La Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) fue concebida como una institución especializada en búsqueda de personas e inició sus funciones en marzo de 2018; en ese entonces se contabilizaban alrededor de 35 mil personas desaparecidas, mientras que ahora la cifra ronda las 114 mil personas. Estos terribles números indican que las cosas no están funcionando y que es necesario cambiarlas.
¿Qué hay que cambiar y qué sentido deben tener esos cambios?
Lo primero que se puede constatar es que muchas de las 61 atribuciones otorgadas a la Comisión Nacional de Búsqueda nunca se han ejercido y otras quedaron truncas.
La Ley general en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema nacional de búsqueda de personas (Ley general) estableció la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y le otorga 61 atribuciones, algunas de las cuales son: Emitir y ejecutar el Programa Nacional de Búsqueda (PNB); emitir los lineamientos que regulen el funcionamiento del Registro Nacional de Personas Desaparecidas (RNPD); presentar un informe trimestral de los balances y resultados del PNB; diseñar y proponer mecanismo de coordinación y colaboración con las demás autoridades de los diferentes órdenes de gobierno; integrar grupos de trabajo para proponer acciones específicas de búsqueda; coordinar la operación del Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH); diseñar en colaboración con las comisiones locales de búsqueda para programas regionales, entre otras.
Lo primero que se puede constatar es que muchas de esas atribuciones nunca se han ejercido y otras quedaron truncas. La acción más evidente realizada por la CNB fue la integración del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPD), presentado en 2019. Este registro nunca estuvo exento de cuestionamientos y, en los meses recientes, arreció la polémica por la realización del Censo de Personas desaparecidas que lleva a cabo la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Bienestar.
Imagen tomada del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas
RNPDNO 13 de feb de 2024
El Programa Nacional de Búsqueda que debería ser, según la Ley general, una herramienta fundamental para obtener y organizar información, identificar los contextos en que sucedieron las desapariciones, para establecer estrategias regionales y locales de búsqueda y que tenía que contar con acciones de corto, mediano y largo plazo, entre otras características. Sólo fue publicado hasta marzo de 2023, aunque la ley obligaba a tenerlo listo en septiembre de 2019.
La anterior comisionada hizo muchas búsquedas y se tomó numerosas fotos en dichas búsquedas, pero nunca pudimos saber exactamente los resultados. Nunca se hicieron búsquedas por patrones, nunca hubo búsquedas regionales, tampoco conocimos análisis derivados del RNPD que orientarán búsquedas por patrones, hubo contados análisis de contexto que siempre se hicieron mediante consultorías externas y recursos de la cooperación internacional, bajo proyectos que tenían como objetivo “fortalecer capacidades de la CNB”.
El Programa Nacional de Búsqueda sólo fue publicado hasta marzo de 2023, aunque la ley obligaba a tenerlo listo en septiembre de 2019.
Recientemente hemos sabido que el PNB no siguió el proceso legal necesario por parte de la CNB y carece de validez, también conocimos que ese programa no lo hizo el personal de CNB sino una consultoría externa. En síntesis la CNB no cuenta con un Programa Nacional de Búsqueda luego de seis años de vigencia de la ley.
En materia de identificación, la apuesta central de la anterior comisionada y del Subsecretario Alejandro Encinas, fue la creación del Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH). Para ello se modificó la Ley general en mayo de 2022 y el 9 de agosto de ese mismo año se anunció el inicio del Centro.
Vamos a generar una institución única al servicio de la sociedad que va a impulsar un proyecto único a nivel internacional que es la identificación masiva de personas; lo que significa atender el enorme rezago que lamentablemente la Fiscalía General de la República y las fiscalías de los estados no han podido atender y que vamos asumir este esfuerzo para que en todas las fosas comunes y demás centros forenses podamos conocer su identidad.
Alejandro Encinas
Posteriormente se anunció que USAID donaría al CNIH el equipo necesario, cosa que nunca se concretó. Sabemos que se contrataron a poco más de 50 especialistas y que su principal trabajo fue participar en tomas de muestras de familiares de personas desaparecidas, que parte de esas muestras se enviaron a Guatemala para ser analizadas pero ese trabajo permanece incompleto.
En síntesis, el CNIH no ha dado identidad a una sola persona, por lo que se puede decir que es una buena idea, pero muy mal ejecutada.
Dados estos faltantes, sin duda que es necesario reorganizar la CNB. Las preguntas clave son ¿qué cambiar? y ¿con qué propósito?
En la sesión del Sistema Nacional del pasado 2 de febrero la Comisionada Nacional de Búsqueda, Teresa Guadalupe Reyes, apunto algunas ideas de los cambios que pretende efectuar.
Uno es trabajar en la elaboración y aprobación de reglamentos y lineamientos faltantes como el reglamento de la Ley general, el reglamento interior de la CNB, los lineamientos para el funcionamiento del RNPD, lineamientos del programa de subsidios a las comisiones locales de búsqueda.
Primera sesión ordinaria 2024 Sistema Nacional de Búsqueda. Foto: Sito web de la CNB
Es un buen objetivo completar el marco jurídico, luego de seis años, pero de ninguna manera puede ser lo único.
