La desaparición de personas ha estado en el centro del debate durante las últimas semanas y la rápida sucesión de hechos dificulta poder entender cuál es el núcleo del debate. Intentemos establecer las coordenadas de la discusión.
Cronología de un debate acelerado
Empecemos por un recuento de los principales acontecimientos.
27 de marzo de 2026: La presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia diaria presentó cifras provenientes de la revisión del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNL)
2 de abril de 2026: El Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED) de las Naciones Unidas informó públicamente que solicita a la Asamblea general de la ONU que examine la situación en México.
6 de abril de 2026: La presidenta en su conferencia rechaza el informe del CED e incluso cuestiona la legitimidad del mismo.
7 de abril de 2026: La presidente Sheinbaum reitera la descalificación al informe del CED.
8 de abril de 2026: Durante la ratificación del nuevo secretario de relaciones exteriores, Roberto Velasco, éste reitera el rechazo al informe del CED pero deja abierta la posibilidad de la cooperación.
En estas mismas fechas se dieron numerosos pronunciamientos al respecto y el tono fue de descalificación y polarización.
¿Qué es lo clave en el debate?
Intentemos identificar algunos de los temas claves para comprender y, sobre todo, atender la desaparición de personas en México.
Uno de los temas, tiene que ver con la herramienta para cuantificar y analizar las desapariciones, es decir el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas (RNPDNL), que fue una de las demandas centrales de las familias durante la discusión del Ley general en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda (ley general).
En la ley el RNPDNL se describe así: es una herramienta de búsqueda e identificación que organiza y concentra la información sobre Personas Desaparecidas y No Localizadas, con el objeto de proporcionar apoyo en las investigaciones para su búsqueda, localización e identificación (artículo 102).
Por tanto, el registro contiene la información de las personas desaparecidas y tiene que ser una herramienta que sirva para localizar a las personas, lo cual sólo se logra si se hace análisis de la información contenida, lo que no ha sucedido por parte de ninguna institución.
¿Cuál es la discusión en torno al Registro?
En esta ocasión el cuestionamiento oficial es que el registro tiene errores y que eso puede hacer que el número de personas desaparecidas sea excesivamente alto.
El registro actual se integró al inicio del gobierno federal anterior y desde el origen las familias y las organizaciones que las acompañan señalaron sus fallas:
- No se presentó la metodología que se usó para su diseño
- Los campos de información que contenía nunca fueron presentados
- No se definieron los mecanismos para corregir los errores o duplicidades
- No existió una metodología homogénea para que todas las autoridades que alimentan información en el registro lo hicieran con criterios estandarizados
Frente a estos señalamientos la entonces Comisión Nacional de Búsqueda, Karla Quintana, ofreció dialogar sobre estas preocupaciones, pero nunca sucedió y los problemas subsisten.
Entre lo presentado el 27 de marzo de este año y lo declarado por el presidente López Obrador el 14 de diciembre de 2023, cuando presentó el censo de personas desaparecidas, existen aspectos comunes.
El primero es que las revisiones las hacen actores diferentes a la institución responsable del registro. En el caso del censo 2023 quien estuvo a cargo fue la Secretaría de Bienestar apoyándose en los “servidores de la nación”; mientras que en marzo pasado los resultados fueron presentados por la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa. En ambos casos no fue la Comisión Nacional de Búsqueda la responsable, sino que fueron acciones desde la presidencia encomendadas a instituciones que no son responsables del registro de personas desaparecidas.
Tan es así que durante la conferencia del 27 de marzo estuvo presente la actual comisionada de búsqueda, Martha Lidia Pérez Gumercindo, quien no tuvo participación alguna.
Otro detalle significativo está en que la encargada del Secretariado del Sistema Nacional de Seguridad presenta y justifica los datos del registro que no está bajo su responsabilidad, mientras que a la fecha –de este artículo- no ha presentado la Base Nacional de Carpeta de Investigación que sí es su responsabilidad directa.
Los otros rasgos en común de ambos momentos es que la metodología con que reorganizan o sistematizan los datos no es pública, y en ambos casos se limitan a señalar los problemas existentes pero obvian decir de qué manera se resolverán los mismos.
Las familias y las organizaciones de derechos humanos han señalado la existencia de esos problemas desde el origen y han insistido en la urgencia de resolverlos, sin embargo, las autoridades no se han enfocado en la resolución de los problemas.
Caracterización del fenómeno en México
El otro núcleo problemático es la caracterización de las desapariciones en México. El gobierno sostiene que ya no se ordenan desde el poder y que ahora se cometen por la delincuencia como si tal cosa eximiera al Estado de responsabilidad.
Para determinar con presión a los perpetradores de las desapariciones sería necesario contar con investigaciones penales serias y rigurosas, pero esa es otra de las grandes carencias en México. La investigación penal es un completo desastre.
