Por: Edgar Cortez IMDHD
Hace una década el gobierno federal en turno y los gobiernos locales negaban la existencia de la desaparición de personas en México, frente a las denuncias las autoridades respondían diciendo que eran casos aislados y seguramente era porque esas personas en “algo andarían”.
Las familias de personas desaparecidas se empezaban a organizar y muy pronto una de sus demandas centrales fue que hubiera una ley que definiera correctamente la desaparición forzada, que reconociera la desaparición cometida por la delincuencia, que estableciera penas acordes a la gravedad del delito, que se establecieran responsabilidades en cuanto a la búsqueda y las propias de la investigación de este delito, entre otras.
Las familias de personas desaparecidas emprendieron una permanente campaña de exigencia de una ley general y finalmente 12 de octubre de 2017 fue aprobaba en la Cámara de Diputados la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda (Ley general), publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de octubre y que entró en vigor el 16 de enero de 2018.
¿Cuánto se ha conseguido en la implementación de esta ley, luego de seis años?
A nivel federal contamos con las siguientes instituciones e instrumentos para la búsqueda e investigación:
- Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) que inició funciones el 7 de marzo de 2018
- Sistema Nacional de Búsqueda, que fue instalado el 9 de octubre de 2018
- Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda. Sus primeros integrantes fueron electos el 19 de abril de 2018
- Fiscalía especializada en investigación de los delitos de desaparición forzada, establecida el 16 de febrero de 2018
- Centro Nacional de Identificación Humana. El 9 de agosto de 2022 se iniciaron los trabajos de adecuación de su sede
- Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No localizadas. La actual versión se presentó en marzo de 2019
- Protocolo Homologado de Investigación para los Delitos de Desaparición Forzada y Desaparición cometida por particulares, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 16 de julio de 2018
- Protocolo Homologado de Búsqueda de Personas Desaparecidas y No localizadas, publicado el 6 de octubre de 2020 en el DOF.
- Programa Nacional de Búsqueda, publicado en marzo de 2023
- Banco Nacional de Datos Forenses, el 12 de mayo de 2023 se publicó en el DOF el inicio de sus funciones
La Ley general establece competencias también para los estados y los gobiernos locales, así que en este nivel de gobierno contamos con lo siguiente:
- 25 estados cuentan con una ley de desaparición de personas local
- 31 estados cuentan con ley de atención a víctimas
- Los 31 estados y la Ciudad de México cuentan con una comisión de búsqueda local
- 19 estados han integrados los consejos ciudadanos de búsqueda
- 29 estados cuentan con Comisiones de atención a víctimas
- 26 estados tiene una Fiscalía especializada en desaparición de personas
- Según información de CNB al final del 2023 se debería contar con 18 centro de resguardo temporal de restos humanos o panteones forenses
- 1 Centro Regional de Identificación Humana en el estado de Coahuila
Como puede verse luego de seis años contamos con más de cincuenta leyes que están relacionadas con desaparición y derechos de las víctimas y se han creado alrededor de un centenar de instituciones que tiene responsabilidad en la búsqueda e investigación.
De acuerdo con declaraciones del presidente López Obrador en 2023 el presupuesto para las comisiones de búsqueda fue de 1,097 millones de pesos.
De acuerdo con estos números se han hecho muchas cosas en materia de desaparición de personas y sin embargo son insuficientes pues el número de desaparición de personas sigue creciendo; porque las personas que deben ser localizadas y los restos humanos que se deben identificar se cuentan por miles y, porque como lo dijo el Comité en Contra de las Desapariciones (CED) de Naciones Unidas, este delito en México es el “delito perfecto” pues goza de una impunidad prácticamente total.
Parece que entonces el problema no es que no se esté haciendo nada, sino en la manera cómo se está haciendo. Intentemos esbozar algunos de los problemas actuales.
En la ley general se dividió la búsqueda de la investigación criminal, pretendiendo que cada tarea cuente con una institución responsable y cualificada, sin que eso signifique que son tareas inconexas; por el contrario, debería de existir una clara coordinación e intercambio de información entre comisiones de búsqueda y fiscalías.
Así que un primer problema ha sido la falta de coordinación entre Fiscalías y Comisiones de búsqueda, existiendo en los hechos una franca rivalidad. Durante el periodo de Alejandro Encinas, como subsecretario de derechos humanos y Karla Quintana, como comisionada nacional de búsqueda, la confrontación con la Fiscalía General de la República y la Fiscalía de desaparición creció hasta tornar imposible la más mínima coordinación.
Un ejemplo de lo anterior fue que mientras la FGR tenía la obligación de desarrollar el Banco Nacional de Datos Forenses, la CNB impulsó la creación del Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH), era la disputa por controlar la toma de muestras genéticas de las familias que buscan a sus desaparecidos y por la información sobre los cuerpos sin identificar.
Esta confrontación se trasladó al ámbito local haciendo que en la mayoría de los casos la coordinación también fuera imposible.
La actual Comisionada Nacional de Búsqueda, Teresa Guadalupe Reyes, ha manifestado que buscará un acercamiento y trabajo coordinado con la Fiscalía de Desaparición, paso por demás indispensable si queremos avanzar en una atención adecuada a las desapariciones en México.
Otro debate actual tiene que ver con la cifra de personas desaparecidas en México. Como ya mencionamos en marzo de 2019 se presentó el actual Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPD), fue la actualización de registros elaborados por anteriores gobiernos.