Un segundo planteamiento tuvo que ver con el RNPD. Actualmente un grupo de expertos de CONAHCYT realiza una revisión de registro y va detectando diversas fallas. Lo que aún falta es la ruta para corregirlas y sobre todo cuál será la interactuación con el censo para que exista un único registro de mayor calidad, que pueda ser verificado externamente y en el cual las familias confíen.
Otro aspecto que se propone modificar tiene que ver con la manera de hacer las búsquedas. Se plantea pasar de 19 personas buscadoras, que a decir de la actual comisionada era lo que tenía CNB, a 127 ubicados en los estados y sólo 20 en las oficinas de la Ciudad de México. Parece un cambio pertinente, pero para evaluar el alcance de la medida se requiere de respuesta a preguntas como:
¿Qué harían exactamente estas personas?
¿Con qué recursos materiales, económicos y tecnológicos contarán?
¿Con qué indicadores se medirán sus resultados?
¿Cómo será la coordinación con las comisiones locales de búsqueda?
¿Harán análisis de contexto?
Un aspecto más a reorganizar serían los procesos de identificación humana, proponiendo el objetivo de: realizar la identificación de personas fallecidas en centros de resguardo como panteones, cementerios forenses y SEMEFOS a través de técnicas especializadas ejecutadas por un equipo multidisciplinario.
Lo primero que llama la atención es que el CNIH desaparece de este objetivo. ¿Qué pasará con el Centro? Sobre todo, cuando tanto la CNB como las mismas Fiscalías reconocen que la infraestructura forense actual no permite la identificación de todo el rezago de cuerpos sin identificar.
Tampoco hay ninguna información sobre cómo se alcanzará el objetivo propuesto. ¿Con cuánto personal se cuenta? ¿Cómo se incrementará su número? ¿Dónde se procesarán las muestras genéticas tomadas a los cuerpos? ¿Dónde se procesarán las muestras tomadas a las familias? ¿En qué bases de datos se almacenará esa información? ¿Cómo interactuaran esas bases de datos? ¿Qué se hará con los miles de fragmentos de restos?
Soy consciente que la identificación es tarea de largo plazo pero se requiere precisión para saber en qué punto espera el actual gobierno dejar esta urgente tarea.
Cuando en la sesión del SNB se mencionó que la identificación es una tarea de largo plazo, tal vez décadas, y que requiere de cuantiosa inversión pública, el subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina, expresó que estaba en desacuerdo y debería contarse con resultados pronto.
Sin duda que el subsecretario puede manifestar su desacuerdo, pero el voluntarismo político no resuelve lo problemas públicos, sino la evidencia y la planeación de largo plazo.
También para la identificación se propone recurrir en mayor medida mediante las huellas digitales, para lo cual CNB firmará un convenio para recibir 300 escáneres de huellas digitales que faciliten la toma de huellas y la consulta con el Instituto Nacional Electoral (INE). Conviene recordar que está posibilidad funciona desde 2016.
Es necesario comentar que el INE en junio de 2023 presentó el “Informe de los resultados de los Convenios para la identificación de personas a través del método de biometría y colaboración para la localización de personas desaparecidas. Ahí se da cuenta del número de convenios firmados y se presentan los resultados que han resultado positivos pero ahora es necesario saber cuántos de esos casos han culminado en la entrega a sus familias y aquellos que no han sido posible conocer las causas. ¿El cuerpo está ubicado o se perdió su trazabilidad? ¿No es posible ubicar a la familia?
Identificar un resto mediante huellas dactilares es un paso importante pero aún hay más trabajo por delante antes de poder entregar a la familia de manera digna los restos.
Regresando a las propuestas de la Comisiona Nacional en la sesión del SNB, una más tuvo que ver con la relación con las familias, al respecto se planteó que se tendrá a la brevedad reuniones en los 32 estados para acordar un programa de trabajo y proponer programas regionales de búsqueda.
Para que la CNB mantenga un mínimo de legitimidad es indispensable la relación con las familias de personas desaparecidas y es una buena noticia que se proponga reunirse con los colectivos de los 32 estados para acordar un plan de trabajo; pero desde ahora debe prever que en septiembre deberá volver a los estados para realizar una rendición de cuentas.
Al gobierno federal actual le restan poco más de siete meses, un plazo breve. En el caso de la CNB debería ser un plazo para priorizar algunos aspectos claves que deben ser el punto de cierre de este gobierno y el de arranque de la siguiente administración federal. Apunto algunas posibilidades:
Avanzar en la depuración del RNPD y sumar la información del Censo para dejar una única base de datos que sirva como base para que el siguiente gobierno lo concluya y se cuenta con una cifra de personas desparecidas creíble y aceptada por las víctimas y la sociedad.
Establecer un mínimo Programa Nacional de Búsqueda que funcione como plan piloto y deje las bases para que siguiente gobierno diseñe y publique, en el menor tiempo posible, efectivamente un Plan Nacional de Búsqueda
Precisar cuál será la suerte del CNIH de manera que pueda contar, lo más pronto, con una institución capaz de procesar los miles de restos humanos sin identificar y las miles de muestras referenciales de las familias.
Iniciar la interacción entre el RNPD, el Banco Nacional de Datos Forenses y otras bases de datos locales, tanto de fiscalías, como de comisiones de búsqueda.
Luego de seis años de aplicación de la Ley general y de la experiencia acumulada, las familias y las organizaciones que les acompañamos debemos exigir acciones concretas que apunten en la dirección correcta.
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