Es posible que buena parte de las desapariciones sean cometidas por la delincuencia, pero en qué medida esos delincuentes son al mismo tiempo autoridades o cómplices de las autoridades no lo sabemos. El punto es relevante pues hemos entendido que esa separación en muchos casos es inexistente.
El actual ciclo de desapariciones arrancó en 2006 con la guerra contra las drogas declarada por el entonces presidente Felipe Calderón, y sus primeros efectos se sufrieron en el norte del país para luego extenderse, a partir de 2016, al sur del país donde actualmente estados como Chiapas o Tabasco viven un incremento exponencial de las desapariciones.
Es decir, han pasado 20 años con las desapariciones en constante incremento y ningún gobierno ha logrado una respuesta acorde a la magnitud del problema.
Los “avances” del Estado bajo revisión
Otra cara del debate, de acuerdo con el gobierno en su descalificación al Comité de Desaparición Forzada (ONU), es que no se reconocen sus esfuerzos. Hagamos un repaso al respecto.
La ley general inicio su aplicación en enero de 2018, es decir que abarcó todo el gobierno de López Obrador y se logró:
- Contar con un RNPDNL que permite cuantificar el número, pero del que desconfiaban las familias y también el mismo presidente
- Incrementar el presupuesto de la CNB
- Su sexenio terminó con una ley general y 76 leyes locales, así como con la existencia de 124 instituciones con responsabilidades en la materia (https://imdhd.org/redlupa/wp-content/uploads/2025/01/balance-ciudadano.pdf)
A pesar de lo anterior, el problema seguía creciendo y los resultados en términos de localizar a las personas y castigar a los responsables eran inexistentes.
El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum reclama al CED que no se reconocen los esfuerzos realizados en esta materia. ¿Qué es todo eso que ha hecho?
Fundamentalmente reformar la ley general y actualizar un protocolo. La Ley general se reformó en julio del 2025 para sumar nuevas obligaciones y herramientas para la búsqueda como son:
- La ficha única de búsqueda
- La Alerta Nacional de Búsqueda
- La Base Nacional de Carpetas de Investigación
- La Plataforma Unida de Identidad usando la Clave Única de Registro de Población (CURP) con datos biométricos
- La obligatoriedad de las autoridades para que, cuando exista una desaparición, inicien de inmediato una carpeta de investigación
- Que todas las instituciones públicas y privadas que tengan registros personales den acceso a sus bases de datos
- Todos los servicios periciales y médico forenses organicen de inmediato sus registros y den acceso para la identificación
- Que las fiscalías especializadas en materia de desaparición cuenten con unidades especiales de investigación, unidades de análisis de contexto, unidades de atención y seguimiento a víctimas
De todo esto lo único que ya funciona, de forma inicial, es la Alerta Nacional pero aún con cuestiones a resolver, todas las otras medidas están pendientes, entre ellas, lo que ya he mencionado arriba, la Base Nacional de Carpetas de Investigación, responsabilidad del secretariado del Sistema Nacional de Búsqueda, cuya titular por ahora difunde y defiende las nuevas categorías y datos del RNPDNL.
A estos faltantes habría que sumar el incumplimiento de las siguientes obligaciones establecidas en la ley (16 de enero de 2018):
- El Programa nacional de búsqueda
- El Programa nacional de exhumaciones e identificación forense
- El Banco nacional de datos forenses
- El Registro nacional de personas fallecidas no identificadas y no reclamadas
- El Centro nacional de identificación humana
Sin duda que se puede reconocer la reforma de ley general pero igualmente se constatan las deficiencias en su implementación, que es donde podrían construirse las soluciones efectivas.
Relación con las familias: diálogo pendiente
El gobierno también se ufana que mantiene relaciones con las familias, pero vale puntualizar que los temas acordados entre éstas y la Secretaría de Gobernación desde abril de 2025 como asuntos de interés común, siguen olvidados.
La relación con las familias es clientelar e inexistente para dialogar sobre los problemas estructurales y las políticas públicas que se deberían desarrollar si realmente se quiere atender y solucionar lo que pasa con las desapariciones en México.
No se trata de discutir qué tipo de violencia es más grave y necesita de mayor atención, en el caso de los homicidios y la extorsión el gobierno federal ha reconocido su gravedad y puesto en marcha sendas estrategias de atención.
Lamentablemente no sucede lo mismo con las desapariciones, sólo se habla de ellas cuando es inevitable. Así sucedió cuando se difundió el caso del rancho Izaguirre o cuando el CED anunció el inicio del proceso bajo el artículo 34 de la Convención internacional en materia de desaparición, o ahora cuando el mismo CED anunció que enviaba el asunto a la asamblea general de la ONU.
Las familias y las organizaciones de derechos humanos seguiremos alentando el debate y, sobre todo, proponiendo alternativas para que la verdad la justicia, la reparación sean efectivas y den pasos a lo que llamamos las “medidas de no repetición”, es decir cambiar las cosas para que el drama de las desapariciones no alcance a más familias mexicanas.
