Por: Édgar Cortez
Aunque la Ley de desaparición ordenó crear registros, programas y centros especializados desde 2019, México sigue sin contar con un sistema nacional de identificación humana mientras miles de restos permanecen sin nombre.
México tiene numerosos retos en materia de desaparición de personas, pero uno de los más acuciantes sigue siendo la identificación de restos humanos.
Por principio de cuentas, no contamos con un número oficial de cuántos cuerpos sin identificar hay en el país. La cifra de al menos 72 mil restos humanos es resultado de investigaciones periodísticas realizadas ante la ausencia de información pública completa y actualizada.
Instituciones previstas en la ley… que aún no existen
La Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda prevé que la Fiscalía General de la República debía integrar el Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas.
La gran deuda de México con los muertos sin identificar
Este registro tendría que contener información sobre los restos, señas particulares, informes de necropsia, destino final, entre otros datos fundamentales para los procesos de identificación.
Debía estar funcionando desde el 16 de enero de 2019.
A la fecha, este registro no existe.
Igualmente, la Ley General establece la creación de un Programa Nacional de Exhumaciones e Identificación Forense, el cual debería contener información estadística de los cuerpos sin identificar, el listado de panteones y cementerios del país, los lugares de inhumación clandestina, así como criterios de priorización para exhumaciones e identificaciones.
Este programa también debió estar listo desde enero de 2019.
Tampoco existe.
Posteriormente, en julio de 2022, se reformó la Ley General para establecer la creación del Centro Nacional de Identificación Humana, cuyo propósito sería desarrollar capacidades para la identificación humana en el país.
Tampoco contamos con dicho centro.
En otras palabras, las principales herramientas institucionales previstas en la ley para atender la crisis forense siguen sin existir plenamente en México.
Reconocer la crisis no es suficiente
La semana pasada, la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, en reunión con colectivos de familiares, reconoció que “existen desafíos en materia de identificación humana”.
Es el reconocimiento de una realidad evidente.
Sin embargo, no precisó cómo se atenderá dicha realidad. Hasta ahora sólo existen discursos generales y vagos frente a una crisis que afecta a miles de familias que siguen buscando respuestas.
Empezar con lo que sí existe
¿Dónde avanzar para conseguir resultados viables y efectivos?
Es evidente que no puede ser esperando a tener el laboratorio ideal y todas las capacidades deseables.
Podríamos avanzar a partir de lo que sí existe.
En Coahuila opera un Centro Regional de Identificación Humana (CRIH), que cuenta con un equipo profesional y ha realizado exhumaciones de fosas comunes en el estado. Además, colabora con algunos estados vecinos. Se trata de un laboratorio certificado, pero actualmente está subutilizado, pues requiere poder confrontar su información con otras bases de datos federales o estatales, las cuales no existen o no pueden interconectarse.
Existen además otros dos centros con algún grado de avance. El primero es el Centro de Identificación Humana de Jalisco, dependiente del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses; el segundo es la Unidad Integral de Servicios Médicos Forenses del estado de Veracruz.
Cada uno tiene sus propias limitaciones, pero representan capacidades iniciales que podrían fortalecerse.
Trabajar para que estos tres centros funcionen como un sistema de identificación, asegurando presupuesto suficiente y permanente tanto de la federación como de los estados, permitiría prestar servicios a distintas entidades del país y avanzar gradualmente en el fortalecimiento de capacidades.
La identificación también es justicia
Si existe una ruta clara, entonces podrá sumarse también la cooperación internacional como contribución al desarrollo de capacidades propias.
Eso supondría abandonar la idea de que cada estado tenga un centro de identificación humana independiente pues, además de ser financieramente inviable, el país no cuenta de inmediato con suficientes recursos humanos especializados.
La tarea de identificar restos humanos para entregarlos de manera digna a sus familiares es enorme.
Pero seguir esperando la solución perfecta sólo prolonga la deuda del Estado con miles de familias.
Cada cuerpo sin identificar representa una historia suspendida y una familia atrapada en la incertidumbre.
La búsqueda no termina hasta identificar.
