El 29 de enero de 2025 realizamos a la presentación de la Revisión Ciudadana sobre el desempeño institucional en materia de Desaparición, tanto a nivel estatal como federal.
Durante esta presentación, exploramos los hallazgos principales del informe de la Revisión Ciudadana del Desempeño Institucional y compartimos recomendaciones clave para fortalecer las acciones de búsqueda, identificación y atención a víctimas.
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Contexto de las Desapariciones en México
México enfrenta una de las crisis humanitarias más graves de su historia reciente, con 121,582 personas desaparecidas y no localizadas registradas hasta enero de 2025, y más de 72,000 cuerpos sin identificar acumulados desde 2006. Esta realidad impacta profundamente a las familias de las víctimas y evidencia fallas estructurales en las instituciones encargadas de la búsqueda, identificación y atención a víctimas.
A pesar de contar con marcos legales avanzados, las instituciones responsables como la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y la Fiscalía General de la República (FGR) aún enfrentan grandes retos en la coordinación, implementación de protocolos y garantía de derechos.
Datos Claves: La Magnitud de la Crisis de Desaparición en México
- Más de 94,000 cuerpos recibidos en 2023; el rezago en identificación sigue en aumento.
- Solo el 3% del presupuesto de las fiscalías se destinó a servicios forenses en 2018.
- En los últimos años, 21 buscadoras han sido asesinadas, reflejando el riesgo constante que enfrentan quienes buscan justicia.
- La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) reporta que hasta 2023 únicamente 814 víctimas de desaparición estaban registradas en el Registro Nacional de Víctimas (RENAVI). Esta cifra es preocupantemente baja si se compara con el total oficial de personas desaparecidas y no localizadas, que asciende a 121,582 hasta enero de 2025.
Las organizaciones y colectivos que integran la Red Lupa reiteramos la imperiosa necesidad de que el Estado Mexicano reconozca la magnitud de la crisis de desapariciones en el país y garantice la correcta implementación de los marcos legales destinados a su atención.
