Por Edgar Cortez
Mientras el gobierno federal insiste en mostrar compromiso con las familias de personas desaparecidas, persisten la falta de planes públicos claros, resultados verificables y estrategias definidas para enfrentar esta crisis.
Las desapariciones son uno de los más graves problemas de seguridad y justicia que vive el país y, luego de mucho desdén hacia el tema, el gobierno federal sostiene ahora la narrativa de que “el gobierno federal tiene un compromiso absoluto con las víctimas de desaparición, así como con sus familias”.
Ese fue el tono de la conferencia de prensa convocada por la secretaria de Gobernación, el subsecretario de Derechos Humanos y la comisionada nacional de búsqueda el pasado 19 de mayo.
Frente al discurso, es necesario revisar lo que sucede en la realidad.
Un plan de trabajo que nadie conoce
En la conferencia se informó sobre “el plan de trabajo” en materia de búsqueda de personas desaparecidas. Sin embargo, hasta ahora ese plan no se conoce públicamente.
Ahí mismo, el subsecretario de Derechos Humanos mencionó que dicho plan tiene tres ejes: fortalecer las bases de datos forenses nacionales; emprender acciones de búsqueda; y diseñar estrategias para evitar más desapariciones.
Sólo el segundo eje incluyó una acción concreta: la instalación de un centro de mando de la alerta nacional, coordinado por la Comisión Nacional de Búsqueda y en el que participan la Fiscalía General de la República; la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; la Secretaría de la Defensa Nacional; la Secretaría de Marina; la Guardia Nacional; la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes; y el Centro Nacional de Inteligencia.
Sin embargo, falta información sobre el funcionamiento y la capacidad de despliegue de esta estructura centralizada. Se trata de un modelo similar al instalado hace más de un año en la Ciudad de México y cuya experiencia ha mostrado limitaciones para resolver las desapariciones que ocurren en la capital, por lo que parece difícil que pueda atender de manera efectiva las desapariciones que diariamente suceden en todo el país.
Por ejemplo, no se mencionan cuáles serán los mecanismos operativos para realizar búsquedas inmediatas en zonas alejadas de las grandes ciudades o en regiones controladas por la delincuencia.
Además, esta medida parece responder principalmente a las desapariciones recientes, pero deja sin claridad cómo se atenderán los miles de casos acumulados desde años atrás.
Respecto de los otros dos ejes, tampoco existen precisiones sobre las acciones concretas que contemplan.
Persisten así anuncios generales, pero sin metas públicas, indicadores o resultados verificables.
Reuniones con familias: escucha sin respuestas
Otro aspecto que la secretaria de Gobernación destacó durante la conferencia fue el “trabajo de la mano con los colectivos de familiares de personas desaparecidas”.
Para reforzar esta idea, informó que se retomaron los diálogos con las familias y que ya se realizaron dos reuniones, además de otras cuatro programadas en distintas regiones del país.
Sin embargo, es importante revisar lo ocurrido en los primeros encuentros.
La primera reunión se realizó el 7 de mayo entre la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y familiares de personas desaparecidas de los estados de la región centro del país.
La reunión no contó con una agenda previamente definida y se planteó como un espacio de escucha, por lo que se abordaron numerosos temas sin acuerdos concretos. Además, hubo reclamos hacia la secretaria debido a que abandonó la reunión antes de concluir.
La segunda reunión ocurrió entre la fiscal general, Ernestina Godoy, y familiares también de la región centro. Tampoco contó con una agenda clara.
Las familias insistieron en dos preocupaciones centrales: la falta de investigaciones penales efectivas y el enorme rezago en materia de identificación humana.
La fiscal reconoció ambos problemas y señaló que se trabaja para atenderlos, aunque sin precisar mecanismos, tiempos o resultados esperados.
Todo indica que las próximas reuniones podrían mantener una dinámica similar: espacios de diálogo sin definiciones claras sobre cómo atender las exigencias de las familias.
Demandas conocidas, respuestas pendientes
Hace más de un año ya se habían realizado reuniones entre la Secretaría de Gobernación y colectivos de familiares. En esos encuentros se identificaron temas urgentes como la búsqueda efectiva, la identificación humana y la seguridad de las personas buscadoras.
A pesar de ello, las respuestas siguen siendo insuficientes o se mantienen en planteamientos generales y poco precisos.
Otra dificultad es que esta dinámica parece partir de la idea de que el gobierno federal tiene la capacidad de resolver por sí solo la crisis, cuando muchas de las soluciones deben construirse desde lo local. Sin embargo, la coordinación con los estados también parece reducirse a reuniones poco productivas en términos de política pública.
Sin una estrategia clara
Hasta ahora, no existe una ruta pública, clara y verificable sobre cómo enfrentar y resolver la crisis de desapariciones en México.
Los anuncios y reuniones muestran actividad institucional, pero siguen sin traducirse en resultados concretos para las familias que buscan a sus seres queridos.
