Por Edgar Cortez
El presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó en diferentes momentos de su gobierno, que el tema desaparición de personas era una prioridad y que se contaría con todos los recursos necesarios para atenderlo. ¿Cuánto de estos propósitos cumplió y qué resultados entrega?
Según los datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no localizadas (RNPDNL) el 1 de diciembre de 2018 se contabilizaban 53,296 personas, mientras que el día de hoy se reportan poco más de 115 mil , lo que significa que a lo largo de este sexenio se sumaron más de 61 mil personas desaparecidas. Por tanto el presidente no logró detener el incremento y la cifra queda muy por arriba.
Si se revisa el número de personas desaparecidas a partir del dos mil, el año con la cifra más alta es el 2023 con 10,315 personas.
Al inicio del actual gobierno federal la desaparición de mujeres representaba poco menos del 21 por ciento del total, en la actualidad el porcentaje llega al 23 por ciento, pero si se revisan las cifras por estado encontramos casos como el de Tabasco donde entre mayo del 2023 y mayo de este año la desaparición creció el 130 por ciento. Es necesario resaltar que la mayoría de mujeres desaparecidas tienen entre 15 y 19 años.
Sobre el número de personas desaparecidas el mismo López Obrador levantó sospechas, pues cuestionó la cifra como excesiva, a pesar que el RNPDNL fue integrado por la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) de su mismo gobierno.
El cuestionamiento llevo a realizar un censo de personas desaparecidas, en cuya primera etapa se dejó al margen a la CNB y tampoco se explicitó la metodología. Finalmente el 14 de diciembre de 2023 se presentaron los resultados del censo y a partir de entonces se llama “Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada”.
Hasta esa ocasión se informó sobre la metodología así como una serie de categorías que no encontraban sustento en la ley general, también nos enteramos que fue realizado por los “servidores de la nación” y no por personal de la CNB. El resultado, según la Secretaria de Gobernación, fue que localizaron 16,681 personas y que más de 93 mil aún permanecen desaparecidas en diferentes estatus.
De las personas señaladas como localizadas, hasta la fecha no se ha informado si ya están plenamente identificadas y si ya fueron entregadas a sus familias.
En síntesis actualmente tenemos dos instrumentos que disputan la cifra de personas desaparecidas pero no existe certeza de una cifra que se acerque lo más posible al número real. El gobierno finalmente resultó incapaz de esclarecer la magnitud de esta tragedia.
Una tarea fundamental es la búsqueda de las personas desaparecidas. De acuerdo con la Ley General sobre Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda (Ley general), ésta supone “realizar todas las acciones y diligencias tendientes para dar con la suerte o el paradero de las personas hasta su localización, incluidas aquellas para identificar plenamente sus restos en caso que estos hayan sido localizados” (artículo 79).
Para organizar los esfuerzos de búsqueda la CNB debe contar con un Plan Nacional de Búsqueda y localización.
Sólo hasta mayo de 2023 se publicó el primer Plan Nacional de Búsqueda, pero al cambio de titular de la CNB, se informó que dicho plan no cumplía con diversos requisitos jurídicos así como administrativos y por tanto no era válido. En pocas palabras este gobierno nunca contó con dicho plan.
El efecto de esta carencia es que las búsquedas se realizan de manera aleatoria y responden a las exigencias de los colectivos, pero se carece de una estrategia que permita incrementar de manera constante las búsquedas así como la localización de las personas.
En el ámbito de la identificación humana el panorama es el siguiente. La cifra más consolidada sobre restos humanos por identificar es la ofrecida por el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México que indica más de 52 mil personas fallecidas sin identificar. Oficialmente no se cuenta con ninguna cifra al respecto.
Más de 52 mil personas fallecidas sin identificar en México según cifras oficiales: Informe del MNDM
Para atender la tarea de la identificación un primer esfuerzo fue el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF). Este inició en agosto de 2021 y concluyo en marzo de 2024 con muy pocos resultados.
La siguiente y más importante apuesta fue la creación del Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH). Para esto se modificó la Ley General en mayo del 2022 y en agosto de ese mismo año inició su instalación.
Para diciembre del 2024 prácticamente lo poco adelantado se desmontó y a la fecha no existe nada del CNIH.
Por tanto actualmente no contamos con instituciones que tengan capacidad técnica y humana para identificar a miles de restos existentes.
Otra herramienta prevista por la ley para adelantar la identificación de restos humanos es el Banco Nacional de Datos Forenses que está a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR). En mayo de 2023 se anunció el inicio de su funcionamiento pero hasta la fecha no existe información pública de su integración y de los resultados en términos de identificación humana.
La parte de acceso a la justicia es prácticamente inexistente. Según la organización Impunidad Cero sólo se reportan 141 sentencias por parte de los poderes judiciales locales, es decir apenas poco más del 1 por ciento del total de las desapariciones reportadas, es decir la impunidad alcanza el 99 por ciento. Por esta razón el Comité contra las Desapariciones Forzadas señaló, luego de su visita a México, a la desaparición como el “paradigma del crimen perfecto”.
La ley general, que inició su vigencia el 16 de enero de 2018, estableció la creación de diversas instituciones para atender la crisis que representa más de cien mil personas desaparecidas. Estas instituciones son la Comisión Nacional de Búsqueda y una comisión por cada estado; una Fiscalía especializada en desaparición en la FGR y una por cada fiscalía estatal, el Centro Nacional de Identificación Humana y reafirma la existencia de las comisiones de atención a víctimas para garantizar sus derechos víctimas.
Al día de hoy contamos con 106 instituciones en los estados (entre comisiones de búsqueda, fiscalías y comisiones de atención a víctimas), pero las desapariciones no cesan, el número de restos humanos sigue creciendo y las víctimas son revictimizadas. Muchas instituciones, mucho presupuesto público gastado pero los resultados son escasos.
Una de las causas es que no existe una estrategia que ordene y articule esfuerzos, cada institución va por su lado e incluso se contraponen, el gobierno federal nunca se constituyó en el articular de una política pública para atender a las miles de víctimas de la desaparición de personas.
La conclusión es que las promesas del gobierno de López Obrador quedaron lejos de ser cumplidas y las víctimas siguen esperando encontrar a sus familiares desaparecidas.