Prácticamente desde la presentación de RNPD, se le solicitó a la entonces Comisionada Nacional de Búsqueda, Karla Quintana, que esa base de datos fuera abierta para poder analizarla, que explicara las categorías que contenía y que era necesario una revisión y depuración del mismo. Eso nunca sucedió, sólo hasta la renuncia de la comisionada la base de datos del RNPD fue público y ahí se pudieron constatar los errores que existían.
El RNPD al 15 de enero de 2024 arroja el resultado de 114, 324 personas desaparecidas y no localizadas. Este registro fue cuestionado desde mediados del 2023 por el presidente López Obrador, cuando anunció la realización de un Censo Nacional de Personas Desaparecidas, el cual sería realizado por los “servidores de la nación”.
Luego de este anuncio los familiares de personas desaparecidas cuestionaron la decisión y exigieron que se informara sobre la metodología con la que se haría y, sobre todo, cuál era el propósito de dicho censo. Nunca se dio respuesta a dichas interrogantes.
Fue hasta el 14 de diciembre de 2023 que en la conferencia matutina del presidente, la Secretaria de Gobernación, presentó los resultados del censo. De las 110, 964 personas desaparecidas que aparecían en junio del 2023 en el RNPD, 12,377 estaban confirmadas como desaparecidas y el resto entraban en otras categorías como: no hay información para la búsqueda (36,022), carecen de datos para la identificación (26,090), personas ubicadas (17,843) y personas localizadas (16,681).
El reclamo de las familias fue mayúsculo, se acusaba de un intento de reducir el número de personas desaparecidas de manera tramposa, usando categorías ambiguas y sin claridad sobre los pasos siguientes, entre otros cuestionamientos.
En los días posteriores el gobierno federal tuvo que precisar que en realidad, de acuerdo con sus categorías, hay cuando menos 92, 332 personas desaparecidas.
Una tarea indispensable es contar con una cifra creíble y lo más cercana posible al número exacto de personas desaparecidas, para eso se necesita de una metodología rigurosa, que sea pública, que cuente con la participación de las familias y pueda ser verificada de manera independiente.
Desde hace tiempo conocemos de los esfuerzos constantes de los colectivos de familiares buscando a sus familiares. Muchas de esos esfuerzos tienen como resultado localizar restos humanos que es necesario identificar, pero lamentablemente son restos que se acumulan y nadie sabe si algún día serán identificados.
En julio de 2021 el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México presentó el informe: La crisis forense en México, donde documenta la existencia de más de 52,000 restos de personas sin identificar. Más recientemente el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en su Informe sobre Servicios Periciales y Servicio Médico Forense 2023 refiere que existen 49,050 restos humanos sin identificar.
Para adelantar la identificación de restos humanos la CNB propuso en 2022 modificar la ley general para establecer la creación del Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH). Luego que esta reforma prosperó el 9 de agosto se anunció que la sede del centro estaría en Xochitepec, Morelos y ese mismo día iniciaron la adecuación de dicho lugar.
En octubre de 2022 Karla Quintana informó públicamente que la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID por sus siglas en inglés) financiaría el equipamiento del laboratorio de genética del centro.
De acuerdo con la información presentada en la sesión del 30 de noviembre del 2023 del Sistema Nacional de Búsqueda, el edificio sede del CNIH no cuenta con instalaciones eléctricas, sanitarias e hidráulicas y tampoco existe equipamiento.
En tanto que el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF) sólo cuenta con una pequeña contribución con la Fiscalía de San Luis Potosí y apenas ha realizado la identificación de una persona.
En contra partida la Fiscalía General de la República anunció que el 29 de mayo de 2023 iniciaba el funcionamiento del Banco Nacional de Datos Forenses (BNDF), donde deberán integrarse el Registro Nacional de Fosas Comunes y de Fosas Clandestinas, el Registro Federal Forense, la Base Nacional de Información Genética, el Registro Nacional de Detenciones, el Registro Nacional del Delito de Tortura, el Registro de Antecedentes Criminales, el Sistema de Información Nominal, el Sistema Automático de Identificación de Locutores (ASIS), el Sistema de Identificación de Huelas Dactilares (AFIS), la Alerta Amber, el RNPD y las demás bases de datos, registro o sistema que tengan información forense y genética relevante.
A la fecha no se conoce públicamente el avance concreto del BNDF, ojalá pronto se informe de su desarrollo y de la coordinación entre esta herramienta y las otras existentes.
De nueva cuenta muchas iniciativas y pocos resultados.
Un problema más es el desmantelamiento o reorganización de la CNB. A inicios del 2023 se conoció que la actual comisionada había decidido no renovar contrato a un gran número de personas trabajadoras de CNB y del CNIH, la justificación dada es que forma de parte de un proceso de reorganización de la institución.
Lamentablemente no existe claridad cuál es la reorganización propuesta y qué objetivo se pretende alcanzar.
Creo que se puede considerar que una parte medular del problema es que no existe la planificación de una estrategia precisa de atención a la desaparición de personas y tampoco existe un liderazgo que lleve adelante esa posible ruta.
Como ya vimos existen numerosas acciones pero desarticuladas y a veces incluso contradictorias. Una exigencia inmediata es que la Comisionada Nacional de Búsqueda pueda contar con un plan preciso de lo que se podrá hacer en los ocho meses que tiene por delante, mientras que para el próximo gobierno el reto será contar con la estrategia general que permita conseguir avances graduales que se puedan verificar por las familias y por la sociedad en general.
No perdamos de vista que la posibilidad de una solución a las desapariciones es una tarea de largo plazo, posiblemente de décadas, y requiere de cuantiosos recursos provenientes de los recursos públicos.
