Sumado a esto, y parafraseando a Karl Marx, el fantasma del gobierno salvadoreño de Bukele y el uso de la mano dura para el combate al crimen organizado recorre las propuestas de seguridad de las personas candidatas a la presidencia.
- Jorge Álvarez Máynez (MC) ha respaldado abiertamente el modelo salvadoreño en sus eventos de campaña.
- Xóchitl Gálvez (PAN-PRI-PRD) propone la construcción de una megacárcel similar a la CECOT de El Salvador.
- Claudia Sheinbaum (Morena, Partido Verde y PT) busca desesperadamente una reforma judicial que le permita intervenir más fácilmente en sus funciones y mantener y consolidar la presencia militar de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública.
¿Estas propuestas representan verdaderamente un enfoque centrado en atender a las víctimas y reparar el daño, o simplemente son medidas electoralmente populares que no han sido bien consideradas para el contexto mexicano?
En el caso de PAN-PRI-PRD, se habla de priorizar a las familias de desaparecidos, aunque no está claro cómo se llevará a cabo (aunque las experiencias previas con Calderón y Peña Nieto tampoco son alentadoras). MC y Morena/PT/Verde ni siquiera mencionan en sus plataformas qué papel jugarán en la definición de estrategias para construir la paz.
Cada partido político en la boleta electoral, ya sea en coalición o como partido único, ha tenido la oportunidad de implementar acciones políticas para atender a las víctimas en los distintos niveles de gobierno. Sin embargo, todos, según los resultados que los propios colectivos han puesto en la discusión pública, han tenido resultados muy escasos. La persistencia de la impunidad, la insensibilidad burocrática, el desprecio hacia las protestas de las familias de personas desaparecidas e incluso la revictimización burocrática y el uso de la violencia, son aspectos que ningún candidato reconocería como propios, y es poco probable que alguno de ellos asuma la responsabilidad de esta situación de crisis.
En este contexto, ¿es realista que los familiares de las personas desaparecidas respalden alguno de los proyectos en disputa en esta elección? Es comprensible y deseable que toda la ciudadanía adopte una postura relacionada con los partidos políticos, ya sea para respaldar la administración actual, buscar una alternativa de gobierno o simplemente castigar con su voto a cualquiera de los tres niveles de gobierno. Sin embargo, creo que los colectivos de familiares de desaparecidos ya tienen una fuerza moral evidente y la capacidad de interpelar con éxito a cualquier candidato presidencial, gobernador, legislador o senador.
El país y la sociedad mexicana necesitan una campaña alterna, similar a la que llevó a cabo el Concejo Nacional Indígena en 2018, que buscaba desafiar a los partidos políticos y exponer su desdén por los pueblos indígenas de México. Decía Carlos Gonzales, del CNI:
“Las elecciones son por excelencia la fiesta de los de arriba, el espacio y la forma como los finqueros de este mundo construyen y reconstruyen el consenso político que ocupan para seguir acumulando ganancias y poder hasta el infinito. Queremos colarnos en esa fiesta y queremos echárselas a perder hasta donde podamos” (Mientras Tanto en México, 31 de mayo de 2017).
Carlos Gonzales – Mientras tanto en México (31 de mayo de 2017)
Se necesita algo similar: mostrar que la clase política desprecia e instrumentaliza la causa de las víctimas en este país, especialmente en este contexto electoral. Es fundamental evidenciar que el sistema de partidos en México no responde a las demandas de las familias de las personas desaparecidas y que constituye un problema público ya que todos corremos el riesgo de enfrentar esta terrible situación, y ningún gobierno ha sido capaz de detener esta tendencia.
Erick Galán Castro
Doctor en Investigación en Ciencias Sociales por FLACSO México, Maestro en Antropología Social por el CIESAS-Golfo, Licenciado en Antropología Social por la Universidad Veracruzana. Ha desarrollado estudios sobre identidad y acción colectiva en movimientos sociales de víctimas, así como de mecanismos de coproducción de seguridad y Derechos Humanos. Actualmente es Investigador CONAHCyT comisionado a la Universidad Veracruzana.
